*Abogado. (Matanzas, 1964). Co-fundador de Cuba Posible y miembro del Diálogo Interamericano, con sede en Washington DC.

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Cuba necesita la consolidación de mecanismos económicos eficaces que, por supuesto, de algún modo aseguren el bienestar de todos los cubanos. No obstante, para que todos puedan tener prosperidad hay que poseer riquezas y éstas no se poseen sin crearlas, y resulta imposible lograrlo si cada persona que debe beneficiarse (deseo que sean todas) no puede desplegar sus potencialidades con una enorme participación de su iniciativa y capacidad.

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Esto se comprende, quizá, por parte de la generalidad. Hasta los más rígidos han incorporado esta necesidad en sus discursos. Abogan en su retórica, por ejemplo, por la autonomía de la empresa estatal, por la aceptación del emprendimiento económico individual, por la inversión extranjera, por el reconocimiento del necesario mercado, o por el encadenamiento a la economía mundial. Sin embargo, la mayoría de las transformaciones imprescindibles nunca llegan a realizarse y, las que se efectúan, por lo general, no terminan siendo realmente lo que dicen ser.  

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En este año, como en otras ocasiones, parece que finalmente se efectuará la peliaguda, pero ineludible, unificación monetaria e igualdad cambiaría de la moneda única en relación con las divisas convertibles.  Este ha sido un reto largamente postergado dada la complejidad de su impacto social.

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Para ello, se debieron crear condiciones que sólo hubieran sido posibles ejecutando muchos de esos cambios que nunca llegan y procurando que las innovaciones efectuadas sean del modo que realmente deben ser. Sin embargo, algunos conocedores del ámbito económico sustentan que, sin una previa unificación monetaria y cambiaria, resulta imposible generar la debida estabilidad financiera y contable capaz de sostener la concreción de tales condiciones; si bien reconocen que era factible algún mejoramiento de estas, previo al acto unificador, que sin duda no sucedió.    

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En tanto, parece que tal vez no es posible aspirar a “una opción fácil” para asumir la unificación monetaria y cambiaria, así como sus costos sociales y los desafíos político-económicos que impondrá. No obstante, si quizá no podía hacerse antes, también sería inadecuado colocar el proceso de desarrollo de esas condiciones como un acontecer a posteriori del impacto del proceso de unificación monetaria. Eso sería algo más “brutal” que un “paquetazo de ajuste propio del neoliberalismo salvaje”.

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En tal sentido, aún está al alcance la probabilidad de concebirlo como un proceso lo más integral posible, que convierta esos costos sociales en potencialidades personales y nacionales capaces de colocar dicha unificación como pilar de una trasformación económica para el desarrollo y el bienestar. Esto exigiría la realización de muchos actos a la vez, que desaten diversos procesos, aunque siempre de manera sincrónica y procurando que se vitalicen recíprocamente. De lo contrario, haríamos poco, prolongaríamos carencias y precariedades, y aseguraríamos una futura desigualdad socioeconómica vergonzosa.

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La actual Carta Magna brinda ciertas posibilidades para intentarlo, pero no estoy seguro de que ocurra con celeridad. La decisión manifiesta se orienta a “recuperar” la empresa estatal y que la economía del país funcione a través de ésta con el apoyo de la inversión extranjera, y un quehacer económico “privado” nacional menor que libere al Estado de gestiones que le demandan esfuerzo y recursos, sin aportarle beneficio económico/político. No tengo que estar, a priori, en desacuerdo con esta alineación del acontecer económico, pero no me parece factible dadas las condiciones económicas del país. En este caso, quizá, podemos estar nuevamente ante el dilema de querer adecuar la realidad a determinadas aspiraciones, cuando ya resulta muy evidente que, en toda época y lugar, las sociedades están forzadas a acomodar las aspiraciones (no a renunciar a ellas) al peso implacable de la realidad. Ciertas porfías suelen asegurar fracasos.

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La estructura económica del Estado no posee las capacidades requeridas para ocupar todo el sistema empresarial que demanda el bienestar del país. Será difícil que el gobierno pueda acceder a todas las finanzas necesarias para lograrlo. Además, no sólo es cuestión de dinero, sino también de muchas otras condiciones que no posee, al menos, de manera suficiente. Incluso, una proyección de la económía con sentido empresarial, sin subsidios, con exigencias de eficacia y rentabilidad, y a partir de una igualdad cambiaría de la moneda única en relación con las divisas convertibles, exigiría la cancelación de una amplísima cantidad de las actuales empresas estatales.

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Muchos expertos y conocedores han sostenido que ello demandaría la promoción de la iniciativa económica de los ciudadanos. Estos consideran que muchos individuos, gestionando en diferentes direcciones y de diversos modos, podrían instituir pequeñas y medianas empresas, cooperativas, u otras asociaciones económicas, multiplicando así el impulso hacia el desarrollo desde la mayor armonía posible, entre el talento y las necesidades. De este modo, afirman, contribuirían al desarrollo que, en nuestro caso, el Estado por sí sólo no podrá ofrecer. Sin embargo, esta ruta no posee “carta blanca”, pues aún el quehacer económico “privado” nacional sólo es admitido por la práctica política como periférico o marginal.

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Ante esto, y para atenuar la falta de capacidades de la estructura económica del Estado, el gobierno apela a la inversión extranjera, que mucho podría aportar. No obstante, la concibe sólo a modo de apoyo a las empresas estatales y no desea que sobrepase la dimensión del sistema empresarial del Estado; si bien, por momentos, parece que podría haber cierta laxitud al respecto. Lo anterior podría ser razonable, o no, y, en última instancia, la legitimidad de cualquier racionalidad siempre dependerá de las condiciones económicas del país. En nuestras circunstancias, esta lógica reduciría las potencialidades del desarrollo social. 

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Por otra parte, el crecimiento de la inversión extranjera demanda un conjunto de facilidades que la isla no brinda. Sólo citaré cuatro de ellas. Las empresas extranjeras, para su desempeño, necesitan de un universo empresarial que le provea y al cual ofrecer su objeto social. Requieren, además, de un elenco de normas legales apropiadas al quehacer de las empresas y a las necesarias garantías de los inversionistas y empresarios. Precisan de la facultad para emplear y retribuir, directamente, a sus empleados. Demandan una burocracia pública racional.

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Definitivamente, no hay razón para, a toda costa, supeditar el bienestar general a la máxima de que toda propiedad económica no estatal debe ser residual y estar al servicio de un “estado/empresa” que, además y por disimiles razones, no logra eficacia y posee escasísimas posibilidades para su dinamización. 

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Muchos de los argumentos que pretenden sustentar dicha máxima son relativos y, en nuestra condición actual, poseen escaso “peso específico” ante la urgencia de conseguir desarrollo y bienestar. Por ejemplo, una equitativa distribución de las riquezas no está garantizada porque los “medios de producción” sean propiedad del Estado, si el gobierno en ejercicio no fuera capaz de gestionarla en esa dirección. Tampoco es cierto que sea imposible hacer tributar los “medios de producción” de propiedad no estatal al propósito de distribuir la riqueza. Ante esto, lo necesario es: un sistema/estado bien diseñado, con políticos dispuestos y capaces para servir a la sociedad, y una sociedad civil vital. 

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Por otra parte, resulta cierto que la existencia de empresas privadas instituiría una distinción entre ciudadanos autónomos con holgura financiera y ciudadanos sin esa amplitud financiera que resultan cautivos de la necesaria manutención. Sin embargo, en nuestras circunstancias, la inexistencia de empresas privadas no evita la presencia de esta última condición; y, tal vez, un empresariado de propiedad mixta, por ser más amplio y lograr mayores aportes al desarrollo, podría, al menos, mejorar el acceso de una extensa mayoría de la población a mejores condiciones de sustento.

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Además, aceptamos la distinción entre talentos y solo pretendemos que estos acontezcan a modo de complementos. Igualmente, incorporamos que existan gobernantes y gobernados, y frente a ello únicamente apelamos por mayor democracia. ¿Acaso no son también diferencias, pero asimiladas como “un hecho”? ¿En cuánto difiere lo anterior del acceso disparejo a las finanzas? En todo caso, la cuestión esencialísima no está en una u otra forma de propiedad, sino en la cultura y en la práctica sociopolítica.

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Con independencia de mis dudas y objeciones, no apostaré al fracaso de la gestión económica del periodo de gobierno correspondiente a 2018-2023. Por el contrario, invito a encontrarnos al culminar este para evaluar los resultados y ratificar si la estrategia ha sido exitosa o si, una vez más, hemos de presenciar el reconocimiento de una maniobra errada y, lo más sensible, sin rectificación suficiente.