Introducción

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El pasado marzo el Covid-19 pareció sorprender a Cuba. Algunos pensaron que la pandemia no podía azotar a la Isla. Mientras ella se extendía por el mundo, ciertas agencias de turismo vendían viajes a las playas cubanas con la “garantía”, además, de que allí no sufrirían el contagio. Tal vez la insularidad, el particular modelo social y el raro modo de sobrevivir, pudo hacer que algunos pensaran que se puede existir al margen del mundo, de la naturaleza de las cosas. Pero, una vez más, la realidad reveló que nunca es así.

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A la vez, cuando ya comenzaron los contagios, las autoridades orientaron el aislamiento. Pero, al unísono, rechazaron el cierre provisional de los centros de enseñanzas, de entidades laborales no “imprescindibles” y de las fronteras, entre otras actividades. Fundamentaron que lo harían cuando advirtieran la presencia de la pandemia en estos ámbitos.

 

Quizá hicieron esto porque preocupaba mantener las finanzas y el funcionamiento del país, para hacer frente a la propia pandemia. Pero, si esta se escalaba, lo escasos recursos que podrían adquirir en pocos días no serían nada ante lo que demandaría la tragedia. Además, según manifestaciones posteriores, quizá ciertas autoridades no comprendían aún los riesgos que incorporaba la combinación de un posible extenso padecimiento asintomático y una altísima probabilidad de contagio.

 

Ante tal despropósito, se “movilizó” la sociedad cubana transnacional en redes sociales, y muy pronto las propias autoridades fueron notificando medidas cualitativas y, además, no dejaron de suscribir que lo hacían atendiendo a las demandas sociales. 

 

Sobrepasado este instante, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero, procuraron el liderazgo adecuado y anunciaron la existencia del Final del formulario

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“Plan para la prevención y control del nuevo coronavirus”. Frente a la presunta necesidad de mayor legitimidad de este Plan, Díaz-Canel además informó la decisión del Buró Político, presidido por el general Raúl Castro, de asumir estas labores con todos los rigores necesarios.   

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De igual modo, comunicaron las tres etapas en las cuales estaban previstos dichos trabajos. La primera, “pre-epidémica”, con los contagiados que procedían de otros países. La segunda, “de transmisión autóctona limitada”, con los casos confirmados que fueran detectados sin haber tenido contacto con ninguna persona procedente del exterior. Y la tercera, “de reproducción de la enfermedad dentro del país”, para cuando se produjeran contagios en la Isla a causa de relaciones con cubanos ya contagiados.

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Condiciones sociales

Para el desarrollo de estas etapas, el gobierno ha trabajado en el funcionamiento del país. Por ejemplo, acerca de los turistas extranjeros y las fronteras de la Isla, la movilidad interna, la educación, los asuntos sociolaborales, los servicios y el sostenimiento de renglones económicos que ya padecían de una crisis.

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Intentaron colocar a todas las personas que habían llegado del exterior en los últimos días (muchas provenientes de Estados Unidos, México, Canadá, Suiza y España) en aislamiento y bajo supervisión médica. También regularon las entradas y salidas por las fronteras, de manera que sólo pudieran entrar los residentes en Cuba que estuvieran en el extranjero y únicamente salieran los ciudadanos extranjeros que se encontraban en el país.

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Comunicaron el imperativo de reducir al máximo las interacciones sociales. Por eso, resaltaron que las personas de alto riesgo debían permanecer en casa y evitar el contacto interpersonal. En tanto, anunciaron el cese de la movilidad entre las provincias, excepto para los asuntos necesarios, e indicaron la urgencia de establecer mecanismos de coordinación entre territorios. Desde esta lógica, también apuntaron la necesidad de evitar las multitudes, cancelar los eventos sociales, evaluar el trabajo en casa y la liberación temporal de los empleados públicos y privados. Siguiendo esta consideración, el Buró político del PCC suspendió la celebración del desfile del 1ro de mayo y pospuso la realización del Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

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Las consecuencias de estas medidas forzaron a decidir un conjunto de políticas de auxilio. Por ejemplo, fue acordado que los trabajadores liberados cobrarían el 100% del salario el primer mes y a partir del segundo mes el 60% durante el periodo que fuera necesario, aplazar la contribución especial a la seguridad social sin intereses, reducir en un 50 % el aporte de los “cuentapropistas” a los tributos e impuestos mensuales, e interrumpir las condiciones del crédito bancario.

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Por otra parte, era necesario sustentar lo cotidiano de una sociedad ahora casi paralizada, sin sus escasas producciones y sin ofrecer con normalidad muchos de los habituales servicios. En tal sentido, por fin cerraron las escuelas aunque mantuvieron las actividades docentes a través de la televisión, sostuvieron el 50% de los establecimientos gastronómicos, instalaron ferias agropecuarias en sitios adecuados y quisieron proteger la circulación mercantil minorista. También promovieron los servicios de mensajeros de compra-venta, el comercio electrónico, el acceso a Internet, la prórroga del pago de las facturas de servicios de telecomunicaciones y de las cuentas que venzan en este periodo, y el desarrollo de otras facilidades para acceder a la web y lograr otros beneficios que ofrecerían instituciones públicas.

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Sin embargo, fue nocivo el cometido de las estructuras que debían garantizar tales servicios. Las ofertas tele-docentes consiguieron poca solidez. La organización del comercio interior resultó altamente ineficaz y un atentado a la salud pública. Las actividades del ministro de comunicaciones relacionadas con Internet y la telefonía han sido estimadas como carentes de profesionalidad y eficacia, así como de arbitrarias por los costos y otras irregularidades. Quizás, después de esta lamentable experiencia, que ha puesto a prueba cada realidad de modo abrupto, sea imprescindible suplantar todo lo que haya sido ineficiente. Asimismo, se comenzó a trabajar para la inminencia de la temporada ciclónica que puede ocasionar otros daños a los cubanos.

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Sin embargo, todo lo anterior requería de una economía eficaz y tales circunstancias han evidenciado aún más la carencia en Cuba de apropiadas estructuras y estrategias económicas. 

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La pandemia afecta la economía de casi todos los países. Además, ha ocurrido casi a la vez para todos y en igual instante. Por ello no fueron posibles medidas para contener y atenuar. Igualmente, la recuperación forzará a que las potencialidades se vuelquen hacia las necesidades locales y la cooperación internacional sea más escuálida. Será un proceso complejo en el cual la Isla estará entre los más afectados. En tanto, resulta ineludible y urgente una reforma importante de la estructura y gestión de la economía cubana. 

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La reunión del Consejo de Ministros del 4 de mayo expresó la preocupación del actual equipo de gobierno acerca de la economía y del inquietante deterioro del bienestar social. Es posible asegurarlo a partir de la sensibilidad advertida sobre los asuntos tratados en la misma que fueron publicados por la prensa.  

  

No obstante, aconteció una irregularidad con la nota de prensa que daba cuenta de la cita. Ella fue retirada de los medios y adecuada según algún criterio poderoso, tal vez no del propio Consejo de Ministros. Esto resulta mucho más fatal políticamente que las posibles imprecisiones de criterios por parte de algunas autoridades que pudieran haber sido presentadas en el despacho de prensa.  

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Por otro lado, no considero oportuno el argumento oficial acerca de la necesidad de sustituir el texto porque era necesario no mostrar visos de incertidumbre. A partir del cotejo entre la primera versión y la definitiva, estimo que los énfasis desechados no expresaban ningún tipo de pavor, sino quizá empatía, lo cual constituye una virtud política, humana. Tal vez por eso este suceso implique un error múltiple.

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Mientras tanto, el actual esfuerzo económico se concentra en mantener algunas inversiones para varias industrias, la reparación de instalaciones de la industria turística, y la siembra de cultivos de ciclo corto.

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Responsabilidad sanitaria

Para la atención sanitaria directa, la Isla cuenta con un sistema de salud pública de suma profesionalidad y humanidad, al cual se han incorporado los Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas. Este sistema ha prefigurado el impacto de la pandemia en la Isla, aunque ella puede resultar un “ente casi incontrolable”. Los procesos de detección de los focos virales, control de los efectivos y posibles contagios y atención a los enfermos, han estado caracterizados por la organización, la celeridad y la eficacia.

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El distanciamiento social ha sido el empeño prioritario y no alcanzado de manera suficiente. En ello han insistido el presidente de la República y el primer ministro. También los viceprimeros ministros Inés María Chapman Waugh y Roberto Morales Ojeda, así como los gobernadores de las provincias más afectadas. Igualmente, los medios de comunicación han tratado de persuadir al respecto.

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Ciertamente, la precariedad económica de la sociedad, la depresión de los mercados y la incompetencia de las redes de distribución, forzaron a desestimar el confinamiento necesario; sin embargo, ello pudo asumirse con mejor actitud. Faltaron cuotas de civilidad, aunque sea imposible generalizar esta opinión.

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No obstante, ha existido una percepción adecuada acerca de la protección de los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran los ancianos, los pacientes siquiátricos y los niños sin amparo familiar. Igualmente, se ha enfatizado en la prevención de otras enfermedades endémicas que podrían incrementar la complejidad, por ejemplo, el dengue y el resto de las arbovirosis. Además, los métodos de diagnóstico de la pandemia se han aplicado a un relativo por ciento alto de la sociedad. También se han producido mascarillas para proteger las vías respiratorias e hipoclorito de sodio para desinfestar, si bien estos productos no han podido sostenerse al acceso de la población. Conjuntamente, se pretende garantizar los equipos médicos, los medios de protección del personal de salud pública, la calidad de los ventiladores pulmonares, y otros utensilios de terapia intensiva. Del mismo modo, han intentado producir los medicamentos necesarios, entre ellos, el Heberferón Alfa 2b, el péptido CIGB-258, el plasma hiperinmune, la Biomodulina T y el cigb 2020.

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Para desplegar todo el quehacer se organizó un subsistema integrado por -los consultorios de los llamados “médico de la familia” que han debido incrementar la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas y dar seguimiento a los síntomas respiratorios en pacientes de hogares de ancianos y maternos, casas de abuelos y hospitales siquiátricos; -los centros de aislamiento habilitados para las personas en cuarentena que se especializaron progresivamente; -los hospitales necesarios y las instituciones especializadas como el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri” (IPAK) y otros centros análogos.

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A la vez, todo ha funcionado a partir del desarrollo sistemático de los conocimientos, productos y servicios relacionados con el Covid-19, que provienen de la comunidad científica cubana. El sistema de salud cubano actualmente posee múltiples déficits. Sin embargo, todavía sostiene el conocimiento, la organización, disposición, experiencia y capacidad de contingencia con que fue concebido y entrenado por Fidel Castro.

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Apelaciones insatisfechas

En tal empeño, las autoridades apelaron al compromiso social, al trabajo de las fuerzas del orden, y a la gestión de los gobiernos y las instituciones municipales.

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La sociedad ha cumplido los requerimientos sanitarios, pero no de la forma debida y, además, muy lejos de las expresiones atentas y organizadas de antaño. También lo hace como quien posee escasa empatía con las directrices del poder. Asimismo, las organizaciones sociales, especie de organismos anexos al PCC, no han conseguido un desempeño significativo. Más bien dan muestras de agotamiento. Ahora en Cuba no es posible un tejido asociativo acorde a las nuevas y plurales subjetividades sociales y tampoco poseen vitalidad las organizaciones civiles que fueron músculos del sistema.

Del mismo modo, el gobierno ha subrayado la necesidad de enfrentar las ilegalidades y la corrupción, en todas sus modalidades. Con ello se refieren sobre todo a los actos y hechos que violan las disposiciones sanitarias y a los que sacan provecho de la difícil situación económica y de distribución a través de la especulación ilícita de recursos, por lo general de alimentos.

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Al respecto abundan inquietudes en dos sentidos que al parecer pudieran resultar contrapuestos, pero no lo son. Por un lado, existe preocupación por la falta de exigencia de las autoridades frente a las excesivas aglomeraciones de cubanos, por lo general vinculadas al imperativo de acceder a medios de subsistencia. Por otro lado, consta incomodidad por excesos de las fuerzas del orden con personas que vulneran las medidas de sanidad dictadas por el gobierno. Evidentemente, de entre las múltiples y profesionales instituciones militares cubanas, las fuerzas policiales, tal vez, vayan siendo una excepción que demanda un vuelco intenso y urgente.

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Igualmente, no ha sido feliz la comunicación pública acerca de las funciones judiciales en las condiciones del actual y sui generis “estado de emergencia”. El carácter público de los juicios es consustancial a la impartición de justicia, excepto en casos excepcionales, y ello implica la posibilidad de divulgar los procesos y las vistas a través de los medios de comunicación. Esto debe aportar, por ejemplo, a la transparencia y por ello a las garantías procesales, a la democratización de tales asuntos que son competencias de la sociedad y a la cultura jurídica. Por eso la vulneración de la ley y la protección de esta no son realidades que deben quedar en ámbitos privados, si bien en todo momento deben tratarse debidamente aquellos elementos íntimos que pudieran lesionar la dignidad de los implicados y sus familiares. No obstante, quizá por inopia política y estrechez comunicativa de los organizadores, la difusión de tales juicios por la televisión nacional, algo además hasta ahora ajeno al devenir social, sólo consiguió cierto impacto sombrío.     

No es posible evaluar el trabajo de los gobiernos locales, en particular de los municipios, porque al menos no está documentado. En la esfera pública se han expresado autoridades de las provincias con mayor afectación (por ejemplo, La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila, Villa Clara y Pinar de Río), pero siempre a modo de rendición de cuentas a las instancias superiores acerca del cumplimiento de las directivas de estas. Asimismo, se han conocido informaciones sobre determinados municipios (como pueden ser Plaza de la Revolución, Centro Habana, Regla, La Habana Vieja, La Habana del Este, Cerro y Cotorro), pero jamás en torno al desarrollo de las facultades gubernativas de estos y menos en relación con supuestos desempeños autonómicos.

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Tal vez el país no posea condiciones actuales, agravadas con esta crisis, para desarrollar las funciones de los gobiernos locales y llegar a la concreción de lo autonómico. Pero comenzar a evolucionar en esa dirección debería disfrutar de la voluntad política del Estado y de la sociedad. Ello resulta una demanda de la libertad, la democracia, la gobernabilidad, la eficacia, el desarrollo y el bienestar. 

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Sin embargo, quizá las provincias y los municipios no hayan ejercido las funciones que preferimos, pero probablemente ejecutaron labores importantes que desconocemos por deformaciones de otra índole. Por ejemplo, distorsiones de la cultura institucional y de las políticas comunicativas.

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Cooperación internacional

El gobierno cubano, en el contexto de Covid-19 y acostumbrado a una política internacional otrora propia de un importante país del primer mundo, procuró un perfil global destacado. En ese arrojo socorrió al crucero británico MS Braemar, que viajaba con casos de contagios reportados y no encontraba puerto donde ser recibido y evacuar a los pasajeros y la tripulación. Por otro lado, organizó veintiséis brigadas de sanidad para asistir en veinticuatro países.

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Esto constituye una labor positiva. Resultan beneficiadas las personas enfermas y los sistemas de salud que deben atenderlas, los galenos cubanos reciben una remuneración (que buscan con ansiedad) capaz de contribuir al bienestar propio y de la familia, y el Estado de la Isla consigue el rédito político y económico que también procura. Ninguno de estos beneficios es ilegítimo.

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Tampoco merece repudio que sea la institución pública esa especie de agencia conductora de tales contratos y no lo haga una entidad privada, desprovista directamente de los empeños políticos y económicos de un gobierno. Si bien no comparto de forma suficiente la manera en que se logran dichos contratos y se ejercen estos servicios. Por ejemplo, la cuota de ganancia correspondiente a la retribución de los galenos cubanos no debía ser tan escuálida, sino proporcional; el endeble salario ordinario de los especialistas en la Isla tendría que dejar de constituir elemento esencial para que estos se dispongan a ejercer esos servicios; los contratados no deberían participar a modo de “milicia” porque ello no es necesario para que acontezca de forma organizada y puede lastrar su cometido individual, familia; y no tendría que ser excluida la posibilidad de que también lo emprendan agencias no gubernamentales del país.

Conclusiones

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Hay que reconocer que la Isla aún posee un Estado eficaz frente a los desastres, pero también que ya es mucho menos eficaz acerca de cuestiones fundamentales.

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Después de una extensa insistencia en contra de cualquier reforma, el despacho de prensa de “Granma”, del 1 de junio, que da cuenta de una reunión del Consejo de Ministros, informa que el primer mandatario advierte la necesidad de transformar el sistema productivo en busca de eficiencia y productividad, utilidad e ingresos, con el objetivo de lograr desarrollo, exportar y satisfacer las demandas internas de bienestar. Para ello, indica el jefe de Estado, habrá que cuestionarlo y revisarlo todo, con el propósito de modernizar las instituciones y los procesos, pues en muchos casos estas tienden a entorpecer cadenas de gestiones. 

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Sin embargo, esto sucedería después de desperdiciar todas las oportunidades posibles de hacer estos cambios con las indispensables condiciones de estabilidad. ¿Qué sucederá? ¿Comenzarán reformas profundas e integrales? ¿Se hundirá el modelo social -como les advirtiera el propio general Raúl Castro en 2010? De seguro no ocurrirá ni una cosa ni la otra, pero todo será distinto, aunque azaroso, pues el poder deberá enfrentar definitivamente sus fobias con la libertad. Ello resultará complejo, porque no tendrán que vencerlas sólo en cuanto a la libertad de los otros, sino incluso en torno a la suya propia.