El 15 de agosto de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento, suscrito por su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en la que calificaban las actuaciones de las autoridades venezolanas, luego de las elecciones presidenciales, como “Terrorismo de Estado”. El máximo organismo regional en la materia, que colaboró en procesos de Memoria, Verdad y Justicia sobre las dictaduras militares que asolaron la región en la segunda mitad del siglo pasado, no usa esta calificación a la ligera. De manera similar ha descrito actuaciones recientes por parte de las autoridades nicaragüenses. El objetivo del presente artículo es establecer cuáles pudieran ser las características de un terrorismo de Estado adaptado al siglo XXI, a partir de la situación venezolana.

Aunque usado en diferentes contextos, el término “Terrorismo de Estado” no ha sido acotado ni conceptualizado por ningún tratado o declaración internacional de protección a los derechos humanos. Por ejemplo, la Relatoría Especial sobre la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas ha enlistado en su sitio web 19 convenios y protocolos para prevenir actos de esa naturaleza contra los Estados. El único documento oficial, la Resolución 2625 (xxv) de la Asamblea General de Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970, que incluye la frase “Terrorismo de Estado” lo usa para nombrar los hechos al margen de la legalidad perpetrados en perjuicio de un gobierno por parte de otro, pero no en contra de sus ciudadanos.

El jurista, académico y defensor de derechos humanos chileno, José “Pepe” Zalaquett, citó 5 condiciones que convertirían a una acción cualquiera en un acto terrorista:  a) El uso o amenaza del uso de la fuerza; b) Tal uso o amenaza es una estrategia para lograr ciertos objetivos; c) El propósito es inducir un estado de miedo continuado en la(s) víctima(s); d) La fuerza se usa sin consideración alguna, o bien no se ajusta a las normas humanitarias; f) La publicidad de los actos forma parte de la estrategia de fomento del temor. En su texto Zalaquett advierte sobre el uso impreciso del concepto para describir de esa manera la violación sistemática de derechos humanos:
 

“Hay una distinción conceptual relevante entre el terror inevitable que una práctica represiva genera en muchos sectores de la población, aunque ella tenga por objeto principal el de controlar y suprimir formas determinadas de oposición, y una política represiva que efectivamente descansa en el terror indiscriminado. Esta última puede apropiadamente caracterizarse como terrorismo de Estado”.

Tun tun, ¿quién es?

En su comunicado del 15 de agosto, “CIDH y RELE condenan prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela”, la Comisión señala: “El régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder”. Luego de describir patrones como el uso arbitrario de la fuerza; las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas; la persecución judicial y el hostigamiento; la censura y restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como los obstáculos a la defensa de los derechos humanos, la CIDH describe: “se observa una campaña de propaganda oficial que combina elementos de terror, incluyendo acciones de ciberpatrullaje por organismos de inteligencia, detenciones y producción de contenidos que exhiben a personas críticas como criminales, a quienes se estarían forzando a emitir mensajes de arrepentimiento como actos ejemplarizantes y de escarnio público”.

El gobierno venezolano ha reforzado el monumental desconocimiento de la voluntad popular, en las elecciones presidenciales del 28 de julio, con “la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión” en palabras de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. Además de las 25 personas que perdieron la vida y las más de dos mil personas detenidas, las autoridades institucionalizaron la llamada “Operación Tun Tun”, basada en la difusión del miedo por medios de comunicación estatales y perfiles institucionales en redes sociales.

Luego de las manifestaciones del año 2017, tras la denuncia de ruptura del hilo constitucional por parte de la Fiscal General de la República, el llamado “hombre fuerte del chavismo”, Diosdado Cabello, inventó esta modalidad en su programa de televisión “Con El Mazo Dando”. Televisadamente, anunciaba los nombres de líderes políticos o sociales que iban a ser detenidos, diciendo que los iba a visitar la “Operación Tun Tun”, una onomatopeya de golpear la puerta extraída de una canción folklórica de Navidad:

“Tun tun,
¿Quién es?
Gente de paz.
Ábrannos la puerta que ya es navidad”.

Desde su inicio esta cruel ironía tenía un importante componente mediático. “Con El Mazo Dando” ha sido denunciado, por diferentes organismos internacionales de protección a los derechos humanos, como uno de los dispositivos de represión del oficialismo. Luego del 28-J la detención de opositores ha sido denominada como “Operación Tun Tun” por diferentes organismos estatales y policiales, agregándole un adjetivo: “Sin lloradera”. Perfiles de la División General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) o la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han divulgado videos amenazando a los manifestantes con la “Operación Tun Tun” o mostrando detenciones de personas que finalmente se auto inculpan ante la cámara, solicitando perdón a las autoridades. Los videos mantienen el tono irónico, incorporando personajes, imágenes y banda sonora de películas de terror. El 05 de agosto, durante una concentración oficialista Nicolás Maduro emuló la canción tradicional de fin de año con la letra: “Tun tun no seas llorón, vas para Tocorón”. Tocorón es una de las cárceles dónde han trasladado a las personas presas por manifestar.  

La Operación Tun Tun se suma a otras tácticas dirigidas a generar temor en la población. El 30 de julio Nicolás Maduro anunció que VenApp, una aplicación lanzada en mayo 2022 para reportar el mal funcionamiento de los servicios públicos, tendría una nueva función para denunciar a personas que participaban en movilizaciones antigubernamentales. Dos días después el propio Maduro informaba, en su acostumbrada neolengua: “Hemos atendido 5 mil reportes de amenazas a líderes de calle a través de la VenApp. Tengan la seguridad de que uno por uno los vamos a despejar”. Aunque el gobierno infla sus estadísticas, a partir del llamado de su líder los llamados “organismos del poder popular” del oficialismo comenzaron a delatar a sus vecinos de manera generalizada, incluso por circular “memes” por los chats de WhatsApp comunitarios. Diferentes empleados públicos han sido despedidos de sus centros de trabajo luego de haber sido denunciados por sus compañeros de trabajo. Extendiendo la función panóptica de los murales con los ojos de Hugo Chávez, las miradas de los militantes del oficialismo se encuentran en todos lados, dispuestos a informar a sus superiores.

Un tercer dispositivo del miedo lo constituyó la anulación de pasaportes, sin un patrón claro salvo su masividad. Aunque a líderes políticos y sociales les fueron revocados sus documentos de identidad, similar medida afectó a personas sin perfil público conocido e incluso a venezolanos con muchos años fuera del país. Las personas afectadas perciben un primer nivel de seguimiento por parte de las autoridades, lo que las obliga a bajar sus comentarios críticos en redes sociales. E incluso abstenerse de ejercer otros derechos como el de libertad de reunión y manifestación pacífica.

Finalmente, las detenciones arbitrarias cierran el círculo de la turbación. Los funcionarios policiales retienen a las personas, en alcabalas improvisadas, para revisarles sus teléfonos. Poseer mensajes inconvenientes, en un momento de ausencia total del estado de derecho, genera condiciones para la extorsión por parte de los funcionarios policiales que suele iniciar en 500 dólares, en un país cuyo salario mínimo mensual equivale a 4$. Para aumentar los montos de la mordida los uniformados trasladan a las personas a centros de detención, donde materializan el chantaje. Quienes no puedan o quieran pagar, cárcel por “instigación al odio”. La posibilidad de ser víctima de la ruleta rusa de la represión post 28J ha creado una cultura de extrema cautela desconocida para los venezolanos.
 

…del siglo XXI

El caso venezolano pudiera ayudarnos a definir cuales son las características diferenciadas del Terrorismo de Estado en la actualidad, en América Latina, respecto al de décadas anteriores.

Las graves violaciones de derechos humanos bajo dictaduras militares ocurrían bajo el contexto internacional de la Guerra Fría, con grandes y centralizados medios de comunicación tradicionales; con la desaparición y asesinato de líderes políticos y sociales, que podían disimularse bajo el secretismo y el anonimato. Hoy, en el caso de Nicaragua y Venezuela, son autoritarismos que llegaron al poder mediante elecciones. E incluso continúan realizando, aunque con irregularidades y ventajismos, procesos comiciales. Las nuevas realidades y las transformaciones del mundo han obligado a que los autoritarismos también se reclamen como democráticos, con muchas comillas por supuesto, y que estén forzados a simular elecciones. Por otro lado, en el pasado era difícil establecer una cadena de mando de las atrocidades. Paradójicamente, en la actualidad, prima la transparencia. El propio Nicolás Maduro anuncia, a través de los medios de comunicación, decisiones que aumentan su expediente en la investigación en curso realizada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Los cuerpos de seguridad promocionan sus excesos, e invitan a que se graben y se difundan por redes sociales, aumentando exponencialmente sus efectos intimidatorios. Este desparpajo, del que participan militantes del oficialismo a diferentes niveles, ha sido posible tras años de deshumanización del adversario, lo que ha eliminado las inhibiciones morales que en condiciones normales previene la eliminación física y simbólica del adversario.

Lo preocupante del caso venezolano es que sea el inicio de una tendencia que se viralice a otros países que también quieran debilitar la institucionalidad democrática y el estado de derecho. Que sus novedades, como la “Operación Tun Tun” sean adaptadas y superadas por otros autoritarismos. Por lo visto, son las democracias las que tienen controles y contrapesos efectivos, mientras el abuso de poder tiene todos los estímulos para llegar a los niveles que consideren. Mientras Cuba, Nicaragua y Venezuela sigan donde están, se mantendrán los estímulos a la pulsión autoritaria en el continente.

 

Rafael Uzcátegui es un sociólogo y defensor de derechos venezolano, codirector de la ONG Laboratorio de Paz. Su último libro es “La rebeldía más allá de la izquierda” (Naufrago de Itaca, 2021). . Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (GAPAC) dentro de la línea de investigación “Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos”.