El terrorismo de Estado constituye una de las formas más aberrantes de violencia política, donde el aparato estatal, en lugar de proteger a la ciudadanía, se convierte en el principal perpetrador de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Se logra así una instrumentalización del Estado de Derecho con el fin de proteger y mantener un cierto orden político y social ilegitimo incluso a pesar de los vejámenes que este pueda dejar en la sociedad. Este fenómeno se dio en gran medida en el marco de las dictaduras latinoamericanas, especialmente en el cono sur, y dejó tras de sí una región marcada por sombras, heridas y cicatrices cuyas consecuencias persisten hasta el día de hoy.

​

En el contexto de Argentina, entre 1976 y 1983, la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla instauró un régimen represivo que desplegó métodos clandestinos como la desaparición forzada, la tortura y el encarcelamiento arbitrario para erradicar cualquier tipo de oposición política. Este periodo, conocido como el "Proceso de Reorganización Nacional", representó una etapa oscura en la historia del país, donde la brutalidad y el terror se erigieron como instrumentos de control social. Este proceso que se propuso la última dictadura argentina, implicó un “salto cualitativo” en la represión y el ejercicio de la violencia política a través del uso y la diseminación del terror como forma de disciplinar a toda la sociedad (Educación y Memoria, 2021).

​

Como lo menciona Piñero (s.f.), la Junta Militar instaló una metodología sistemática de violaciones masivas a los derechos humanos que consistía en persecuciones, secuestros, torturas, desaparición forzada de personas y centros clandestinos de detención. Así, el Estado contó con la complicidad de todos los órganos oficiales dando lugar a que los habitantes quedaran en una posición de absoluta indefensión. Esta situación fue el resultado de un proceso de preparación bajo una doctrina de seguridad nacional que comenzó con la construcción de un enemigo interno, seguido de un proceso de hostigamiento y de aislamiento espacial de los disidentes políticos de la dictadura (Piñero, s.f.).

Cuarenta y ocho años después, el tema del terrorismo de Estado cometido por la Junta Militar sigue siendo un tema para el que la sociedad argentina parece no estar preparada para hablar, un pasado que se debe tocar con pinzas y que, como lo menciona Concatti (2024), se balancea entre un Gobierno de tendencia negacionista frente a los hechos y una sociedad civil que sigue exigiendo memoria, verdad y justicia, en donde la voz de los sobrevivientes no está tan presente en la conversación pública como sí lo está la de quien busca a sus desaparecidos (Santos Cid, 2024, citando a Guerriero, 2024).

​

Y esque, a pesar de que en estas cuatro décadas Argentina se ha convertido en uno de los pocos países que logró llevar ante tribunales civiles a sus opresores militares, sigue teniendo una cuenta pendiente frente al número de víctimas y desaparecidos que dejó la dictadura, pues mientras algunos organismos, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos o las Abuelas de la Plaza de Mayo, ubican la cifra en 30.000 desaparecidos, otros como la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la ubican 8.960 casos (Crenzel, 2024). De aquí que la palabra “desaparecido” adquiera un valor tan relevante en el caso argentino, pues de acuerdo con Educación y Memoria (2021), lo específico del terrorismo estatal argentino residió en la sustracción de la identidad de las víctimas, aquello que los definía como humanos.

​

Argentina tiene aún un largo camino por delante para poder reconocer su pasado y superar las heridas que dejó en la sociedad la dictadura de Videla, y este reconocimiento debe empezar por el Gobierno. Tener una cuenta clara del número de desaparecidos y víctimas de la Junta Militar es importante ya que, como lo comenta Crenzel (2024), las cifras de víctimas forman parte de las luchas memoriales y son instrumentos de denuncia, movilización y promueven representaciones de los procesos evocados. Este proceso se debe acompañar de un fortalecimiento institucional que dé garantía a la sociedad civil de un recuento transparente y claro, pero sobre todo, uno que le dé garantías de no repetición y que eduque a las nuevas generaciones y las nuevas juventudes políticas en torno a la protección de los derechos humanos y la democracia.

​

El caso argentino es una lección importante para entender las consecuencias que puede llegar a tener el terrorismo de Estado y la importancia de condenarlo con vehemencia, no solo de forma retrospectiva hacia las dictaduras ya consumidas en la región, sino también de forma crítica de cara a los nuevos y persistentes autoritarismos en América Latina, como lo son el venezolano y el cubano. De acuerdo con Foro Penal (2024) ya son más de 1.905 presos políticos en Venezuela en un contexto donde la democracia y la independencia judicial se han visto cooptados por un gobierno ilegitimo, mientras que en Cuba, según cifras de Prisoners Defenders (2024), son 1.106 personas que permanecen privadas de la libertad por motivos políticos e ideológicos en un régimen que inhibe las libertades individuales y suprime los derechos humanos.

​

Recaer en estas prácticas, o permitir que pasen desapercibidas, es un retroceso que no puede tener lugar. Toda forma de represión o violencia por parte de cualquier tipo de gobierno, ya sea por motivos de orden público o de defensa nacional, debe encender las alarmas de forma inmediata entre la sociedad civil. La condena del terrorismo de Estado, acompañada por la promoción de la memoria, la verdad y la justicia, es un paso fundamental para consolidar la democracia y proteger los derechos humanos en la región. Solo mediante un compromiso firme con estos valores se podrá garantizar que nunca más se repitan los horrores del pasado y que las nuevas generaciones construyan sociedades más justas y equitativas.

 

Referencias

 

Estrada, J. (2009). La problemática de la conceptualización del terrorismo de Estado. Universidad de Antioquia.

​

Concatti, L. (2024). Argentina: entre el negacionismo y el clamor de justicia, 48 años después del inicio de la dictadura. France24.

Crenzel, E. (2024). ¿Cuántos son los desaparecidos y cuantas las víctimas de la desaparición forzada en la Argentina? Debates político-memoriales e investigación académica. Cambridge University Press.

​

Educación y Memoria. (2021). La última dictadura : mejor hablar de ciertas cosas. Biblioteca Nacional de Maestros.

​

Piñero, M. (s.f.). El Terrorismo de Estado en Argentina. Una aproximación a las prácticas genocidas durante la última dictadura militar. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

​

Santos Cid, A. (2024). Leila Guerriero: “Mi esperanza es que la mayoría de la gente consensuamos que en la dictadura argentina hubo terrorismo de Estado”. El País.