La producción y comercialización de alimentos del área agrícola en Cuba antes de 1959 estaban en su gran mayoría, en los sectores privados. Había una prolífera producción de frutas, caña de azúcar, tabaco y café, con fuertes excedentes que se redistribuían en otros sectores y se exportaban. La Constitución de 1940 en su artículo 271 lo recogía así: “Será función primordial del Estado fomentar la agricultura e industria nacionales, procurando su diversificación como fines de riqueza publica y beneficio colectivo”.

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El periodo revolucionario se caracterizó por la presentación de un conjunto de medidas encaminadas “a resolver” los problemas económicos más apremiantes, entre ellos el de la alimentación, aunque las más sobresalientes fueron las relacionadas con la tierra. La primera y segunda Ley de Reforma Agraria, por la cual le removieron las tierras a personas e instituciones que las hacían producir, rompieron el equilibrio lógico que existía entre la agricultura, la alimentación y la industria. Estas leyes agudizaron los problemas de la alimentación y con ello la cultura alimentaria así como la incipiente fuga de los inversionistas del sector alimentario. De tal modo, las regulaciones establecidas por el gobierno de inmediato aumentaron las penurias para la población.

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Mas del 80 % de las tierras cultivables quedaron en manos del Estado, en las que actualmente prima el abandono al haber retrocedido la agricultura a un sistema medieval: apenas hay aperos de labranza, escasean los insumos, nuestros campos cultivables están llenos de marabú y maleza.

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La incapacidad del Estado para hacer producir nuestras tierras ha quedado demostrada en estos 63 años. En el mes de abril de 2021 el gobierno dio a conocer 63 medidas para incrementar la producción de alimentos en el país e informó que 30 de ellas eran de aplicación inmediata. Sin embargo, después de más de un año, cada vez llegan menos productos agrícolas a la mesa del cubano. El gobierno afirma que el 2022 es decisivo en los resultados de estas medidas para producir alimentos, pero termina el primer semestre de este año y los platos siguen vacíos. Además, la gran escasez ha exacerbado el aumento vertiginoso de los precios.

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La base fundamental del sistema económico agrícola cubano está erigida sobre cinco formas productivas: las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA), los productores individuales, las Granjas Estatales y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). En ellas trabajan alrededor de un millón de personas.

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Por otra parte, el Decreto Ley 300, del Consejo de Estado, y la Ley 95, limitan la libre comercialización de los bienes agrícolas producidos por los campesinos, así como la venta directa de dichos productos a la población. Su aplicación, lejos de ayudar a solucionar los problemas crecientes de desabastecimiento de productos agrícolas en los hogares de los cubanos se muestra como elemento restrictivo. Por lo que estas regulaciones no son más que mecanismos de control y medidas para mantener la vigilancia en torno a los productores de alimentos.

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Por su parte, la cultura alimentaria se ha venido transformando, generación tras generación, después de 1959. Quizás se ignora que antes de esa fecha en nuestro país cada región, provincia, e incluso ciudad tenía ricas tradiciones y cultura culinarias que conformaban su identidad. Variadas y deliciosas recetas típicas eran motivo de orgullo para los locales y deleite para los huéspedes, pero toda esa gran variedad de productos de nuestras granjas, campos, ríos y mares desapareció precipitadamente tras la llegada del socialismo a Cuba. Nuestro país no era perfecto, sin embargo, aunque durante la República había carencias, la situación de entonces es incomparable a la situación actual. Existían muchos asuntos que se debían mejorar, otros a superar, pero en la práctica y al sol de hoy, lo que hemos visto es el derrumbe total del sistema alimentario cubano.

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Un factor determinante en el estancamiento en la producción de alimentos ha sido la política de precios agrícolas y el acopio de las producciones, que comenzó con la extinta JUCEPLAN (Junta Central de Planificación), que pretendía altos niveles de control, y que al final jugó un papel significativo en la desmotivación de los campesinos y los productores de alimentos, al punto de no tener incentivo para producir y obtener las ganancias adecuadas de sus mercados.

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En la primera década de esa ofensiva revolucionaria ocurrió un desastre natural producto del paso por el territorio de las provincias de Camagüey y Oriente del Ciclón Flora, en zonas densamente pobladas de campesinos pecuarios y agroindustriales con serias afectaciones. En pleno verano de 1994 el llamado Periodo Especial llegaba a su etapa más significativa, la economía cubana se desangraba, escaseaban los alimentos, no se podía llevar un plato de comida a la mesa, los cubamos se hartaban. El 5 de agosto cientos de personas salieron a protestar por el Malecón de la Habana, fue hasta ese momento el acto de protesta masivo de mayor volumen desde 1959. Poco después Fidel Castro abrió las puertas del país y decenas de miles de cubanos emigraron, en ese éxodo salieron campesinos con larga experiencia en la producción cañera, tabacalera y cafetalera.

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Cerca de tres décadas posterior a la crisis de 1994, el domingo 11 de julio de 2021 en una ciudad eminentemente agrícola, San Antonio de los Baños, comienzó una gran protesta ciudadana que de inmediato aglutinó a miles de personas que se lanzaron a las calles en diferentes puntos del país. Muchos de los problemas que llevaron a las protestas en esta oportunidad fueron los mismos que en etapas anteriores, en primer lugar, la falta de alimentos, la escasez de medicinas, así como una inminente crisis energética y sanitaria.

 

Este tipo de movilización ha marcado fuertemente la etapa actual pues las redes sociales, que en las anteriores manifestaciones no existían, han jugado un papel significativo para mostrar las evidencias dentro del país y hacia el exterior. Además de visibilizar estas situaciones, también lo hizo a la oposición cubana, exponiéndose las acciones del gobierno para ocultarla o reprimirla abiertamente.

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La prensa internacional y otros medios que pudieran registrar la realidad de la producción campesina y la distribución de productos agrícolas se encuentran censuradas. El Centro de Prensa Internacional, la única institución del gobierno “autorizada” a dar declaraciones a medios extranjeros, centraliza cualquier posición oficial e invisibiliza a los demás medios, donde la prensa independiente tampoco tiene lugar.

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En este sentido las redes sociales a través de sus diferentes plataformas como Facebook, Telegram y WhatsApp han reflejado todo el acontecer de las carencias y dificultades que vive el pueblo de Cuba, se han posicionado como un verdadero campo de batalla a favor y en defensa de los derechos de los ciudadanos.