A pesar de que el pasado 7 de diciembre entró a regir el polémico Decreto 349 en Cuba, que restringe la actividad artística y cultural en el país, el gobierno del presidente Miguel Díaz Canel tuvo que aplazar su aplicación como resultado de las protestas de un buen número de artistas cubanos y del rechazo de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch. En palabras del Ministro de Cultura, Alpidio Alonzo, el decreto está en una fase de discusión y se irá poniendo en marcha de forma progresiva, lo que quiere decir que está vigente pero se va a socializar con los artistas para producir las normas complementarias que le darán contenido. Pero, ¿de qué se trata este Decreto y qué se puede esperar ahora que se encuentra vigente?

​

El Decreto 349 del 20 de abril de 2018 fue firmado por el presidente del Consejo de Estado y de Ministros Miguel Díaz Canel al día siguiente de su posesión y sin entablar ningún tipo de diálogo con los artistas cubanos. El argumento, repetido como mantra por diferentes funcionarios del gobierno, ha sido que la decisión del ejecutivo responde a las demandas de larga data de artistas y escritores frente al intrusionismo de personas que no son artistas pero que posan como tal, y terminan por llevar el arte a la banalización de expresiones vulgares y mediocres. Y aunque lo dicho por los funcionarios no es del todo falso, teniendo en cuenta que existe división dentro del mundo del arte al interior de Cuba, lo que sí se puede decir es que no hubo consulta y se hizo de espaldas a los principales afectados.

​

Los cuestionamientos al Decreto

​

Los cuestionamientos frente al Decreto se han centrado en, al menos, cinco aspectos: primero, las restricciones frente al ejercicio de actividades artísticas por parte de personas que no cuentan con “autorización” para ejercer este tipo de actividades; segundo, la “extensión de las sanciones” a los que contratan los servicios y los que aprueban o permiten la realización de las presentaciones sin la debida autorización; tercero, la “censura” de todos aquellos contenidos que se consideran contrarios a la moral y las buenas costumbres; cuarto, la creación de una “policía cultural” que se encargará de hacer cumplir los mandatos del Decreto; y quinto, la definición de “recursos de apelación” en un contexto en el que no existen garantías ni segundas instancias neutras.

​

Expliquemos mejor el asunto. El Decreto pone en jaque a los artistas cubanos porque genera ambigüedad sobre el ejercicio de la actividad artística, toda vez que para desarrollarla se necesita estar autorizado para el ejercicio de las labores, es decir que las personas autodidactas o que no están vinculadas a “entidades o colectivos artísticos” quedan excluidas. Además, el Decreto garantiza esta exclusión a través de la ampliación de las contravenciones a los consumidores y patrocinadores, de tal manera que si el artista decide correr el riesgo, es muy factible que los que pagarían por la actividad se abstengan de contratarlo por miedo a la sanción.

​

Pero, tal vez lo más problemático del Decreto es la censura por motivos “nobles”. Según el Decreto los medios audiovisuales o la difusión de música con contenido vulgar, obsceno, discriminatorio y sexista pueden incurrir en contravenciones muy graves. Y aunque existe rechazo frente a la degradación cultural y la banalización de la cultura, la ruta para corregir estos rumbos en nuestras sociedades, debe ser igualmente cultural y el Estado debería intervenir únicamente a través de la educación y la construcción de valores, no a través de la sanción, la censura y mucho menos la persecución y la prohibición.

​

Así las cosas, el Estado cubano ha recobrado una figura de antaño para blindar lo que se considera contrario a los preceptos de la Revolución; el macabro rol de los “supervisores-inspectores” que no son otra cosa que funcionarios gubernamentales encargados de imponer las medidas sancionatorias contenidas en el Decreto. Pero ¿cómo definir lo que se considera sexista, discriminatorio, vulgar u obsceno sin hacerlo de una forma subjetiva? ¿Cómo hacerlo sin tener prejuicios o criterios arbitrarios de censura? esta figura recobra, con sentido, los más profundos miedos de la intelectualidad y el arte independiente de Cuba, sobre todo, cuando las garantías son nulas y cualquier apelación será resuelta por las mismas instituciones estatales que vigilan, es decir, El Ministro de Cultura y los Directores Provinciales.

​

Respuestas del Gobierno

​

Frente a los cuestionamientos que se han producido en la isla, las respuestas gubernamentales no se han hecho esperar y los funcionarios del Ministerio de Cultura han respondido siguiendo tres líneas: en primer lugar, aduciendo que la regulación no atiende al proceso de creación de los artistas sino al proceso de difusión, exhibición o promoción; en segundo lugar, se ha sostenido que el Decreto no es totalmente nuevo, sino que tiene como antecedente el Decreto 226 de 1997, lo que quiere decir que el 349 solo busca actualizar el contenido para responder a la ola globalizadora que ha llegado a Cuba y que ha provocado un retroceso en el consumo cultural y artístico; y en tercer lugar, que los enemigos de la revolución han manipulado el debate para fomentar una campaña en la que se muestra que el gobierno está atacando la libertad de creación y por ende busca censurar a los artistas.

​

Sin embargo, estas respuestas resultan insatisfactorias si se tiene en cuenta que el proceso de creación es inseparable del proceso de comercialización, de tal forma que la obra artística solo logra completarse hasta el momento en el que se hace pública. Además, si bien es cierto que la Constitución de 1976 y el Decreto 226 ya contemplaban la censura como medio de control hacia las expresiones artísticas, este Decreto 349 no hace más que profundizar este salto al vacío y dejar contenidos ambiguos que, al igual que toda la normativa cubana, terminan llevando a interpretaciones acordes al interés del régimen y a la discrecionalidad de los burócratas de turno. Así es que afirmar que la campaña en contra del Decreto es una manipulación del debate, termina siendo una estrategia para desviar el debate y descalificar a los otros, esos otros que son en últimas quienes tendrán que padecer las nuevas directrices en materia de vigilancia cultural y artística.

​

Lo que viene

​

Ya son casi cinco meses del día en el que Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido y que su pareja Yanelys Núñez decidió darle continuidad a un performance en contra del Decreto 349. Mientras que él era multado y detenido por escándalo en vía publica, ella embadurnaba su cuerpo de excrementos y frente al Capitolio expresaba  “todos los artistas que no tengan estudios o que no se acomoden al canon del régimen van a apestar y al final van a desaparecer”. Si bien es cierto que Yanelys no fue multada ni detenida y pudo grabar su protesta, queda claro que la persecución a los artistas ha estado a la orden del día.

El gobierno, por su parte, ha anunciado que va a socializar el Decreto y va a realizar reuniones con los artistas para darle contenido, sin embargo, este podría entrar a operar por sí mismo y no se ve manera de que las medidas, ya por sí peligrosas, puedan ser revertidas en normativas reglamentarias, o ¿Cómo regular lo que resulta discriminatorio, vulgar u obsceno? ¿Cómo matizar la figura de la policía cultural? ¿Cómo evitar que el Estado no se entrometa en la creación artística cuando regula la comercialización? La vía que ha decidido seguir el régimen ciertamente opera en función de apaciguar los ánimos y dejar que la marea baje, pero de ningún modo plantea la posibilidad de retirar el Decreto.

​

Es por ello que el activismo artístico y el apoyo internacional a la causa se vuelven fundamentales. Si las movilizaciones y la visibilización del problema llevaron a que la implementación del Decreto se ralentizara, es posible que las presiones por todos los medios lleven a que el régimen eche para atrás su decisión. No es momento de desfallecer y hoy más que nunca todos los sectores alternativos e independientes cubanos deben enfilar esfuerzos en contra del 349. Si no lo hacen ahora, la censura se va a legalizar y el régimen va tener más dientes para controlar en un contexto en el que Cuba parece abrirse al mundo y permitir la oleada globalizadora.

​

* Este artículo apareció publicado en el portal Las dos Orillas el día 20 de diciembre de 2018.