FORO CUBANO Vol 7, No. 68 – TEMA: Terrorismo de Estado en América Latina

El uso y abuso del discurso antiterrorista. Entre la lucha contra la subversión y la represión estatal

Por: Laritza Diversent Cambara, directora ejecutiva de Cubalex
Agosto y septiembre de 2024

En este ensayo se analizará cómo el gobierno cubano manipula el discurso antiterrorista para justificar acciones que, en muchos casos, constituyen terrorismo de Estado. A nivel internacional, Cuba denuncia el uso del terrorismo como pretexto para intervenciones militares, principalmente por parte de Estados Unidos, argumentando que tales acciones violan la soberanía y el derecho internacional. Al mismo tiempo, critica que estas intervenciones responden a intereses geopolíticos, como en los casos de Afganistán e Irak, defendiendo el principio de no injerencia y la autodeterminación de los pueblos (Intervención de la delegación de Cuba en el tema «Medidas para eliminar el terrorismo internacional», 2017).

Sin embargo, en el ámbito interno, el gobierno cubano recurre al mismo discurso para justificar la represión de la disidencia, tildando a opositores y manifestantes de terroristas o subversivos financiados desde el exterior. Este ensayo examinará cómo el Estado ha legitimado el uso de la fuerza, las detenciones arbitrarias y los juicios sumarios contra manifestantes, como ocurrió durante las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) (Un año sin justicia: Patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J, 2022). Esto se ha justificado bajo la premisa de preservar el orden constitucional, cuando en otros contextos, como el venezolano, la CIDH ha calificado estas prácticas como terrorismo de Estado (CIDH y RELE condenan prácticas de terrorismo de estado en Venezuela, 2024). Asimismo, se analizará el papel de la Resolución 19/2023, que institucionaliza esta represión mediante la inclusión de opositores en una Lista Nacional de Terroristas (Ministerio del Interior, 2023). El objetivo de este ensayo es demostrar cómo el gobierno cubano emplea el discurso antiterrorista como herramienta para consolidar su control político, utilizando un doble estándar: critica el uso de este argumento a nivel internacional mientras lo aplica para reprimir a nivel nacional.

El término terrorismo se define de diversas maneras según las fuentes, lo que permite a los Estados justificar una serie de acciones tanto en el ámbito nacional como internacional. Según la Real Academia Española (RAE), el terrorismo es una sucesión de actos violentos con el objetivo de infundir terror (Real Academia Española, s. f.). Las Naciones Unidas amplían esta definición al describirlo como actos destinados a causar la muerte o lesiones graves a civiles con el fin de intimidar a una población o coaccionar a un gobierno (Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, 1999).

Cuba ha criticado constantemente la injerencia extranjera y el uso del discurso antiterrorista por potencias como Estados Unidos para justificar intervenciones militares o cambios de régimen. En su intervención ante la ONU en 2017, la delegación cubana denunció la instrumentalización del terrorismo para financiar actos subversivos y promover desestabilizaciones, argumentando que tales acciones violan la soberanía de los Estados y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Desde esta perspectiva, Cuba se presenta como defensora de la autodeterminación y rechaza la creación de listas unilaterales de Estados patrocinadores del terrorismo, calificándolas de politizadas y contrarias al derecho internacional.

Sin embargo, esta postura internacional contrasta con las prácticas internas de Cuba, como la implementación de la Resolución 19/2023, que crea una lista nacional de terroristas y extiende el concepto de terrorismo para incluir no solo actos violentos, sino también actividades subversivas y críticas hacia el régimen.

Este doble rasero evidencia cómo, mientras Cuba condena el uso del concepto de terrorismo en el ámbito internacional, internamente lo emplea para reprimir la disidencia política y controlar cualquier actividad percibida como una amenaza a su estabilidad. Así, justifica la represión bajo el argumento de la lucha antiterrorista, lo que revela una contradicción entre su discurso externo y sus políticas internas.

El informe "Global Study on the Impact of Counter-Terrorism Measures on Civil Society" (2023) examina cómo las políticas antiterroristas afectan negativamente a la sociedad civil, restringiendo el espacio cívico y criminalizando a defensores de derechos humanos. Señala que las leyes antiterroristas vagas y amplias permiten a los gobiernos reprimir a actores de la sociedad civil bajo el pretexto de la seguridad nacional, utilizando vigilancia masiva, detenciones arbitrarias y tecnologías avanzadas, como el espionaje digital, para hostigar a activistas (Global Study on the Impact of Counter-Terrorism Measures on Civil Society, 2023).

El informe destaca que las medidas antiterroristas, aunque diseñadas para combatir el terrorismo, a menudo restringen las libertades fundamentales y criminalizan la oposición política, generando un entorno de represión que socava la rendición de cuentas y la protección de los derechos básicos. La criminalización de la disidencia es una estrategia utilizada por gobiernos autoritarios para justificar la represión interna, afectando a periodistas, activistas y organizaciones no gubernamentales, lo que crea un clima de miedo que dificulta la libre expresión y la defensa de los derechos humanos. Estas políticas erosionan la confianza en el Estado y perpetúan un ciclo de violencia y represión, aumentando la inseguridad social (Global Study on the Impact of Counter-Terrorism Measures on Civil Society, 2023).

En Cuba, las medidas antiterroristas, especialmente tras la implementación de la Resolución 19/2023 (Ministerio del Interior, 2023), reflejan muchos de los problemas mencionados en el informe. Esta resolución permite incluir en listas de terroristas a personas y organizaciones críticas del gobierno, lo que restringe la libertad de expresión y asociación de la sociedad civil. Estas políticas antiterroristas aplicadas por el gobierno cubano podrían ser consideradas una forma de terrorismo de Estado, particularmente en la represión de disidentes y la censura de la sociedad civil.

El concepto de terrorismo de Estado se refiere a la violencia sistemática empleada por un gobierno contra su propia población. Estas acciones no solo buscan eliminar a los opositores, sino también crear un ambiente de terror en la sociedad en general, desincentivando cualquier forma de oposición (Torres Vásquez, 2010). Este tipo de terrorismo incluye violaciones graves de derechos humanos, como torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, con el fin de infundir miedo y consolidar el poder gubernamental (Careaga, Instituto Espacio para la Memoria).

Casos históricos de terrorismo de Estado incluyen las dictaduras de Argentina y Chile durante las décadas de 1970 y 1980 (Corradi et al., s. f.). En Argentina, bajo el régimen militar de la "Guerra Sucia" (1976-1983), miles de personas fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas. La dictadura de Pinochet en Chile (1973-1990) utilizó tácticas similares, con la represión violenta de opositores y el control total de los medios de comunicación (Cavallaro & Erin Brewer, 2008). En ambos casos, el Estado utilizó la violencia como herramienta de control político, reprimiendo cualquier forma de disidencia bajo la justificación de luchar contra la subversión y el comunismo (Cañón Voirin, 2018). Mas recientemente, en Venezuela, prácticas similares han sido denunciadas en relación con el régimen de Nicolás Maduro, donde se han registrado violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura y represión de manifestantes (CIDH y RELE condenan prácticas de terrorismo de estado en Venezuela, 2024).

De manera similar, las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba fueron reprimidas violentamente, y los manifestantes condenados por cargos de sedición, presentados como instigados por potencias extranjeras para desestabilizar el país. Las autoridades cubanas calificaron estas manifestaciones como subversivas, usando su normativa interna para justificar la represión masiva y las severas condenas (¿Cómo llegamos al 11J en Cuba? Análisis de sentencias por el delito de sedición y su relación con la protección penal del orden constitucional. Cubalex y Justicia 11J., 2023). Este uso del terror como herramienta de control político ha generado un clima de temor, donde cualquier crítica al régimen es vista como una amenaza a la seguridad nacional.

Este enfoque se refleja en la calificación de organizaciones civiles como subversivas o terroristas, como en el caso de las Damas de Blanco, un grupo pacífico que aboga por los derechos humanos y la liberación de prisioneros políticos (Nota 155-12, 2012) (Nota 564/12, 2012) (NOTA 352/2016, 2016) (NOTA 652/2017, 2017). Aunque no hay evidencia de que usen la violencia, han sido tratadas como una amenaza subversiva, sufriendo detenciones arbitrarias, vigilancia y represión violenta por más de 20 años. Este caso ejemplifica cómo el Estado utiliza el miedo y la violencia para silenciar la disidencia bajo el pretexto de la lucha antiterrorista.(CUB 3/2012, 2010) (CUB 6/2012, s. f.) (CUB 2/2014, 2014) (CUB 2/2016, 2016) (CUB 1/2017 , 2017)

Actualmente, la Resolución 19/2023 permite clasificar a individuos y organizaciones como terroristas, vinculando sus actividades con amenazas a la seguridad nacional (Ministerio del Interior, 2023). Esta medida justifica la represión contra disidentes, controla la narrativa oficial y limita la capacidad de la sociedad civil para actuar sin temor a represalias. El gobierno cubano utiliza el argumento de la lucha contra el terrorismo para aplicar medidas represivas, enmarcando a críticos del régimen y activistas como amenazas a la seguridad nacional.

Esta contradicción se evidencia en el doble rasero de Cuba, que condena el uso del terrorismo por otras potencias para justificar intervenciones, mientras que internamente aplica ese mismo discurso para legitimar el control y suprimir la disidencia. En esencia, el discurso antiterrorista cubano enmascara prácticas de terrorismo de Estado, donde el miedo y la represión son herramientas para mantener el poder. Esta estrategia permite al gobierno legitimarse bajo el pretexto de la seguridad nacional, mientras criminaliza a la oposición y refuerza su control sobre la sociedad.

Este ensayo ha analizado cómo el discurso antiterrorista ha sido utilizado de manera estratégica por el gobierno cubano para justificar tanto su política interna de control y represión como su postura crítica en el ámbito internacional. A nivel internacional, Cuba ha denunciado el uso del terrorismo por parte de potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, para justificar intervenciones militares y cambios de régimen, en lo que considera una violación de la soberanía de los Estados. En contraposición, internamente, el gobierno cubano ha empleado el mismo discurso antiterrorista para criminalizar la disidencia y suprimir cualquier tipo de oposición política bajo la justificación de la protección del orden constitucional. Casos como las Damas de Blanco y los manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) ejemplifican cómo el gobierno cubano ha utilizado este discurso para reprimir a la sociedad civil y mantener el control político.

Se ha argumentado que esta práctica del gobierno cubano revela un doble rasero, donde el mismo concepto de terrorismo que se critica en el escenario internacional se utiliza internamente para enmascarar acciones represivas. A través de normas como la Resolución 19/2023, el gobierno ha institucionalizado un marco legal que vincula el terrorismo con actividades críticas hacia el régimen, extendiendo su alcance a actos de subversión no violenta.

El uso indiscriminado del discurso antiterrorista tiene serias consecuencias para los derechos humanos y la democracia, tanto en Cuba como a nivel global. Al criminalizar a opositores pacíficos y restringir las libertades fundamentales bajo la excusa de combatir el terrorismo, el gobierno cubano crea un clima de miedo e intimidación que limita la participación cívica y silencia voces críticas. Este tipo de políticas no solo afecta a las víctimas directas de la represión, sino que también erosiona los valores democráticos, debilitando la capacidad de la sociedad civil para defender derechos y exigir rendición de cuentas.

Para evitar que el discurso antiterrorista se convierta en una herramienta de represión, es necesario adoptar un enfoque más equilibrado y responsable. Esto implica, en primer lugar, que los gobiernos se adhieran a definiciones claras y precisas de terrorismo que no dejen espacio para la manipulación política. Asimismo, las políticas antiterroristas deben respetar los derechos humanos y no criminalizar la disidencia ni restringir las libertades fundamentales.

Referencias

Cañón Voirin, J. L. (2018). State Terrorism: South America during the 1970s. A case of State Terrorism Transnationalization. História Unicap., 270-283. https://doi.org/10.25247/hu.2018.v5n9.p270-283

Careaga, A. M. (Instituto Espacio para la Memoria). Consecuencias subjetivas del terrorismo de estado . https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31200.pdf

Cavallaro, J. L., & Erin Brewer, S. (2008). Never Again? The Legacy of the Argentine and Chilean Dictatorships for the Global Human Rights Regime. Journal of Interdisciplinary History , 39 (2), 233-244. https://doi.org/10.1162/jinh.2008.39.2.233

CIDH y RELE condenan prácticas de terrorismo de estado en Venezuela . (2024). [Comunicado de prensa]. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/184.asp

¿Cómo llegamos al 11J en Cuba? Análisis de sentencias por el delito de sedición y su relación con la protección penal del orden constitucional. Cubalex y Justicia 11J. (2023, julio 11). [Cubalex]. https://cubalex.org/wp-content/uploads/2023/07/Informe-11-J-1.pdf

Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (1999). https://www.un.org/es/documents/treaty/convention-terrorism-financing.shtml

Corradi, J. E., Weiss Fagen, P., & Garreton, M. A. (s. f.). Fear at the edge: State terror and resistance in Latin America. Foreign Affairs , 72 (2), 176. https://doi.org/10.2307/20045570

CUB 1/2017, Comunicación de Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Naciones Unidas 2017). https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23378

CUB 2/2014, Comunicación de Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2014). https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22333

CUB 2/2016, Comunicación de Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2016). https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3201

CUB 3/2012, Comunicación de Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2010). https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22335