En los últimos días hemos sido testigos de una escalada de protestas sin precedentes desde la transición democrática en 1990. Ante un anuncio del gobierno de Sebastián Piñera, de que se produciría un alza en las tarifas del metro, diversos grupos de jóvenes de la capital optaron por ingresar por la fuerza a distintas estaciones e invitaron a otros pasajeros a evadir el pago del billete. En cuestión de horas la evasión se masificó al tiempo que comenzaron a producirse multitudinarias movilizaciones sociales.

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Las reacciones iniciales del gobierno fueron desafortunadas. Mientras que el Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, sugería a los pasajeros levantarse más temprano para pagar una tarifa más económica, el Presidente Sebastián Piñera fue fotografiado, en los albores del estallido social, celebrando el cumpleaños de su nieto en una pizzería. En pocos días las movilizaciones se transformaron en una ola de intensas protestas a nivel nacional, mayoritariamente pacíficas, acompañadas algunos hechos graves de vandalismo, saqueos y ataques incendiarios. La represión policial no se hizo esperar. Ante la incapacidad de controlar las protestas, el gobierno declaró el estado de emergencia y el toque de queda en varias ciudades del país, algo que removió las memorias de un pasado dictatorial.   

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Si bien el catalizador de este estallido social fue el incremento del precio de los billetes del metro, las causas son mucho más complejas y se fueron gestando lentamente durante décadas. Hace un par de años, con Cristóbal Rovira Kaltwasser, analizábamos los crecientes desafíos a la representación democrática de Chile (https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1866802X1600800301). Advertíamos que podría estarse configurando una crisis que, lamentablemente, se desencadenó. Sus orígenes están vinculados a la combinación de tres principales factores.

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En primer lugar, Chile experimentó una marcada reducción de la pobreza cuya contracara fue una expansión vertiginosa de los sectores de ingresos medios. Sin embargo, se trata de una “nueva clase media” altamente precarizada. De acuerdo a cifras oficiales, del Instituto Nacional de Estadísticas, el único quintil de ingresos que gasta menos de lo que gana es el superior. Los principales gastos de los hogares chilenos son en alimentos, transporte, vivienda y servicios. El ingreso per cápita del quintil inferior no llega a los 123 euros y el salario mínimo asciende a 370 euros, al tiempo que el 50% de los chilenos gana menos de 494 euros. Esta clase media precarizada tiene muy poco acceso a los beneficios sociales y aloja un creciente descontento. En ese contexto, comienzan a surgir lo que Pippa Norris llama “ciudadanos críticos”, es decir, demócratas insatisfechos con el funcionamiento de la democracia en su país.

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En segundo lugar, probablemente como consecuencia de lo anterior, luego de años de desmovilización y atomización social, herencia casi dos décadas de autoritarismo, los ciudadanos chilenos comenzaron a salir a las calles en un esfuerzo por politizar las desigualdades. Desde el año 2006, cuando los estudiantes secundarios chilenos se movilizaron para denunciar las inequidades de la educación, Chile ha experimentado diversas oleadas de masivas protestas que han afectado a distintos sectores, como por ejemplo el medioambiente, las pensiones o la salud, interpelando además diversas categorías socioestructurales como la clase, el género o la etnia.    

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Tercero, este proceso de politización de las desigualdades se enfrenta a una institucionalidad rígida, consagrada fundamentalmente en una constitución diseñada en dictadura, cuyo propósito fue resguardar la estructura institucional y el modelo socioeconómico. En ese sentido, varios mecanismos institucionales dificultan el procesamiento y la adopción de las transformaciones que la ciudadanía organizada demanda. A estas reglas formales se suman otras de carácter informal que refuerzan la permanencia del statu quo. Por ejemplo, la exigencia de quorum calificado para la aprobación de algunas leyes, el legado de un sistema electoral que, durante años,  sub-representó a las fuerzas minoritarias y sobre-representó a las mayoritarias, el cuoteo político de acuerdo a afiliación partidaria y la autonomía de algunas instituciones vinculadas a las políticas económicas dificultan la adopción de cambios estructurales. 

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Estos tres factores han tenido importantes consecuencias en el ámbito político. Por un lado, desde la transición, Chile ha experimentado una pronunciada caída de los niveles de identificación con los partidos políticos. En 2005, 48% de los chilenos decía no sentirse identificado con partido político alguno, pero tan solo una década después esta cifra había aumentado a 81% (Encuesta ICSO-UDP: http://encuesta.udp.cl/publicaciones/).

 

Adicionalmente, la confianza en las instituciones políticas también ha experimentado una pronunciada caída. En 2005, la confianza en el gobierno, el congreso, los partidos alcanzaba el 32%, 13%, 7% respectivamente, y en 2015 esas cifras habían caído a 13%, 4% y 3% (Encuesta ICSO-UDP: http://encuesta.udp.cl/publicaciones/). 

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Tal vez el aspecto más preocupante tiene que ver con el dramático desplome de la participación electoral en Chile. La elección presidencial de 1989 tuvo una participación electoral cercana al 90%. Sin embargo, de manera paulatina la participación fue decreciendo. En efecto, si se consideran los últimos 25 años previos a la elección de Michelle Bachelet, es posible constatar que Chile experimentó una caída de 35% en la participación electoral. De hecho, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, esta es la segunda caída más pronunciada del mundo. De hecho, la última elección presidencial que llevó a Sebastián Piñera al poder, tuvo un nivel de participación cercana al 50%.

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Todas estas señales, apuntaban a una ciudadanía cada vez más descontenta y distanciada de la política y sus instituciones, convencida de que el uso de los canales de presión institucionales no surtía efecto alguno. La otra cara de la moneda, fue una clase política que o bien no fue capaz de entender el entorno o bien no estuvo dispuesta a empujar los límites de lo posible para acoger las demandas crecientes por un cambio de timón.

La salida de esta crisis no será fácil. No caben dudas que la solución deberá tener un carácter fundamentalmente político. No obstante, la falta de legitimidad de la clase política hace imprescindible que el gobierno sea capaz de convocar una amplia coalición conformada por actores de distintas sensibilidades y procedencias. Anunciar medidas de corto plazo acordadas a puertas cerradas entre unos pocos políticos, que acojan las demandas ciudadanas, aun cuando vayan en la dirección correcta, no va a destrabar la crisis en la que el país se encuentra sumido. Junto con las medidas inmediatas es necesario promover una reflexión respecto del rumbo que Chile debe trazarse a largo plazo y trabajar por la construcción de un amplio acuerdo nacional.       

 

*Artículo originalmente publicado en Agenda Pública, El País. Para acceder a la publicación original ver: http://agendapublica.elpais.com/chile-y-el-estallido-social/