El descontrol económico, la inflación, el desabastecimiento, la dolarización, también los alarmantes niveles de criminalidad son factores que describen la realidad socioeconómica actual en Cuba. Aunque resulta imposible acceder a estadísticas actualizadas del Ministerio del Interior al respecto, mediante las denuncias de activistas, los reportes de medios independientes y la visualización extendida en las redes sociales sabemos de robos, trifulcas, asaltos, estafas, y también de fenómenos más graves, como feminicidios y homicidios. Estos eventos son de conocimiento público, y reproducen a vox populi advertencias que aumentan el temor, la cautela y la decepción de años anteriores. La población cubana, ya sumida en la precaria búsqueda de alimentos que sustenten la dieta familiar, debe adicionar a las prácticas de madrugar, de esperar en largas colas, de negociar en el mercado negro, las de la prudencia, el sigilo y el cuidado para evitar ser víctimas de un delito.

 

La violencia en la sociedad debe ser vista como un fenómeno multidimensional que involucra diferentes factores, muchos de los cuales son interdependientes y se refuerzan entre sí, como las condiciones socio-económicas y políticas, el desempeño administrativo del Estado, el entorno socio-cultural del individuo, los índices demográficos, así como los sistemas arbitrarios de control, justicia y rehabilitación social. El deterioro social está particularmente vinculado a los ciclos económicos de un país, donde la criminalidad aumenta drásticamente según se profundizan los síntomas de la crisis. A su vez, una población más violenta conduce a una zona de imprevisibilidad que influye en una baja de la producción y la inversión y aún mayor inestabilidad.

 

En estos contextos, un factor esencial que impulsa la acción frecuente de delinquir es la incapacidad de cubrir necesidades básicas como la alimentación. Entonces se habla del hambre y su naturaleza criminogénica, un estado que distingue un sistema, situación, o lugar que potencia o causa una actitud delictiva o criminal. Según el Programa Mundial de Alimentos, la inseguridad alimentaria puede conducir a un aumento de disturbios, inestabilidad social, conflictos civiles, mientras que al interior del hogar puede generar angustia sociológica, psicológica y económica. El informe concluye que la inseguridad alimentaria es “tanto una causa como una consecuencia de la violencia, lo que contribuye al círculo vicioso o trampa del conflicto”.[1] 

 

La inseguridad alimentaria tiene múltiples facetas y ninguna variable individual puede resumirla completamente. Además, la causalidad entre la inseguridad alimentaria y la violencia en una sociedad puede tener varias expresiones no siempre evidentes. Desde el sacrificio ilegal de animales, la sustracción de bienes al Estado y su contrabando, hasta la violencia intrafamiliar infligida hacia la mujer, son diferentes disociaciones relacionadas con la pérdida de poder adquisitivo, con la falta de acceso a alimentos y con secuelas asociadas como el estrés, la incertidumbre y la depresión.

 

Inseguridad alimentaria y violencia de género

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La inseguridad alimentaria repercute en problemáticas menos evidentes o visibles como la violencia intrafamiliar. El desabastecimiento, los ingresos insuficientes y el aumento vertiginoso del costo de la vida crea gran cantidad de estrés en los hogares, siendo las mujeres y las jóvenes el eslabón más vulnerable, por la carga añadida de supuestamente ser responsables de conseguir, elaborar y repartir el alimento. En los casos más críticos, cuando aumentan los niveles de inseguridad y la gente lucha por poner comida en la mesa, también aumenta el riesgo de violencia de género, llegando al feminicidio como forma extrema de la violencia doméstica. Según estudios, los hombres residentes en hogares que recientemente han experimentado inseguridad alimentaria tienen el doble de probabilidades de perpetuar violencia en contra de su pareja en comparación con aquellos que tienen un suministro de alimentos más confiable. En específico, factores como la pobreza, definida como “una condición económica y social a nivel del hogar, de acceso limitado o incierto a una alimentación adecuada” aumentan el riesgo de violencia doméstica, seguidos por el consumo de alcohol, y un estado mental deficiente debido a la depresión y la ansiedad.[2]

 

En estudios realizados por FMP sobresalen las féminas en un 60,73% como las encargadas de realizar largas horas de cola, negociar en el mercado negro o realizar trueques de alimentos. Son entonces los miembros del hogar que más fácilmente dejan de percibir ingresos para dedicarse a conseguir alimentos durante un día laboral; a su vez, están más expuestas a estafas, robos y multas, en suma a la violencia criminal. En momentos de emergencia esta vulnerabilidad tiende a acrecentarse, siendo la mujer la responsable de asegurar el alimento en el hogar. Durante los “apagones” por los fallos de las centrales termoeléctricas y el paso del huracán Ian en septiembre del 2022, la mayor parte de los manifestantes en los cortes de calle y cacerolazos fueron mujeres, madres que vieron sus provisiones de alimentos perdidas y que estaban bajo la presión de alimentar a sus familias.[3]

 

Durante la pandemia y cuando las reglas restrictivas de movimiento aún estaban en rigor en la isla, asegurar algo qué comer se ubicaba en el interregno entre la necesidad y la ilegalidad, lo que expuso a las mujeres cubanas a mayor condición de vulnerabilidad. Una abuela residente en La Habana comentaba para FMP:[4]  

 

Mi vida es un calvario. Para poder comprar algo más económico tengo que salir a las 4:30 de la mañana, quizás antes, y jugar un poco a los escondidos con los policías porque no se puede salir antes de las 5:00 am debido a las reglas sanitarias; pero si sales a las 5:00 am ya no alcanzas casi nada (…) En fin, te pasas la semana de cola en cola, apenas resuelves y terminas con la bolsa negra. En mi caso he sido multada dos veces con 2000 pesos cada vez por llegar a las colas antes de las 5:00 am.

 

Al interior de la dinámica familiar, las formas específicas en las que se cruzan la inseguridad alimentaria y la experiencia del hambre de las mujeres, pueden identificarse de maneras sutiles, como relata una madre residente en La Habana:[5]

 

Siempre priorizo al niño, en ocasiones el mismo me dice “mamá, ¿y tú? A lo que le respondo: “Papito, a mi la leche me cae mal, no puedo tomarla porque me da dolor de barriga, tómatela tú” o “ya yo comí mientras tú te bañabas”, eso para que no me rechace los alimentos porque tiene muy buenos sentimientos y el dice que si yo no como el tampoco, pero hemos tenido días de comer arroz y frijoles sólo para dejarle la proteína a él.

 

En el 2023 se contabilizaron 88 feminicidios en la Isla, en lo que va de año el observatorio Alas Tensas ha reportado 8 de estos, y aunque sus causas no registran directamente obstáculos en la garantía de alimentos dignos, estos sí son factores correlativos a las realidades de las mujeres cubanas. Según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG), las dificultades para conseguir alimentos están entre los tres primeros problemas que enfrentan las mujeres, junto a la escasez de vivienda y los bajos ingresos económicos. En especial condición de vulnerabilidad se encuentran las cubanas residentes en zonas rurales, expuestas a mayor grado de machismo y desprotección por falta de vínculo laboral y social, ya que dentro de su ámbito muchas veces se espera que estas permanezcan en casa “atendiendo” a sus familias.[6] Un fenómeno social que también es representativo de la precariedad económica en el país es la inusitada tasa de abandono de bebes recién nacidos, y de desatención de infantes con síntomas de desnutrición, expuesta en las redes sociales.

 

Inseguridad alimentaria y resistencia cotidiana

 

La inseguridad alimentaria puede llegar a reproducir y naturalizar inestabilidades, a su vez los actos desesperados por conseguir alimentos son a menudo gravemente penados por los Estados sin contribuir a una salida de la espiral de la violencia. La realidad cubana está cifrada por la supervivencia, “buscarse la vida”, “la lucha”, el “vive y deja vivir”, el “invento, luego resisto”. Una resistencia cotidiana afanada en cubrir, por otros medios, lo que el sistema salarial y las subvenciones estatales no son capaces de garantizar. Una gran parte de los entrevistados en FMP alegan destinar tres veces su salario oficial a la adquisición de alimentos, en muchas ocasiones esta diferencia está cubierta por remesas familiares, en otros por actividades ilegales que ayudan a “solventar” la economía familiar. En un estudio similar, el 52% de 2223 personas entrevistadas en 12 provincias del país, admitió acudir al mercado negro para completar los alimentos que no encuentran en las redes estatales.[7]

 

Ante acuerdos ilegales para asegurar la dieta familiar, los entrevistados no solamente no vinculan sus acciones a un objetivo político explícito, sino que niegan cualquier relación con este y justifican sus acciones con la necesidad de sobrevivir con frases como “ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”. En consecuencia, gran parte de la población ha aceptado y normalizado la dependencia parcial a transacciones ilegales.[8]

 

Las acciones semi-ilegales e ilegales en este sentido definen el día a día a la hora de asegurar alimentos mediante el mercado negro, la reventa, el “acaparamiento”, entre otras figuras que el Estado, por su parte, criminaliza sin ajustarse a una realidad completamente dilatada por estas acciones cotidianas. Los delitos motivados por la inseguridad alimentaria son tipificados en exceso, contribuyendo a la naturaleza criminogénica de la pobreza, ya que este tipo de criminalizaciones perpetúa el ciclo de vulnerabilidad de familias de menor acceso. Esto llega a ser especialmente preocupante para minorías vulnerables, que viven de manera más dramática la marginalización. Por ejemplo, evaluaciones de FMP, como el Mapa de Hambre en Cuba, arrojaron una sobrerrepresentación de personas negras y afrodescendientes en los grupos de menor acceso a alimentos, no receptores de remesas y de menor pertenencia a emprendimientos privados.

 

Según el International Handbook on Informal Governance, el acceso condicionado a los alimentos y las circunstancias que perpetúan la incertidumbre y la espera, pueden leerse como prácticas de dominación recurrente. Esto tiene consecuencias significativas en los grupos vulnerables cuando la tendencia estatal de erradicar lo que se consideran actividades informales se ve acentuada por periodos de reacomodo, y de nuevas medidas, como ha sido el caso de la tenencia de dólares, por ejemplo.

 

Es indudable que la mentalidad, el lenguaje y los hábitos de la sociedad cubana se han transformado, precarizado en los últimos años debido a las económicas que sufre el país. Añadir el reconocimiento de una inestabilidad a niveles desproporcionados, que limita aún más el libre desenvolvimiento de la sociedad, puede ser un golpe de gracia a los que nos preguntamos sobre la trayectoria futura de la nación. Urge abordar la realidad cubana en todos sus matices, ahorrando estigmas y controles desmedidos, para poder alcanzar un enfoque eficiente que neutralice la creciente criminalidad y que nos asegure un acceso digno a los alimentos.

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Referencias: 

 

[1] https://www.wfp.org/conflict-and-peace

[2] Lentz EC. (2018). Complicating narratives of women’s food and nutrition insecurity. World Dev;104:271–80; Food and Agricultural Organisation of the United Nation. (2017). How can

food security interventions contribute to reducing gender-based violence? Issue Brief.

[3] https://www.foodmonitorprogram.org/entrevistas-inseguridad-energetica

[4] https://www.foodmonitorprogram.org/entrevista-hay-que-volverse-artista

[5] https://www.foodmonitorprogram.org/entrevista-conseguir-comida-el-cubano-no-piensa-en-mas-nada

[6] González, C, Rojas, N, Angel, S, Quintero, G, Muñoz, L, Cárdenas, C, Herrera, M y Bohórquez, V. (2023). ¿Cómo se come en Cuba? Diálogos sobre Seguridad Alimentaria. Hypermedia.

[7] https://www.foodmonitorprogram.org/encuesta-de-seguridad-alimentaria

[8] Thiemann L, González Marrero C. “Conditional Freedoms: Non-State Labour in Cuba between Institutional Delegitimisation and Civic Recognition”. Journal of Latin American Studies. 2023;55(4):599-622.