A cuatro meses de iniciada la llamada Tarea Ordenamiento, la sociedad cubana está siendo impactada por una sostenida y profundizada crisis en todos los órdenes y niveles, configurando un presente de incertidumbre y malestar social. A la crisis del modelo económico y a la escasa voluntad gubernamental de iniciar las reformas que se requieren, en correspondencia con la gravedad del contexto interno y externo (pandemia y embargo), se le suman los impactos negativos sobre el bienestar de la población derivados del alza sostenida en el costo de la vida.

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Aumentan con ello las dificultades previas para sostener y apoyar los cuidados y la atención de las personas en situación de vulnerabilidad en medio de todas las dificultades y restricciones que ha generado la pandemia en la isla, empeorando el diagnóstico de crisis de los cuidados en el escenario de un envejecimiento demográfico acelerado. Algunas publicaciones han alertado sobre la forma en que la pandemia ha amplificado las desigualdades previas y ha generado nuevas vulnerabilidades en la sociedad cubana. Vale recordar que desde las medidas de ajuste del Período Especial se generó una desconfiguración de la sociedad homogénea e igualitaria instituida entre 1959 y 1990 (Bobes, 2016), siendo el elemento más desestructurante el aumento de la visibilidad de numerosas formas de desigualdad.

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Aunque la evidencia científica es insuficiente debido a la inexistencia de mecanismos o instrumentos de medición de la opinión pública permanentes sobre estos temas en la isla, hay información de diversas fuentes periodísticas (oficiales y de carácter independiente) que indica que la percepción ciudadana sobre las reformas recientes y su impacto es altamente negativa. Hay consenso en la imposibilidad de satisfacer necesidades básicas a través del salario, pese al incremento producido. Es ínfimo el porcentaje de personas que considera que los nuevos precios son acordes a los nuevos sueldos y juzgan desmedido el aumento de todos los precios. Se valora que la subida de los precios tampoco se ha traducido en una mejoría de la calidad de los productos y muchos de ellos deben adquirirse en moneda libremente convertible.

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El escenario previo a la Tarea Ordenamiento ya estaba marcado por significativos recortes en los productos subsidiados, los que continúan ampliándose. Se acompañaba además del descenso en la calidad de los servicios de protección y de los recursos que se transfieren por la vía de la política social (salud, educación, asistencia social, etc.), así como la disminución del gasto social. La sumatoria de estos factores ha ocasionado la aparición (y estabilización) de una franja de la sociedad que vive en condiciones de pobreza. Las investigaciones en sectores urbanos realizadas en la isla indican que la población en esta condición aumentó en esta área del 6,3 % en 1988 al 20 % hacia el 2000 y se ha convertido en una franja "resistente y difícil de remover" (Espina, 2014).

A pesar de las dificultades para medir la pobreza en Cuba y de la multidimensionalidad del fenómeno, se han hecho esfuerzos para identificar, al menos desde el punto de vista de los ingresos, aquellos grupos que pudieran estar en riesgo. Previo a la pandemia, varios economistas y sociólogas alertaban sobre la emergencia en Cuba de una masa significativa de personas con riesgo de pobreza de ingresos (Everleny, 2018; Monreal, 2018 y Espina, 2020). En dicha situación estarían el 41,7% de la fuerza de trabajo estatal, los pensionados y los beneficiarios de la asistencia social. Sumadas las tres categorías, serían 5 753 804 personas, lo que equivaldría, aproximadamente, al 51% de la población cubana (Everleny, 2018). Se desconoce cuál ha sido el impacto de la situación del último año sobre estos indicadores, pero es presumible que haya aumentado.

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En este escenario, el rol de la asistencia social, la redistribución de responsabilidades de cuidado y la participación de la sociedad civil y la comunidad son vitales para contener el empobrecimiento y proteger a los grupos vulnerables. Sin embargo, ni en la Estrategia gubernamental para enfrentar la Covid-19 anunciada a mediados del 2020, ni en la Tarea ordenamiento, ni en el recientemente clausurado VIII Congreso del PCC, la sostenibilidad social, entendida como la capacidad de las sociedades y de los sistemas de protección de proveer y sustentar en el tiempo el bienestar de toda la población, ha ocupado el lugar que la actual crisis demanda. Por el contrario, con preocupación hemos observado un repliegue creciente del Estado cubano en la protección social, la introducción de criterios selectivos en las políticas sociales que refuerzan la diferencia sobre la igualdad, la asignación de un mayor peso al mercado en la satisfacción de necesidades básicas y un trasvase hacia las familias de las responsabilidades de cuidado y atención, en discordancia con el discurso oficial que promete que “nadie quedará desamparado”.

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No hay que perder de vista que todo esto está transcurriendo en un tenso escenario político interno, en el que se ha producido un aumento de los mecanismos de represión hacia la libertad de expresión, mediante la aplicación de los Decretos Ley 349 y 370, bajo los cuales periodistas independientes, opositores, artistas, activistas políticos y ciudadanos en general han sido detenidos, amenazados y/o multados por grabar y publicar en redes sociales denuncias de distinto tipo. En paralelo, se ha visto una escalada de los medios de prensa oficialistas, durante el período más crítico de la pandemia y hasta la actualidad, en el uso de los “asesinatos de carácter”, que afectan desde ciudadanos “comunes” que son acusados, sin proteger su identidad y sin haberse iniciado proceso penal alguno en su contra, de delitos contra la economía del país (robos, malversación, venta ilegal, etc.) hasta activistas y opositores, cuyas vidas íntimas y trayectorias profesionales son desprestigiadas públicamente sin derecho a réplica. En paralelo, han aumentado las detenciones arbitrarias, alcanzando más de un millar las acciones violentas contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes en abril, lo que convierte al mes en el más represivo en lo que va de 2021, según reporta el Observatorio de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid.

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Coincidentemente, el último panorama social de la CEPAL presta atención al malestar social. Lo ubica como un factor de transformación y de progreso social, pero, al mismo tiempo, como fuente de apatía o desafección política, no permitiendo que el descontento tenga una expresión estructurada a través de demandas específicas. El informe alerta sobre las repercusiones que pueden traer la falta de respuesta al malestar por parte de gobiernos e instituciones, anticipando que aquellas respuestas que no sean sostenibles en el tiempo, pueden generar grandes tensiones, conflictividad e inestabilidad.

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Con estas preocupaciones de trasfondo para el caso cubano y las posibles repercusiones de un manejo inadecuado del malestar social, hemos reunido un grupo de contribuciones de investigadores/as, académicos/as, activistas comunitarios y periodistas que analizan las dinámicas, características e impactos sociales de la llamada “Estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19” y su más reciente “Tarea de Ordenamiento monetario”. Se abordan los múltiples desafíos que presenta el bienestar y las políticas sociales en la isla y su relación con las transformaciones económicas y estructurales que se han ido produciendo como resultado de las reformas implementadas.

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Se analizan cómo se han visto afectados algunos de los grupos más vulnerables de la población cubana, qué incidencia pueden tener las reformas sobre la pobreza y la desigualdad, qué nuevas problemáticas sociales han emergido como resultado de las mismas en un contexto de pandemia y de crisis económica agravada. Los trabajos cubren diversos aspectos y componentes de la crisis social (económicos, éticos, sociopsicológicos, demográficos, bioéticos, de género y participación de la sociedad civil) y en distintos niveles (micro, macro), así como las estrategias y desafíos de algunas organizaciones de la sociedad civil para abordarla.

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*Elaine Acosta González, investigadora asociada al Cuban Research Institute y Directora del Observatorio sobre Envejecimiento, Cuidados y Derechos en Cuba

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Referencias

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Bobes, C. (2016). “Reformas en Cuba: ¿Actualización del socialismo o reconfiguración social?”, Cuban Studies 44 (165-188)

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Espina, M. (2014). “Desigualdad social y retos para una nueva institucionalidad democrática en la Cuba actual”, Espacio Laical, 2, pp. 101-104

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Espina, M. (2020). “Reforma y emergencia de capas medias en Cuba”, Nueva Sociedad 285 (108-121)

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Everleny, O. (2018). “Desigualdad y población en riesgo de pobreza en Cuba”, OnCuba, agosto de 2018. https://oncubanews.com/cuba/desigualdad-y-poblacion-en-riesgo-de-pobreza-en-cuba/

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Monreal, P. (2018). “La pobreza en Cuba es “relacional’, medible, y superable”, El Estado como tal, 14 de septiembre,https://elestadocomotal.com/2018/09/14/1798/fbclid=IwAR0BiTnGk2yS5Wgw1MKjgDxMUA3Cm6NG6S-XKr4_AC2k7ueiXF-SWEFot84