Los datos obtenidos en el estudio publicado en el informe "Desafiando la Oscuridad: Resistencia y Resiliencia de la Sociedad Civil en el Laberinto del Autoritarismo Venezolano" [1]evidencian uno de los procesos más alarmantes que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Venezuela: el cierre sistemático del espacio cívico. En un contexto de autoritarismo consolidado, el gobierno venezolano ha recurrido a una combinación de medidas represivas para reducir, controlar y, en muchos casos, eliminar las oportunidades de acción colectiva y defensa de los derechos humanos. Este análisis se centrará en cómo el informe refleja el ataque continuo contra las libertades y el devastador impacto sobre la sociedad civil venezolana.

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El estudio se llevó a cabo entre abril y junio de 2024, mediante ochenta y seis entrevistas directas que incluyeron sesenta y seis indicadores y preguntas a personas defensoras de derechos humanos venezolanas exiliadas en nueve países, así como a organizaciones de la sociedad civil (OSC) en todo el territorio nacional. Es importante destacar que el estudio fue realizado deliberadamente antes de las elecciones del 28 de julio, anticipando un posible deterioro del espacio cívico después de los comicios.

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En las entrevistas a personas defensoras de derechos humanos exiliadas, constatamos su urgente necesidad de ser escuchadas y lo invisibilizadas que se sienten en medio de la crisis de movilidad forzada que afecta al país. Esta situación forma parte de un éxodo masivo que ha alcanzado los 7.7 millones de personas hasta junio de este año, según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V)[2], liderada conjuntamente por ACNUR y la OIM.

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El espacio cívico se refiere al entorno en el que las personas y las organizaciones de la sociedad civil pueden expresarse libremente, reunirse y asociarse para impulsar cambios en sus sociedades. Este espacio es vital en cualquier democracia, ya que permite la participación activa y plural de los individuos y colectivos en los asuntos públicos. Sin embargo, en Venezuela, este espacio ha sido progresivamente restringido por el gobierno, que busca silenciar la disidencia y debilitar el tejido social que actúa como contrapeso al poder.

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La represión legal y la criminalización de la sociedad civil

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Uno de los mecanismos para cerrar el espacio cívico en Venezuela ha sido, primero, la amenaza constante y, luego, la promulgación de leyes que criminalizan las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. En el informe describimos cómo la introducción de proyectos de ley, como la Ley de Cooperación Internacional y la Ley de Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales, ha generado un clima de temor y autocensura en el que las OSC deben operar. Estas normativas buscan imponer un estricto control gubernamental sobre el financiamiento y las actividades de las organizaciones, permitiendo al Estado etiquetar a aquellas que reciben fondos internacionales como agentes extranjeros, desestabilizadores o incluso terroristas.

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En el informe también señalamos que el 96.2% de las OSC venezolanas no han sido convocadas por ninguna instancia del Estado para discutir las normativas regulatorias que las afectan. Esto demuestra la falta de un diálogo genuino entre el gobierno y la sociedad civil, y evidencia un enfoque punitivo y unilateral para regular a las OSC. La aprobación de leyes sin consultas efectivas es un claro indicio del proceso de clausura del espacio cívico, diseñado para eliminar cualquier forma de resistencia u organización autónoma.

Además del uso de leyes, el Estado venezolano ha recurrido a tácticas de persecución y acoso directo contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. En el informe subrayamos que el 60.4% de las OSC venezolanas ha sufrido algún tipo de persecución o acoso, y el 71.7% ha sido víctima de bloqueos, hackeos de correos electrónicos o redes sociales. Estas cifras revelan un patrón claro de intimidación dirigido a desarticular los esfuerzos organizativos de la sociedad civil.

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El control y vigilancia ejercidos por el Estado a través de servicios de inteligencia, junto con los ataques digitales y el monitoreo constante de las actividades de las OSC, han generado un clima de inseguridad que limita las posibilidades de acción de estas organizaciones. Este ambiente coercitivo está diseñado para inhibir la capacidad de denuncia de las OSC, promoviendo la autocensura y la inacción por miedo a represalias.

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El impacto sobre la libertad de expresión y asociación

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La libertad de expresión y la libertad de asociación han sido gravemente socavadas en Venezuela. El 50.9% de las OSC venezolanas manifestó haber sentido miedo en varias ocasiones al expresarse públicamente sobre su trabajo, mientras que el 20.8% reportó haber tenido miedo en al menos una ocasión. Este temor a las represalias es una respuesta directa al ambiente represivo promovido por el Estado, que busca desincentivar cualquier forma de disidencia o cuestionamiento al régimen.

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En cuanto a la libertad de asociación, los datos del informe revelan que el 50.9% de las organizaciones está muy en desacuerdo con la afirmación de que en Venezuela es posible ejercer este derecho. Ninguna de las OSC encuestadas manifestó estar de acuerdo con esta declaración, lo que confirma que el ejercicio de este derecho ha sido prácticamente anulado en el país. En cuanto al miedo sentido por las OSC venezolanas para reunirse, el 43.3% ha sentido miedo "alguna vez", el 24.5% "muchas veces" y el 1.9% ha sentido miedo de reunirse "siempre".

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El Estado venezolano ha usado tanto las leyes como la intimidación directa para reducir al mínimo la capacidad de las OSC de reunirse, organizarse y ejecutar sus actividades sin miedo a la interferencia gubernamental.

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Otro aspecto crucial que destacamos en el informe es cómo el deterioro de los servicios públicos en Venezuela ha afectado el trabajo de las OSC. A pesar de que el Estado venezolano recurrentemente habla de inversiones en infraestructura, nunca ha mostrado cifras de inversión, procesos o resultados reales de mejoras. Al contrario, en diversas ocasiones ha transferido su responsabilidad a otros, acusándolos de haber ejecutado ataques terroristas hacia las instalaciones del país. El 69.8% de las organizaciones venezolanas considera que las fallas en el suministro eléctrico son el principal obstáculo para desarrollar su trabajo, mientras que el 62.3% señaló que el acceso limitado a internet es el segundo mayor problema.

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La falta de electricidad e internet ha restringido severamente la capacidad de las OSC para participar en redes nacionales e internacionales, asistir a capacitaciones o desarrollar proyectos de manera efectiva. En un contexto en el que la tecnología y la comunicación virtual son esenciales para la coordinación y visibilidad del trabajo de las organizaciones, estas deficiencias en los servicios básicos representan una barrera adicional impuesta, de manera indirecta, por el régimen venezolano para frenar la acción cívica.

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La precarización de las organizaciones

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Otro aspecto relevante del cierre del espacio cívico en Venezuela es la precarización de las organizaciones. Muchas OSC, especialmente aquellas que operan fuera de la capital, carecen de los recursos necesarios para seguir funcionando. El 24.5% de las organizaciones que trabajan en el país no están debidamente registradas debido a los deliberados obstáculos burocráticos. Además, el 48.8% de las OSC registradas previamente han enfrentado diversos obstáculos para realizar las actualizaciones correspondientes, lo que limita su acceso a financiamiento.

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Además, en el informe se revela que el 71.7% de las OSC ha visto emigrar a al menos uno de sus integrantes en los últimos cuatro años, motivado por las restricciones del espacio cívico y la emergencia humanitaria compleja. Este éxodo de líderes y defensores de derechos humanos ha debilitado aún más la capacidad de las organizaciones para resistir al autoritarismo, erosionando su estructura y limitando su capacidad de incidencia.

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En la mira más allá de las fronteras venezolanas

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En cuanto a las personas defensoras de derechos humanos venezolanas, el informe destaca las graves consecuencias que el autoritarismo ha tenido sobre quienes se ven obligados a huir del país. De acuerdo con el estudio, el 63.3% de los defensores exiliados dejó Venezuela debido a acoso, persecución u hostigamiento, mientras que el 30.3% temía una persecución futura. Estos porcentajes reflejan la persecución sistemática que el régimen ha emprendido contra quienes alzan la voz en defensa de los derechos humanos, dejando a muchas personas sin otra opción que buscar refugio en el exterior.

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El proceso de exilio no solo implica dejar atrás el entorno familiar y profesional, sino también enfrentarse a un sistema de asilo que, en muchos casos, resulta inaccesible o ineficaz. De los defensores encuestados, el 54.5% solicitó refugio en los países de acogida, pero solo el 38.9% ha logrado obtener el estatus de refugiado. Las dificultades burocráticas y la falta de un reconocimiento oportuno dejan a más de la mitad en una situación de espera indefinida, lo que prolonga su incertidumbre y precariedad. A esto se suman las dificultades para acceder a empleo, la discriminación y la vulnerabilidad emocional y física que afecta a gran parte de estas personas en su nuevo contexto.

A pesar de estar fuera de Venezuela, el miedo sigue siendo una constante en la vida de las personas defensoras exiliadas. El 54.4% reporta haber sentido miedo en los países de acogida. Si bien influyen varios factores, la mayoría expresó temer al gobierno venezolano. Este temor refleja la capacidad de represión transnacional del régimen para extender su poder coercitivo más allá de las fronteras, sumiendo a las personas defensoras en un estado de vulnerabilidad incluso en el exilio. Esta situación genera un clima de inseguridad que sigue limitando su capacidad para rehacer sus vidas y continuar su labor en defensa de los derechos humanos.

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Pese a que estas condiciones son extremas, el informe destaca un elemento central en la narrativa de la sociedad civil venezolana: su resiliencia. Las OSC, a pesar de los ataques, continúan operando en condiciones adversas. Algunas han logrado adaptarse a las restricciones impuestas por el régimen, buscando nuevas formas de financiamiento, alianzas internacionales y mecanismos de protección.

La estrategia del Estado venezolano ha sido clara: utilizar leyes restrictivas y acciones represivas para desarticular la sociedad civil e impedir que esta pueda actuar como un contrapeso al poder autoritario. Sin embargo, la resistencia organizada y la resiliencia de la sociedad civil han demostrado ser elementos clave en la defensa de los derechos fundamentales, no solo en Venezuela, sino en cualquier contexto donde los regímenes autoritarios buscan imponer su hegemonía.

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Es crucial que la comunidad internacional mantenga su apoyo a estas organizaciones y defienda su derecho a existir y operar libremente. La solidaridad internacional es fundamental para asegurar que las OSC venezolanas puedan seguir defendiendo los derechos de las personas en un contexto donde el Estado intenta por todos los medios silenciarlas. La preservación del espacio cívico es esencial para cualquier proceso de transición hacia la democracia, y la comunidad internacional tiene un papel vital en esta lucha.

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Referencias

 

[1] Informe de la organización Promedehum "Desafiando la Oscuridad: Resistencia y Resiliencia de la Sociedad Civil en el Laberinto del Autoritarismo Venezolano 2024". https://prolibertades.com/informe/.

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[2] Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). https://www.r4v.info/es.