El hambre es uno de los problemas más graves que enfrenta el pueblo cubano bajo el régimen actual. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Cuba es uno de los países con mayor inseguridad alimentaria de América Latina, con un 28,5% de su población subalimentada en 2019. La escasez de alimentos básicos, como el arroz, los frijoles, el pollo y el aceite, es una realidad cotidiana que obliga a los cubanos a hacer largas colas, a recurrir al mercado negro o a depender de las remesas familiares para poder sobrevivir.

 

¿Cuál es la causa de esta situación tan dramática? Algunos podrían argumentar que se debe al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace más de 60 años, que impide el acceso de Cuba a los mercados internacionales y limita su capacidad de importar alimentos. Sin embargo, esta explicación es insuficiente y engañosa, pues ignora el papel fundamental que ha tenido el régimen castrista en la destrucción de la producción agrícola nacional y en la violación sistemática del derecho a la propiedad privada.

 

La relación entre la propiedad privada y el hambre puede ser compleja y dependerá del contexto específico en el que se analice. Abordando algunas de sus diversas dimensiones podemos tener una aproximación:

 

Producción de alimentos: La propiedad privada puede ser un incentivo para la producción agrícola y la inversión en tecnología y mejoras productivas. Los agricultores y productores de alimentos pueden tener más motivación para aumentar la producción y mejorar la eficiencia si tienen la propiedad sobre sus tierras y los resultados de su trabajo. Esto puede contribuir a una mayor disponibilidad de alimentos y, potencialmente, a la reducción del hambre.

 

Acceso a recursos productivos: La propiedad privada puede otorgar a las personas el derecho legal a acceder y utilizar recursos productivos, como la tierra y el agua. Esto puede facilitar el acceso a medios de subsistencia sostenibles, como la agricultura y la pesca, lo que a su vez puede mejorar la seguridad alimentaria. Sin embargo, es importante asegurarse de que el acceso equitativo a estos recursos esté garantizado para evitar la concentración de la propiedad en manos de unos pocos y la exclusión de otros.

 

Regulación y control estatal: Es importante tener en cuenta que el papel del Estado en la regulación y control de la propiedad privada también puede influir en la relación entre la propiedad y el hambre. Los gobiernos pueden establecer políticas y regulaciones que fomenten la producción de alimentos y garanticen el acceso equitativo a los recursos, así como proteger los derechos de los consumidores. Un equilibrio adecuado entre la propiedad privada y la regulación estatal puede ser crucial para promover la seguridad alimentaria y evitar la explotación y el abuso.

Durante el autoritarismo cubano se ha argumentado que la falta de propiedad privada y el control estatal sobre los medios de producción han sido factores que han contribuido al problema del hambre en el país.

 

Desde que Fidel Castro llegó al poder en 1959, el Estado cubano se ha apropiado de la mayor parte de las tierras cultivables del país, expropiando a los campesinos y a los empresarios agrícolas sin compensación ni respeto por la legalidad. Bajo el pretexto de la reforma agraria y la planificación centralizada, el régimen ha impuesto un modelo colectivista e ineficiente, que ha desincentivado la inversión, la innovación y la productividad en el sector agrario. Además, el Estado ha controlado todos los aspectos de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la distribución y el consumo, fijando precios artificiales, racionando los alimentos y reprimiendo el comercio libre. Desarrollemos brevemente algunos puntos a considerar:

 

Desincentivo para la producción agrícola: El control estatal de la tierra y la agricultura en Cuba ha limitado la iniciativa individual y la inversión en la producción de alimentos. La falta de propiedad privada y la planificación centralizada han llevado a una falta de incentivos para los agricultores y productores para aumentar la producción y mejorar la eficiencia. Esto ha resultado en una dependencia excesiva de las importaciones de alimentos y una escasez de productos básicos en el mercado interno.

 

Escasez y racionamiento de alimentos: Bajo el control estatizado, se han implementado políticas de racionamiento de alimentos, como la tarjeta de abastecimiento, para distribuir de manera controlada los productos básicos entre la población. Esto ha llevado a una distribución desigual y a la escasez de alimentos, ya que el Estado ha tenido dificultades para garantizar un suministro adecuado y variado de productos básicos. La falta de propiedad privada y la limitada participación del sector privado en la producción y distribución de alimentos han contribuido a esta situación.

 

Falta de diversificación y productividad: El control estatal sobre la economía y la falta de propiedad privada han obstaculizado la diversificación económica y la innovación en la producción de alimentos. La dependencia excesiva de algunos cultivos y la falta de inversión en tecnología agrícola han limitado la productividad y la capacidad de respuesta a los cambios en la demanda y las condiciones climáticas. Esto ha llevado a una falta de variedad de alimentos y a una menor capacidad de adaptación a los desafíos económicos y ambientales.

 

«No me explico cómo, teniendo la oportunidad de varias cosechas al año, y de criar animales sin más depredadores que nosotros mismos, se pueda pasar hambre en Cuba» —Lino Cáceres*

 

El resultado de esta política ha sido un fracaso rotundo. Según datos oficiales, Cuba solo produce el 16% de las calorías que consume su población, y depende en un 80% de las importaciones para cubrir sus necesidades alimentarias. A pesar de contar con más de 6 millones de hectáreas de tierra cultivable, solo el 30% se encuentra en uso, y el resto está abandonado o subutilizado. La productividad agrícola es muy baja, y los rendimientos por hectárea son inferiores a los de otros países de la región. El desperdicio y la corrupción son endémicos, y el sistema de acopio estatal es ineficaz e injusto.

 

La solución a este problema pasa por reconocer y garantizar el derecho a la propiedad privada como un elemento esencial para el desarrollo económico y social. La propiedad privada estimula el trabajo, el ahorro, la inversión y la innovación, y genera incentivos para mejorar la eficiencia y la calidad de los bienes y servicios. La propiedad privada también permite la diversificación y la competencia en el mercado, lo que beneficia a los consumidores con precios más bajos y mayor variedad. La propiedad privada, además, empodera a los individuos y les otorga autonomía frente al Estado.

 

El régimen castrista ha demostrado ser incapaz e indiferente ante el sufrimiento de su pueblo. Es hora de que los cubanos reclamen su derecho a la propiedad privada como una forma de liberarse del hambre y de la opresión.