Introducción 

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Hace mucho tiempo que la invención de lo revolucionario cubano, que había alimentado el pensamiento utópico de la izquierda latinoamericana, ha dejado de ser mito y legado. Los únicos que se refieren a los logros o las garantías del proceso cubano, con base en el golpe de Estado de 1959 son, el mismo gobierno en la isla, o una casta muy específica de intelectuales peregrinos que se resisten a dejar ese maltrecho lugar común a riesgo de invalidar sus carreras y privilegios. La realidad cubana, ya convulsa desde la década de los noventa, no resiste agasajos sin que sobresalga la amargura de la escasez, las evidencias de un país en una crisis profunda y multisectorial, resultado del cúmulo de decisiones coyunturales y personalistas, de una burocracia ineficiente, de un neopatrimonialismo de pactos opacos, de una resistencia al diálogo con sus ciudadanos.   

En julio del 2021 hacía mucho que el tejido social cubano ya no refería al proceso. Las lógicas excepcionales de este, y su criticado acuse en los medios alternativos en Cuba, así como sus diferentes negociaciones en las redes digitales comenzaban a resistir el monopolio de la memoria nacional ejercido por el gobierno a lo largo de décadas. El 11J fue heredero de lo anterior, pero también protagonista de un nuevo tablero de representaciones. Esa jornada encarnó un cambio en la apreciación de muchos cubanos dentro de la isla. Si por años los cubanos debieron modificar lenguaje y hábitos para reproducir la retórica revolucionaria, desde el 11J  se vio un distanciamiento radical de esta. Personas que intentaban relativizar los efectos de la administración cubana comenzaron a acusarla sin medias tintas, el término “dictadura” ha sido el más usado  a un año del estallido social.  

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Esto no es poca cosa. Para una sociedad desprovista por décadas de una esfera pública donde ventilar un debate amplio y plural, para un cuerpo social bajo un intenso sistema normativo e hiperpolitizado, con un daño antropológico definido, las manifestaciones a lo largo del país resultaron una evidencia clara del cambio de una mentalidad epocal dilatada desde 1959.  

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Antecedentes 

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Hacía unos años Cuba había vivido un incipiente y fugaz “descongelamiento” y acercamiento a Estados Unidos que se tradujo en aspiraciones y nuevos emprendimientos. Tras esta breve ilusión el gobierno personificado en Miguel Diaz Canel asumió una postura inmovilista y de “continuidad”, que no solamente se estancó en los planos de la gestión y reforma con respecto al período anterior, sino que abrió la puerta a una etapa de empobrecimiento y crisis económica, acompañada por un refuerzo de los mecanismos de control social (Marrero y Chaguaceda, 2021) 

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Definitivamente el cuerpo social preámbulo del 11J no era el mismo que el testigo de los setenta o los ochenta, tampoco de un episodio de protesta similar en 1994. El 2021 presenció un importante flujo migratorio, una mayor difusión de canales de información alternativos y más recursos para una infrapolítica cotidiana que ha echado mano de memes, stickers y post en Facebook y Twitter para difundir todo tipo de mensajes críticos. Estos expresiones, que no han hecho más que escalar desde esa fecha, y aún sin situarse diagonalmente con las políticas del Estado cubano, contenían entonces cada vez más repertorios de protesta popular, de reivindicaciones ciudadanas sectoriales. Poseían además una contra-consigna a los slogans de antaño, Patria y Vida vs. Patria o Muerte. Sobre todo, partían de una gran insatisfacción. El año 2021 había tenido los momentos más graves de la pandemia para la isla echando por tierra los paladines de la seguridad médica cubana, el funcionamiento hospitalario y la propia gestión gubernamental. Se hicieron populares etiquetas como #SOSMatanzas y #SOSCuba. Además, el ordenamiento monetario no había hecho más que crear una altísima inflación, contradecir otrora políticas de penalización del dólar para presentarla como la moneda dura para adquirir productos incluso de primera necesidad, en una población cada vez más vulnerable y sin acceso a divisas extranjeras. El incremento de la desigualdad y la escasez, y el contraste de la inversión inmobiliaria por sobre el gasto social no pasaron desapercibidas.  

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El déficit energético y los largos cortes de fluido eléctrico como consecuencia hicieron retornar el imaginario social al Periodo Especial, con la diferencia de tener ahora en mano herramientas de exposición, denuncia y articulación como las redes digitales. El monolito discursivo también perdía la balanza que había asegurado una intelectualidad comisariada, próxima a las instituciones oficiales. Desde la huelga en la sede del Movimiento San Isidro y la concentración frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre del 2020, el aro más cercano a la política (cultural) que le granjeaba cierta credibilidad al gobierno, se había mostrado fracturado y en posición de exigir negociaciones con las instituciones.  

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En honor a una tradición decisionista, el diálogo y la negociación no se produjeron, y a la ausencia de políticas de concertación le sucedió un control punitivo, de detenciones, vigilancia, prohibiciones de viaje, difamación en los medios de comunicación nacionales y recortes de señal móvil. Esta reacción se asociaría a gobiernos regionales que habían abandonado el respaldo a una mediana credibilidad, y que se habían distanciado de tradiciones de una izquierda internacional para fungir como gobiernos netamente dictatoriales, los mismos gobiernos públicamente aliados de La Habana, como el venezolano o el nicaragüense.  

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Mientras más se profundizó la crisis y los mecanismos sociales de ajustes de cuentas identificaron al Estado como su causante, mayor fue la percepción de retroceso del otrora Estado protector. El aumento de la desigualdad, el borrado de antiguas apelaciones de justicia social para mostrar un Estado con políticas expoliativas (con las tiendas MLC y los mercados online, con la tasa cambiaria del dólar, etc.), separaron los constructos socialistas clásicos en favor de un principio de rentabilidad, todo lo cual fortaleció la identificación en la población de un Estado postsocialista, empresarial y capitalista (Thiemann, 2019).   

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El 11J como catalizador 

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Confirmando la propia retórica confrontacionista que venía utilizando un discurso oficial tendiente a la criminalización de la disidencia, la reacción presidencial el 11J  se decantó por una respuesta rápida de represión masiva. Díaz Canel afirmó que “la orden de combate estaba dada”. En paralelo se movilizaron las Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) para controlar los estallidos de inconformidad popular. El reconocimiento de una fracturación social de este calibre, de reconocer en los congéneres (vecinos, colegas, conocidos) un mecanismo de represión con la indulgencia del Estado tampoco pasó desapercibida por la población cubana. La búsqueda emprendida por las madres y esposas, entre otros familiares de detenidos que alcanzarían la cifra de más de 1400 personas según Cubalex, junto a los cortes de datos móviles y la criminalización que los medios nacionales realizaron sobre un diverso grupo poblacional (hombres y mujeres, jóvenes, padres, trabajadores, profesionales, estudiantes) echaba por tierra los mínimos parámetros de justicia que podrían haberse mantenido, y acercaban paralelos con la historia de gobiernos dictatoriales en la primera mitad del siglo XX cubano. 

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En suma, elementos tanto de violencia política directa y multitudinaria (procesos judiciales masivos, detención domiciliaria, amenazas, prohibición de salida del país) como su redifinición en la regresión de servicios sociales, en el mal uso de medios de comunicación como propaganda y asesinato de la reputación, en el uso de tecnologías de la información para la vigilancia y el control de la población, profundizaron la percepción de indefensión sostenida en la ciudadanía, moldeando no solamente las reacciones del imaginario instituyente, sino la mentalidad y el discernimiento de lo político, en los individuos y las comunidades en Cuba.  

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Giro de mentalidad en favor de un mayor reconocimiento de irresponsabilidad política

 

El sensus comunnis que mostró el 11J, la articulación espontánea, masiva y difundida en el territorio nacional mostró un gobierno sin mayores recursos de gestión que la violencia estatal. Un gobierno que, acostumbrado a desoír reclamos y exigencias ciudadanas, no tuvo mecanismos para gestionar, dialogar o pactar frente a la inconformidad de gremios, familias y colectivos diversos. Y es que, cuando la razón política parte de postulados canonizados, la normatividad del proceso es autorreferencial; en este sentido el 11J fue un ejercicio de persuasión importante para la sociedad cubana, mostrando mayor sentido común que la retórica gastada del gobierno. Algunos giros a tener en cuenta son: 

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- Manejo de la pandemia (giro en la suposición de la salud pública eficiente): A una administración con escasos recursos de legitimación, se le agrega la expansión de la jurisdicción médica sobre grandes segmentos de la población en condiciones de vulnerabilidad médica o social. Estas personas distinguieron la dicotomía entre reglas contra el contagio como las altas multas, y las inevitables colas y aglomeraciones, prolongadas por horas, para conseguir alimento. El colapso de instituciones hospitalarias y cementerios, así como el testimonio en redes de familiares de contagiados por COVID, que no aparecían en las cifras oficiales evidenció una administración ineficaz así como la posibilidad de ocultamiento estadístico. Acá es importante aclarar que aún en este descontento, Cuba fue el segundo país de mayor tasa de vacunación seguido por Arabia Saudita, algo que bien podría analizarse como consecuencia de una larga tradición de acatar leyes en sistemas normativos. 

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- Explotación del capitalismo cubano (giro en la suposición de igualdad económica): Antes del 11J existía un reconocimiento en la diferencia entre las utilidades generadas en empresas estatales claves, sus ganancias y la baja tasa salarial. También se había acusado en las redes los elevados costos de los productos manejados por las principales corporaciones comerciales con altas ganancias a expensas del poder adquisitivo de la población. La creación de las tiendas MLC fue la gota que rebasaría el vaso al desproveer simultáneamente las antiguas TRD y otros puntos de venta, con productos básicos de higiene y alimentación.1 Actualmente el desabastecimiento en el país contrasta con la provisión y los precios en los establecimientos en MLC (una moneda a la que no tiene acceso la mayor parte de la población y que ha causado una alta inflación en el mercado negro) así como las ofertas de los mercados online como Katapult y MallHabana, solo adquirible desde el exterior con tarjetas de crédito. 

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- La violencia paramilitar (giro en la suposición de seguridad social): Los actos de repudio se habían retomado como herramienta intimidatoria por parte del Estado, esta vez amplificando su objetivo a iniciativas y grupos de la sociedad civil independiente, a activistas, a periodistas, disidentes y opositores, a blogueros, artistas y miembros de la población en general, fundamentalmente jóvenes. Participan miembros de la comunidad, vecinos, compañeros de trabajo, o personas de diferentes instituciones estatales, movilizadas y transportadas hacia el domicilio del “contrarrevolucionario”. Estos actos han sido justificados por los medios de comunicación nacionales con frases como “El pueblo también se cansa y la gente tiene derecho a defender. (…) tendrán que asumir lo que la gente le responda”[2]. El 11 de julio y en las jornadas sucesivas el gobierno reactivó las Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) como tropas de choque contra cualquier conato de manifestación similar. A trabajadores estatales y agentes del Departamento de la Seguridad del Estado se les asignaron tonfas y palos como formas de amedrentamiento. Estas personas tuvieron además total respaldo de los agentes policiales y del orden, así como inmunidad jurídica. 

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- La vigilancia gubernamental (giro en la suposición de no violencia estatal): Tanto la identificación aleatoria de manifestantes a través de las redes para su posterior detención, como la aplicación ad hoc del Decreto-Ley 35 para detener a toda persona que, aún no participando de la demostración, hubiera documentado el suceso han sido utilizados como mecanismo coactivo contra la libertad de expresión y de información. Antes y después ha habido reconocimientos de estrategias similares en esta dirección, tales como la obstaculización selectiva de acceso a aplicaciones de mensajería, la proliferación de perfiles falsos progubernamentales identificados popularmente como “ciberclarias”. 

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Podemos decir entonces que el reconocimiento de la violencia estatal ha tomado un plano importante en el cambio de mentalidad del imaginario social cubano respecto al proceso. En general existe la percepción de una violencia estructural a partir de la desigualdad económica, las condiciones de escasez de alimentos, el desinterés estatal frente a la emigración y sus consecuencias socioeconómicas, el uso de la violencia paramilitar como mecanismo represivo incluso con un conflicto social interno como desenlace, el dominio del proceso sin modificaciones ni diálogo. Tras la pandemia, con una desigualdad económica elevada, se evidenció un desbalance similar en la protección de la salud en tanto sectores estuvieron más expuestos, con menor acceso a medicinas (importadas) y menores garantías en las instituciones hospitalarias. 

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Conclusiones 

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Por décadas el proceso político en Cuba rearticuló el espacio público en la sociedad cubana con índice en la alienación, la atomización y la anomia social. El 11J retomó de forma espontánea el dominio de la racionalidad política, para renovar el lenguaje con el que los cubanos comienzan a referirse a ella. El 11J, en confluencia con las exigencias ciudadanas a nivel regional frente al avance del autoritarismo, muestra un traslado de referentes responsables de la integración de la sociedad desde una nueva reconfiguración de la memoria colectiva y de ideas sobre el presente y el futuro con nuevos marcadores, alejados de la anquilosada dirigencia burocrática del país. A un año de esta jornada, resalta, por parte de la sociedad cubana, el escrutinio de monolitos e ideogramas simplificadores, maniqueos o excluyentes, así como su distanciamiento de la instrumentalización y normalización de prácticas discursivas violentas que había realizado el Estado.  

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Sin embargo, el 11J también colocó al grueso de la población cubana en una situación radicalmente nueva, caracterizada por una extrema inseguridad, la ausencia de garantías materiales y sociales y la preeminencia de la violencia penal. Las consecuencias sociales y psicológicas a un año del 11J muestran una ausencia de nuevas reglas de vida económica y social. En tanto el gobierno no muestre capacidad para dialogar o lograr un consenso político, nuevos principios regirán el comportamiento social. El déficit de información social que ha promovido el gobierno, o sea, la información esencial que permite a las personas comprender lo que sucede en el país, orientarse en los procesos de la vida económica y social que preocupan a todos los cubanos, será un terreno propicio para protestas posteriores, para ejercicios más desinstitucionalizados, para una acción de sobrevivencia que poco tiene que ver con la reconstrucción de una nación. 

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Referencias 

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Marrero, Claudia y Armando Chaguaceda (2021) Cuba: ¿primavera cívica o congelamiento autoritario? DemoAmLat. https://demoamlat.com/cuba-primavera-civica-o-congelamiento-autoritario-1/ 

 

Periodismo Situado (2022). Vivir en Cuba hoy: mercado negro, colas imposibles, especulación y la aventura de hacer las compras. Clarín. En: https://www.clarin.com/mundo/vivir-cuba-hoy-colas-interminables-especulacion-mercado-negro-hacer-compras_0_iKg2Pltdyy.html 

 

Thiemann, Louis (2019). Sistematicidad de la explotación en el capitalismo cubano Foro Cubano: Economía y Sociedad, vol. 2 (7), pp 3-5.