Por: Sergio Andrés Camacho Hurtado
Agosto y septiembre de 2024

El inicio del estallido social en Nicaragua durante el mes de abril del año 2018 ha puesto de manifiesto el rol histórico previo de la iglesia católica en el país, su función durante el conflicto y su condición vigente, una tendencia desfavorable para la institución eclesiástica, que ha atestiguado la coerción estatal del régimen sandinista en primera instancia, mediante el cierre forzado de organizaciones sociales —incluyendo numerosas fundaciones católicas—, ataques documentados contra bienes y ciudadanos relacionados con la comunidad católica, prohibición de manifestaciones religiosas (procesiones, romerías y actos devocionales), revocatoria de personerías jurídicas a asociaciones católicas con funciones sociales, detenciones arbitrarias, expulsiones y posterior desnacionalización de miembros del clero.

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El antecedente de esta inestabilidad social lo podemos encontrar en las controvertidas reformas al instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), aprobadas el 16 de abril del 2018. Debemos tener en cuenta que Nicaragua está regida por un sistema pensional de reparto, es decir, las jubilaciones dependen del aporte que realizan los trabajadores activos. Estas reformas tenían como finalidad imponer un aumento en la edad jubilatoria y cotización requerida para acceder a esta, el aumento del aporte patronal y del empleado, la reducción de la tasa del remplazo (porcentaje del salario que un trabajador recibe en la jubilación) y el recorte de gastos operativos y de salud (Converti, 2024). Las reformas fueron derogadas días mas tarde, sin embargo, las movilizaciones a nivel nacional ya eran de carácter masivo, la respuesta del régimen se materializo en un despliegue de acciones represivas que condujeron a una crisis nacional en materia de derechos humanos en Nicaragua.

La Dinámica Histórica entre la Iglesia Católica y el Régimen Sandinista

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La relación Estado-Iglesia previa al estallido social no suponía una coyuntura considerable, dentro de esta institución eclesiástica se había configurado una división manifiesta, posterior a la revolución sandinista de 1979, el sector más progresista del clero se alineó al proyecto revolucionario de Ortega sobre todo por la influencia de la figura de autoridad cardenalicia de Monseñor Miguel Obando el cual se desempeño como mediador en los conflictos previos al triunfo revolucionario, para luego abogar durante los procesos de paz que dieron fin a la lucha contrarrevolucionaria (Gómez, 2019). Por otro lado, sectores más neutrales o abiertamente disidentes de la iglesia con respecto al gobierno de Ortega mantuvieron una confrontación tensa en el desarrollo de sus múltiples mandatos, la recriminación de algunos jerarcas de la institución católica surgió debido a la manipulación de fiestas católicas y el uso de símbolos católicos con fines políticos, entre los cuales esta la celebración de la "purísima” (Menocal, 2018). Esta instrumentalización ideológica logro reconfigurar la costumbre católica del país, al incorporar una ceremonia arraigada al tradicionalismo religioso por una celebración partidaria que Ortega denomino “misa revolucionaria” y tomando como eslogan de campaña la frase: “cristiano, Socialista y Solidario”.

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No es de extrañar el aumento del uso de expresiones habitualmente apolíticas como nueva propuesta populista en su desenvolvimiento político, la cultura católica no ha sido la excepción de fenómeno, expresiones tales como símbolos, fiestas y hasta ritos propios de la institución han sido capitalizados por el régimen. En lo que concierne a la confusión que esto puede generar en los seguidores religiosos, obispos y teólogos nicaragüenses han reaccionado con indignación tal como lo demuestra Javier Menocal en su artículo “Desafíos éticos y políticos en Nicaragua”, en el cual recopilo una entrevista al obispo Silvio Báez brindada a Ivania Álvarez y Mauricio Miranda, del periódico digital Conexiones:

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“Creo que está en un terreno donde ya se está pasando de lo aceptable, porque para nosotros como católicos, la misa y la Eucaristía son el acto más santo y sagrado que hay, en donde Cristo se hace presente en medio de nosotros, en el pan, en el vino, en la escucha de sus palabras. Y la comunidad cristiana hace el memorial de la muerte y resurrección de Jesús. No se le puede llamar “misa” y “Eucaristía” a la concentración de un partido político. Me parece que con esta afirmación ha hecho una grave, gravísima, ofensa a la Iglesia Católica y a la gran mayoría del pueblo de Nicaragua.” (Menocal, 2018)

El Papel de la Iglesia Católica en las Protestas de 2018 y su Influencia en el Diálogo Nacional

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En respuesta al crítico panorama consolidado en los meses posteriores al estallido social, el presidente Daniel Ortega dio inicio a la primera sesión de la Mesa de Diálogo Nacional, incorporando a miembros del gobierno, sindicatos, organizaciones estudiantiles y asociaciones ciudadanas agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Ortega convoco al cardenal al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo metropolitano de Managua, con la finalidad ejercer como representante de la iglesia católica como garante y testigo de las negociaciones (Puig, 2019). Dentro de la institución católica fue la Conferencia Episcopal —conocido por ser el cuerpo colegiado de los obispos en el país— la responsable de la designación de los integrantes en esta mediación entre los cuales estaban el Obispo Rolando Álvarez (Obispo de Matagalpa), Monseñor Silvio Báez (Obispo auxiliar en Managua) y como delegado principal el Cardenal Leopoldo Brenes (arzobispo Metropolitano de Managua).

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Ante la convocatoria de la primera Mesa de Diálogo Nacional el 16 de mayo de 2018, los delegados representantes de los diversos sectores sociales convergieron en una demanda común, concretamente, el cese inmediato de las operaciones policiales contra la población manifestante, exigiendo al mandatario el retiro de los cuarteles de la Policía Nacional, que operaban bajo el sistema de seguridad ciudadana instaurado tras el estallido social, cabe destacar que esta agenda, de igual manera, contemplaba una serie de demandas gubernamentales, entre las cuales se encontraba la liberación de calles y carreteras ocupadas por los manifestantes, las cuales estaban obstruidas por barricadas o tranques que impedían la libre circulación de la población nicaragüense, en aras de la no afección del desarrollo económico del país. De manera oportuna, (Gómez, 2019) detalla con aun mas profundidad las demandas emergentes en esta mesa de diálogo, entre las cuales se incluyen:

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1. Avanzar la fecha de las elecciones presidenciales al 29 de marzo de 2019, y programar la toma de posesión para el 15 de abril del mismo año.

2. Asegurar la separación y autonomía de los poderes públicos para garantizar la legitimidad, integridad y profesionalismo en el desempeño de las funciones de los poderes judiciales y electorales, subrayando su carácter apartidario.

3. Respetar el sistema plural de partidos y organizaciones políticas, incluyendo nuevas normativas y permitiendo la participación popular en la suscripción.

4. Asegurar la realización de elecciones periódicas, libres y justas, con la presencia de observadores tanto locales como internacionales.

5. Garantizar la transparencia y establecer mecanismos específicos para combatir la corrupción y la impunidad.

6. Aprobar la renuncia y reemplazo de los magistrados del Consejo Supremo Electoral.

7. Reformar la Constitución Política para celebrar elecciones el 29 de marzo de 2019, incluyendo la prohibición de reelección y la reducción y modificación de los períodos de los magistrados electorales.

8. Liberación de las personas detenidas durante las manifestaciones del 18 de abril, que están siendo procesadas por cargos de terrorismo, incitación a la violencia, destrucción de bienes públicos y privados, así como por detenciones, torturas y asesinatos de policías y civiles.

A pesar de este dispendioso proceso, el gobierno asumió una postura inflexible respecto a los asuntos inconstitucionales, alegando que cualquier alteración en este ámbito constituiría una violación del estado de derecho y la voluntad popular expresada en la constitución; esta inflexibilidad propicio la primera suspensión formal de las negociaciones el 23 de mayo de 2018, atribuible a la falta de consenso con las partes participantes, no obstante, tras una jornada especialmente violenta en el país, la Conferencia Episcopal intercedió para la reanudación de las negociaciones, así, a los pocos días, específicamente el 27 de mayo de 2018 se decide retomar la Mesa de Diálogo Nacional. Sin embargo, el diálogo volvió a quedar en punto muerto debido a que tanto la Conferencia Episcopal de Nicaragua como la Alianza Cívica se retiraron de las negociaciones el 8 de julio de 2018, esto se debió al incumplimiento en la entrega de las copias de las cartas de invitación enviadas a organismos internacionales como el CIDH, la ONU y la Unión Europea, con el fin de que visitaran Nicaragua y evaluaran la situación (López, 2018). A pesar del acuerdo previo sobre la participación de estos organismos internacionales para garantizar una supervisión imparcial, y tras una innecesaria dilatación por parte del gobierno, nunca se presentaron los documentos requeridos para facilitar dicha vigilancia.

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Es así como la Conferencia Episcopal decidió solicitar una reunión privada con el presidente Ortega para establecer un ultimátum en las negociaciones, los obispos propusieron al presidente que renunciara junto con su gabinete dentro de un plazo específico, sin embargo, esta acción llevó a que se acusara a la Conferencia Episcopal de conspirar con la Alianza Cívica en un intento de “golpe de estado suave” (Gómez, 2019). El gobierno le dio una reinterpretación al rol de la iglesia católica en las mesas de diálogo, esto gracias a las constantes intervenciones bajo una voz de denuncia y democracia, pero displicente con los posibles logros del régimen sandinista, esta falta de reconocimiento levantaron posibles resquemores por el lado del gobierno, mas aun, cuando obispos representantes de la Conferencia Episcopal como lo fueron Monseñor Silvio Báez y Monseñor Rolando Álvarez se caracterizaron por discursos de propaganda antisandinista.

Intensificación del Conflicto entre el Régimen Sandinista y la Iglesia Católica

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A pesar de las dificultades previas en las negociaciones, a comienzos del año 2019, el gobierno de ortega, con el objetivo de mitigar el riesgo de nuevas sanciones por parte de organismos y comunidades internacionales, tales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), accedió a propuestas previamente negociadas en la Mesa de Diálogo Nacional, entre los cuales destacaron la liberación de algunos presos políticos y el compromiso de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los protestantes. El 8 de junio de 2019, la Asamblea Nacional de Nicaragua sancionó la ley de amnistía, la cual eximia de responsabilidad penal a todas las personas implicadas en delitos vinculados a los sucesos de 2018, la implementación de esta ley permitió la liberación, el 11 de junio, de más de 50 personas, incluyendo a algunas de las figuras más prominentes de las protestas (Gómez-Abarca, 2019).

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No obstante, las tensiones interinas entre la iglesia católica y el gobierno sandinista no se mitigaron posterior a este avance en las negociaciones. El incidente más destacado de aquel año se produjo el 15 de noviembre, cuando el párroco Edwin Román y un grupo de feligreses fueron sitiados dentro de la parroquia San Miguel Arcángel en Masaya; en este contexto las fuerzas policiales, con el apoyo del ejército, establecieron un cerco alrededor del templo, impidiendo la entrada y salida de personas. Días después, el 18 de noviembre de 2019, en Managua, grupos violentos presuntamente afines al gobierno irrumpieron en la Catedral Metropolitana de Managua durante la cual no solo violaron los sellos de seguridad y ocuparon ilícitamente el templo, sino que también ocasionaron daños significativos a objetos sagrados y bienes litúrgicos de este templo; en el transcurso de este ataque, el sacerdote Rodolfo López, vicario de la Catedral, y la religiosa Arelys Guzmán fueron sometidos a agresiones físicas. (Ynestroza, 2019). En respuesta a estos eventos, la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un comunicado en el que describió la situación como una manifestación de impotencia, inseguridad, tristeza e indignación, resultado de meses de sufrimiento.

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La tensión entre el gobierno nicaragüense y la Iglesia Católica continuó escalando, manifestándose en una serie de acciones represivas que trascendieron los incidentes aislados, este patrón de hostigamiento se evidenció a través de diversas formas de persecución y restricción de las libertades religiosas, abarcando desde detenciones arbitrarias hasta la supresión de medios de comunicación católicos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaco las declaraciones estigmatizantes emitidas por altas autoridades del Estado como detonante del ambiente de hostilidad que ha prevalecido en los últimos seis años entre el régimen y la Iglesia Católica en Nicaragua, estableciendo una relación intrínseca entre la hostilidad hacia la Iglesia Católica y su rol protagónico como mediadora en el Diálogo Nacional de 2018 (CIDH, 2022). La Comisión documento múltiples incidentes que respaldan lo anteriormente mencionado, incluyendo los siguientes:

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1. El exilio forzado del sacerdote Uriel Vallejos tras un asedio policial.

2. La detención arbitraria del párroco Óscar Danilo Benavidez.

3. La prohibición a sacerdotes de participar en celebraciones religiosas en Matagalpa.

4. El cierre y confiscación de bienes de organizaciones vinculadas a la Iglesia.

5. La expulsión del Nuncio Apostólico del país.

6. La eliminación del Canal Católico de la programación de televisión por cable.

7. El cierre arbitrario de siete radioemisoras católicas en Matagalpa.

8. El ingreso violento de la policía en recintos religiosos para confiscar equipos de comunicación.

Las cifras documentadas por Redacción Humanitas sobre los exiliados y deportados en 2023 revelan un panorama alarmante: un total de 222 personas fueron deportadas a los Estados Unidos, mientras que 94 ciudadanos, entre ellos líderes religiosos y comunicadores, se vieron forzados al exilio perdieron su nacionalidad. Entre los acusados se encuentran cinco sacerdotes (Óscar Benavides, Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Díaz y Benito Martínez), un diácono (Raúl Vega), dos seminaristas (Melkin Centeno y Darvin Leyva), así como dos servidores de los medios de comunicación de la Diócesis de Matagalpa (Manuel Obando y Wilberto Astola); todos ellos fueron acusados bajo cargos de "conspiración" y “traición a la patria”. (Humanitas, 2023).

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Sumado a esto, el 19 de agosto de 2022, Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y miembro de la comisión de diálogo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, fue capturado y puesto bajo arresto domiciliario en Managua; sin embargo, en enero de 2023, cuando se le ofreció la oportunidad de ser deportado junto con otros 222 presos políticos hacia Estados Unidos como parte de una medida del gobierno de Ortega, Monseñor Álvarez se rehusó a abordar el avión, lo que llevó a su reclusión en la cárcel “La Modelo” de Tipitapa ; posteriormente, el 10 de febrero de 2023, un tribunal nicaragüense lo condenó a 26 años y 4 meses de prisión por cargos como “conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades” (Humanitas, 2023). Finalmente, el 14 de enero de 2024, el gobierno nicaragüense expulsó al obispo Rolando José Álvarez junto con otros 17 clérigos, entre ellos el obispo Isidoro Mora y 13 sacerdotes arrestados previamente en diciembre, estos religiosos fueron recibidos por el Vaticano tras una serie de "coordinaciones discretas" entre Managua y la Santa Sede (BBC News Mundo, 2023).

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La expulsión de Monseñor Álvarez en febrero de 2024, sumado con la deportación de otros clérigos desde 2018, marcó un punto de inflexión en las ya tensas relaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la Santa Sede, desembocando en la solicitud formal por parte del gobierno nicaragüense, en marzo de 2024, de cerrar las sedes diplomáticas de la Santa Sede en el país. Esta solicitud, aunque formalizada en 2024, tiene sus orígenes luego de la expulsión de monseñor Waldemar Stanisław Sommertag, embajador del Vaticano en Nicaragua, en marzo de 2022. El cierre diplomático entre Nicaragua y la Santa Sede, aunque no configura una ruptura definitiva de las relaciones bilaterales, evidencia un marcado deterioro en sus vínculos, sostenidos de manera inestable por el respaldo que la Santa Sede continúa brindando a la comunidad católica y a sus representantes en Nicaragua.

Consideraciones Finales

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El análisis de la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua evidencia un deterioro progresivo en las relaciones entre esta institución y el régimen sandinista, particularmente desde el estallido social de 2018. Este conflicto, arraigado en el convulso proceso político del país desde mediados del siglo XX, ha evolucionado hasta convertirse en una crisis que trasciende el ámbito meramente religioso. La creciente tensión refleja una polarización ideológica en Nicaragua, evidenciada por la fragilidad de las instituciones civiles frente a un poder estatal cada vez más autoritario, lo que también ha puesto en evidencia las limitaciones del diálogo entre las partes como mecanismo de resolución de esta problemática.

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La transformación del papel de la Iglesia Católica en Nicaragua ha sido particularmente significativa, ya que de ser una institución con cierta influencia en la esfera política, capaz de mediar en conflictos nacionales, ha pasado a convertirse en objeto de represión sistemática. Este cambio no solo ha afectado a la jerarquía eclesiástica, sino que ha tenido profundas repercusiones en la vida cotidiana de los feligreses y en la estructura comunitaria que la Iglesia tradicionalmente ha sostenido; las acciones represivas del régimen sandinista contra la Iglesia, que incluyen detenciones arbitrarias, exilios forzados, confiscaciones de bienes y el cierre de medios de comunicación, revelan una estrategia deliberada de debilitamiento institucional que, además de socavar la capacidad operativa de la Iglesia, ha tenido un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil en general.

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Incluso el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y la Santa Sede, evidenciado en el cierre de sedes diplomáticas en 2024, subraya la gravedad del conflicto, afectando no solo las relaciones bilaterales, sino también la imagen internacional de Nicaragua y su posición en la comunidad internacional. Es fundamental señalar que este conflicto se enmarca en un contexto más amplio de erosión democrática en Nicaragua, donde la persecución de la Iglesia Católica no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón más amplio de supresión de voces disidentes y espacios de participación ciudadana. Esto suscita serias preocupaciones sobre el futuro de la libertad religiosa, la libertad de expresión y la posición de la Iglesia Católica como una institución influyente en la sociedad nicaragüense.

Referencias

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BBC News Mundo. (2023, 12 septiembre). Nicaragua expulsa del país al obispo Rolando Álvarez y a 15 sacerdotes, que van al Vaticano. BBC. https://www.bbc.com/mundo/articles/cw4kzxpp4pwo

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2022, 23 de diciembre). CIDH condena violencia y represión contra la Iglesia Católica en Nicaragua. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/184.asp

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Converti, L. (2024). La reforma del sistema de seguridad social y los grupos de interés en Nicaragua. CELAG. https://www.celag.org/la-reforma-del-sistema-seguridad-social-y-los-grupos-de-interes-en-nicaragua/

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Gómez, G. (2019). Iglesia, Conflicto y Poder: claves para una Cultura de Diálogo, Reconciliación y Paz en Nicaragua. Algarrobo-MEL, 8, 1-18.

Gómez-Abarca, Carlos de Jesús. (2019). Movilización, represión y exilio de jóvenes activistas nicaragüenses. Anuario de Estudios Centroamericanos, 45, 232-260. https://dx.doi.org/10.15517/aeca.v45i0.39778

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Humanitas, R. (2023). La Iglesia perseguida en Nicaragua. Humanitas: revista de antropología y cultura cristiana, 28(123), 92-103.

López, S. (2018, 19 de junio). Nicaragua: el diálogo con el gobierno de Ortega queda suspendido. France 24. https://www.france24.com/es/20180619-nicaragua-suspendido-dialogo-gobierno-ortega

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Menocal, J. (2018). Desafíos éticos y políticos en Nicaragua. Revista centroamericana de ética, (julio a diciembre 2018), 151-170.

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Puig, S. M. (2019). Nicaragua: análisis de una crisis inesperada. Documentos de trabajo (Fundación Carolina): Segunda época, (10), 1.

Ynestroza, P. (2019, 16 de noviembre). La Iglesia de Nicaragua sigue siendo perseguida. Vatican News. https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-11/nicaragua-violaciones-derechos-humanos-libertad-religiosa-masaya.html

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Ynestroza, P. (2019, 19 de noviembre). Nicaragua: Piden cese de violencia contra la Iglesia tras profanación de Catedral de Managua. Vatican News. https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-11/nicaragua-agresiones-iglesia-denuncia-caritas-arquidiocesis.html