Dalila Rodríguez González se tituló en 2006 de la Licenciatura en Letras en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). A su graduación fue ubicada como profesora en la Facultad de Humanidades de esa institución. En 2013 defendió su tesis de maestría en Estudios lingüístico-editoriales hispánicos en la propia UCLV y más adelante se incorporó al doctorado en Ciencias Pedagógicas, el cual no pudo concluir como resultado de los episodios de acoso y las violaciones que a continuación se presentan.

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Aunque Dalila no pertenecía a ningún grupo opositor, la Seguridad del Estado cubana la convirtió en sujeto de atención por ser la hija de Leonardo Rodríguez Alonso, coordinador del Instituto Patmos, organización de la sociedad civil cubana que defiende los derechos religiosos en la Isla.

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Narra Dalila que la presión de la policía política hacia su persona, dentro de la UCLV, comenzó en el año 2015.

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El agente de la Seguridad en la universidad se presentó al aula 11 de la Facultad de Humanidades, en la cual me encontraba impartiendo clases, para citarme verbalmente a comparecer en su oficina ese mismo día a las 2:00 p.m. Fui interrogada por él durante una hora. El primer propósito del interrogatorio fue presionarme para que colaborara con la Seguridad del Estado y les brindara información sobre las actividades realizadas por mi papá como defensor de los Derechos Humanos, sobre las personas que visitaban mi casa y las conversaciones que allí escuchaba. Ante mi rotunda negativa el resto de la entrevista estuvo dedicado a indagar si me relacionaba con el activista y pastor evangélico Mario Félix Lleonart Barroso. El interrogatorio estuvo plagado de insinuaciones y amenazas para darme a entender que mi permanencia en el centro estaba comprometida debido a mi formación familiar y a que en mi trayectoria estudiantil y laboral se apreciaba la ausencia de comprometimiento y activismo político a favor del proceso revolucionario cubano. Unos meses después fui avisada por algunos compañeros de trabajo acerca de que mi jefe de departamento, Guillermo Rodríguez, estaba haciéndoles subrepticiamente encuestas a mis estudiantes y a algunos profesores con el propósito de encontrar deficiencias en mi desempeño como profesora.

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Esta negativa de la profesora a participar en la vigilancia y la inculpación de su propia familia, significó el inicio de todas las presiones, amenazas y estratagemas que conducirían a su expulsión de la UCLV dos años después.

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En 2016, nuevamente fue citada verbalmente en su centro de trabajo por el agente de la Seguridad del Estado encargado de reprimir y hacer control político en la UCLV.

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“Ante mi negativa de asistir, unas semanas después se me entrega en casa de mis padres en el municipio Camajuaní, donde residía en esos momentos, una citación oficial para que me presentara el 1ro de agosto de 2016 a las 11 a.m. en la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en Santa Clara. De no comparecer sería sancionada por incurrir en el delito de desobediencia. El 1ro de agosto, iniciando mis vacaciones, tuve que trasladarme hacia la ciudad de Santa Clara para ser interrogada una vez más por la Seguridad. Fui atendida por el agente “Cristian” [su nombre real es Yoandy Riverón] y el interrogatorio duró 1 hora y 20 minutos. Nuevamente fue cuestionada mi relación amistosa con el pastor Lleonart, lo cual ha sido motivo de gran inquietud por parte de la Seguridad del Estado. Otra de las cuestiones en que insistieron fue en que les ofreciera una lista de las personas con las que me comunicaba por correo electrónico para ellos decirme con cuáles no podía comunicarme. Me negué a ofrecerles la información; en primer lugar, porque no iba a permitir que la Seguridad del Estado sentara las pautas de mis relaciones personales; en segundo lugar, porque sabía que mis correos eran monitoreados y ellos conocían tan bien como yo quiénes eran las personas con las que yo mantenía comunicación por correo electrónico. El agente Cristian me aseguró con su peculiar sonrisa burlesca que para ellos no era tan sencillo monitorear mis correos. La venganza solo tardaría unos meses”, recuerda Dalila.  

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El 5 de diciembre de 2016, en un horario comprendido entre las 4:16 p.m. y las 4:20 p.m., la cuenta de correo de la profesora Dalila Rodríguez se utilizó para enviar un mensaje a su nombre que cuestionaba la política oficial del país, la universidad donde trabajaba y a sus directivos. El correo fue enviado tres veces, dirigido a varias personas, entre ellas a la vicerrectora académica Osana Molerio Pérez. También fue publicado en la intranet de la UCLV en la página “Debatiendo”.

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Comenta la profesora que:

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El mensaje estaba escrito en un tono ofensivo y con un estilo descuidado y chapucero, en el que entre otras cosas se escribe en más de una ocasión la palabra Dios con minúscula, pues el que trató de suplantarme estaba informado de que soy una cristiana activa y orgullosa de mi fe desde los 13 años, pero parece que su nivel cultural no le alcanzó para saber algo tan elemental como que un cristiano nunca escribiría ese vocablo con letra inicial minúscula. Cuando vi en mi buzón ese correo que no había enviado procedí a denunciar que mi cuenta había sido robada, ya que tenía la certeza de no haberle dado mi contraseña a nadie. De los destinatarios del correo solo conocía a la vicerrectora y al pastor bautista Mario Félix Lleonart, con el cual mis vínculos siempre fueron fraternales y amistosos, pero con quien desde que estaba residiendo fuera del país no había tenido ninguna comunicación.

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A raíz de este correo fue abierto un proceso investigativo cuyos resultados le fueron dados a conocer a la profesora el 14 de diciembre de 2016, en una reunión a puertas cerradas con el rector de la UCLV, Dr. Andrés Castro Alegría y la decana de la Facultad de Humanidades Dra. Ibis González Pereira.

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Sobre aquel encuentro cuenta Dalila:

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Fui obligada a sacar de la oficina mi teléfono celular, porque ni siquiera apagado era suficientemente seguro para el rector, muy preocupado parece porque una grabación pusiera al descubierto las ofensas, las mentiras, las amenazas y el autoritarismo con que me trató. Según me informó el rector, el correo fue pasado de una máquina que no pertenecía a la Facultad de Humanidades, donde yo trabajaba. Además, reconoce que seguí los procedimientos requeridos al hacer la denuncia.

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No obstante, le listó una serie de razones que, según un informe entregado a él por la Seguridad del Estado, la clasificaban como una persona “no confiable”

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La profesora Dalila compartió con el Observatorio de Libertad Académica (OLA) cuáles fueron estas razones listadas por el rector, las cuales reproducimos íntegramente, a pesar de su extensión, pues demuestran de manera fehaciente la vigilancia pormenorizada y el acoso a que son sometidos profesores y estudiantes durante su paso por la educación superior. Nótese que en la misma hay registrados hechos puntuales de más de diez años de antigüedad, referencias a opiniones, vigilancia electrónica de las comunicaciones personales y detalles de la vida personal, entre otras violaciones no solo a la libertad académica, sino también al derecho al honor y la intimidad, a la dignidad e integridad personal y a la libertad de expresión.

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1. Cuando me gradué en el año 2006 no asistí al teatro a la entrega de mi título de oro. Algo que ha sido analizado especulativamente por la Seguridad del Estado y por el rector como una actitud de protesta.

2. Dejarme como profesora universitaria constituyó un error, pues a pesar de tener excelentes resultados académicos y gozar de prestigio entre profesores y estudiantes nunca asumí una posición política activa.

3. El día 1 de agosto de 2016 tuve que comparecer en la 3ra Unidad de la PNR en Santa Clara —según el rector un lugar poco adecuado para un profesor universitario— por negarme a hablar en la universidad con el agente encargado de la SE.

4. He manifestado que el pastor Mario Félix es un intelectual, lo cual el rector cataloga de reprobable y muy cuestionable de mi parte.

5. Sostengo comunicación electrónica frecuente con organizaciones contrarrevolucionarias que son —al decir del rector— supuestamente religiosas. Algo de lo que no se me ofrecen pruebas.

6. Recibo bibliografía contrarrevolucionaria del pastor Mario Félix Lleonart. Para sostener esta acusación se apoyan en que en un interrogatorio dije que el pastor Lleonart me había prestado los mejores libros que había leído. La Seguridad del Estado se tomó la prerrogativa de presuponer que eran libros contestatarios. 

7. Según la Seguridad del Estado yo he manifestado criterios sobre la juventud cubana que el pastor Lleonart ha manejado en organizaciones contrarrevolucionarias y terroristas en el extranjero y además ha dicho que cuenta conmigo para realizar acciones en Cuba. Acusación completamente infundada.

8. Tras la muerte de Fidel Castro no firmé las condolencias ni el juramento a cumplir perpetuamente con el socialismo y el concepto de Revolución.

9. Poseo una doble moral, debido a que la Seguridad del Estado afirma que mantengo una actitud íntegra dentro de la universidad y me convierto en otra persona cuando salgo de los predios de la institución. Esta acusación se fundamenta en que he apoyado a mi padre cuando «le han hecho cosas», porque el rector reconoció que a mi papá le han hecho muchas cosas; no sé si lo hizo porque tuvo un destello de honestidad o porque el subconsciente lo traicionó. Tengo una doble moral por denunciar cuando mi padre ha sido encarcelado injustamente por la Seguridad del Estado y cuando han violado su domicilio (en el cual yo también vivía) pintando las paredes con chapapote y echando cubos de pescado podrido en el frente de la casa.

10. He sido formada en un hogar contrarrevolucionario y he vivido en un ambiente muy desfavorable. Ser catalogada de contrarrevolucionario implica automáticamente la anulación de todo tipo de virtudes. No hay matices: si eres contrarrevolucionaria tienes que ser mercenaria, deshonesta y hasta mediocre, más cuanto apelativo se le pueda ocurrir a alguien, por supuesto, siempre y cuando sea bien degradante y despectivo.

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Recuerda Dalila que en aquella reunión el rector Castro Alegría, quien además es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, máximo órgano del poder legislativo en Cuba, no le permitió siquiera responder luego de lanzarle aquella suma de ofensas y acusaciones:

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Salí del lugar bajo la amenaza —como una espada de Damocles que pendía sobre mi cabeza— de que tenía armado un expediente lo suficientemente contundente como para ser expulsada de la universidad en cualquier momento. Unas horas después, aproximadamente a las 12 m., tuve que comparecer en el decanato de mi Facultad ante el agente que atendía la Seguridad del Estado en la universidad y una mujer, también agente de la policía política y nuevamente fui amenazada de ser expulsada de la institución y hasta de ser acusada de propaganda enemiga.

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Dalila Rodríguez dijo que en esa reunión el rector Castro Alegría le comentó que en los tiempos actuales no era tan sencillo expulsarla de la universidad por “contrarrevolucionaria” y develó la posible ruta a seguir para sacarla del centro. Le dijo que “con la información que le había dado la Seguridad del Estado, tenía un expediente lo suficientemente amplio como para revocarle su categoría [docente] cuando él quisiera” (Darias, 2017).

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Luego, las autoridades universitarias le permitieron a Dalila volver a usar su cuenta de correo y el acceso a internet, pero la profesora se rehusó, por temor a ser víctima de una incriminación similar, según comentó a RTV Martí:

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“Si a mí me violaron mi cuenta de la universidad y yo soy súper cuidadosa y nunca se la he dado a nadie, y pesaron tantas conjeturas sobre mi persona, yo no tenía una garantía de que eso no volviera a suceder, porque además, yo estaba convencida de que esa violación de mi cuenta fue intencional. Fue para hacerme daño y el motivo es un ajuste de cuentas a mi padre, porque él es defensor de derechos humanos, y dañándome a mí pues es la mejor forma que ellos tienen de dañar a mi papá” (Darias, 2017).

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Unos meses después, a inicios de abril de 2017, Dalila conoció por algunos de sus compañeros que el Consejo de Dirección se había reunido para analizar su caso y buscar una vía legal para expulsarla. El 11 de abril fue citada de manera apresurada para una reunión que le informaron sería con todos los profesores pero que resultó ser con el rector y solo para ella. Castro Alegría le informó que mediante la Resolución rectoral 261/2017 quedaba revocada su categoría docente de Profesora Auxiliar.

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Para ello se apoyaba legalmente en la Resolución 85 de 2016 “Reglamento para la aplicación de las Categorías Docentes de la Educación Superior”, específicamente en su artículo 74, inciso d), que plantea que la categoría docente puede ser revocada: “cuando por indisciplinas laborales o por hechos de índole moral o social se vea dañado el prestigio del profesor universitario de manera tal que ello afecte su condición de educador o se haga firme la aplicación de sanciones disciplinarias o judiciales, y dichas sanciones consistan en la separación del cargo, del centro de trabajo o del sector” (MES, 2017, p. 230)

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Esta propia norma, en su artículo 76 establece que: “En los casos a que se refiere el artículo 74, inciso d), del presente Reglamento, se dispone la pérdida de la categoría docente que se posea y por tanto la pérdida de la condición de profesor universitario de manera directa, mediante resolución del nivel que otorga” (MES, 2017, p. 230), por lo que esta decisión constituyó una expulsión de la universidad en su calidad de docente.

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Como no podían imputarle indisciplinas laborales o deficiencias profesionales, la resolución utilizó como argumento para la revocación que la profesora no había logrado “subsanar un grupo de actitudes que se apartan en lo social y lo ético del correcto actuar docente educativo que exige su categoría docente, y que puede afectar la formación de los educandos”. Esto contrasta con la evaluación de Excelente que apenas unos meses atrás había recibido la profesora en todos los rubros que se contemplan en la educación superior cubana.

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Luego de entregarle la resolución a Dalila fueron suspendidas las clases en la Facultad de Humanidades, a la que esta pertenecía, y se convocó a un claustro de profesores al cual no le permitieron asistir. La reunión fue dirigida por el propio rector y el agente de la Seguridad del Estado Yoandy Riverón, alias Cristian.

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“Se celebró en un aula a puertas cerradas. Los profesores fueron obligados a ser despojados de sus carteras y teléfonos celulares y la vicerrectora académica, Osana Molerio Pérez, me expulsó del local alegando que ya en ese momento había perdido mi condición de profesora universitaria y por eso no podía participar. Osana y Mercedes Yera González, asesora jurídica, me trasladan al decanato de la Facultad de Humanidades, me explicaron que el único recurso de que podía valerme era reclamar al Ministro de Educación Superior (aunque en la resolución no se aclara), me impidieron apelar por la vía del sindicato al cual pertenecía desde el año en que empecé a trabajar en la UCLV y me advirtieron que no debería volver a ‘poner un pie los predios universitarios’.”, y continua “El objetivo del claustro extraordinario convocado por el rector era informar a los profesores de mi Facultad el motivo de mi expulsión. En dicha reunión el rector plantea que no puede dejar de reconocer que soy una profesora intachable en la universidad, pero que fuera de los predios universitarios soy una contrarrevolucionaria y la universidad es solo para los revolucionarios. Los profesores fueron amenazados de correr la misma suerte si se solidarizaban conmigo y se les prohibió hacer comentarios sobre el asunto”, prosigue la profesora.

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La medida tomada contra Dalila no solo es una muestra de los condicionamientos ideológicos que priman en la educación superior cubana y la arbitrariedad que caracteriza los casos de este corte, sino que, además, el procedimiento seguido violó el propio Reglamento para la aplicación de las Categorías Docentes de la Educación Superior.

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En los artículos del 77 al 81 de esta normativa se señala un proceso escalonado que no se respetó en el caso de la Dalila Rodríguez, el cual estuvo caracterizado por la premura y la falta de transparencia, al punto de que ni siquiera la propia profesora sabía que estaba siendo víctima de un proceso revocatorio, con lo cual se le negó el derecho de presentar sus descargos y evidencias (Artículo 78) ante el tribunal que supuestamente debió constituirse para tal efecto. En su lugar, el rector Castro Alegría tomó la decisión de manera unipersonal.

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Además, señala la profesora que “la Resolución Rectoral No 261/17, emitida por el rector, no cumplía con los requisitos legales establecidos para la confección de este instrumento, toda vez que dejaba de narrar las pruebas de las que se valió el órgano competente para tomar la decisión juzgadora. Cuestión que va en contra del principio de contradicción, es decir, no se nos permitía (ya que desconocíamos totalmente los medios de pruebas en los que se sustentaban los hechos) presentar pruebas en contrario que me exculparan de toda responsabilidad”.

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Con la asesoría del abogado Ahmed González Núñez, la profesora Dalila Rodríguez presentó dentro del plazo correspondiente su reclamación al Ministerio de Educación Superior (MES), exponiendo todas estas violaciones.

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Mientras la reclamación aún estaba en curso el rector y la Seguridad del Estado continuaron convocando reuniones en cada una de las facultades de la UCLV para explicar al claustro de trabajadores el motivo de mi expulsión. Era requisito que los profesores entraran sin bolsos ni celulares. En cada una de esas reuniones alegaron que yo era una contrarrevolucionaria y una antisocial en mi lugar de residencia y que no se plasmaron esos motivos en la resolución porque de ser publicado podría causar una gran agitación en las redes sociales.

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El 2 de junio de 2017, la profesora fue citada para recibir la respuesta del MES. El documento, fechado 9 de mayo y firmado por Denisse Pereira Yero y Jorge Valdés Asán, asesora jurídica y jefe del Departamento Jurídico del MES, respectivamente; ratificaba la expulsión de Dalila Rodríguez.

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Señala la profesora que “Los funcionarios no consideraron una apelación el reclamo porque ‘basta que se incurra en uno de los supuestos del artículo 74 inciso d) para que se pierda de manera directa la Categoría Docente’. Además, alegaron que en mi caso ‘no hay violación alguna’ porque ‘no se trata de un proceso disciplinario sino de un procedimiento administrativo de carácter especial’. Las autoridades docentes ni siquiera pudieron mostrar una sola prueba en mi contra y aun así ratificaron mi expulsión”.

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Como apunta la profesora, la expulsión de su puesto de trabajo también afectó su derecho a la educación:

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Esta medida también tronchó todas mis posibilidades de superación, incluido un doctorado en Ciencias Pedagógicas que estaba cursando desde el año 2015 y cuyos resultados de investigación ya estaban avalados por varias publicaciones tanto nacionales como internacionales. Es importante señalar que hasta el momento de mi expulsión en mi expediente laboral no constaba ninguna sanción disciplinaria y mis evaluaciones profesorales eran de excelente en todos los rubros: trabajo docente-educativo, trabajo docente-metodológico, investigación, superación y extensión universitaria.

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Los efectos de esta sanción trascendieron los predios universitarios:

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“Después de trabajar once años en la universidad me encontré desempleada, totalmente desamparada y sufriendo la marginación y la discriminación que implica ser tildada de contrarrevolucionaria en este país. Muchos ‘amigos’ y compañeros hasta me negaron el saludo por temor a las represalias que podían sufrir si se relacionaban conmigo”, cuenta Dalila.

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Después de su expulsión de la universidad y como represalia por las denuncias realizadas sobre las violaciones y el carácter político de este proceso, la profesora ha seguido sufriendo el acoso de la Seguridad del Estado cubana.

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El 15 de junio de 2017, unos días después de la ratificación de la medida por el MES, la casa donde residía con su esposo y su suegra amaneció manchada de huevos ensangrentados que tiraron contra la pared. Esta es una acción típica de los actos de repudio realizados por individuos afines al gobierno y con la complicidad de este, a personas señaladas por sus ideas políticas.

En septiembre de 2018, las autoridades cubanas le prohibieron viajar a Uruguay, donde participaría en la 6ta Cumbre de Think Tanks de Latinoamérica, como representante del Instituto Patmos de Cuba (CADAL, 2018).

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En la actualidad, Dalila Rodríguez reside en Camajuaní, Villa Clara. No ha podido volver a ejercer como profesora y sabe que es muy difícil encontrar trabajo con el Estado luego de la reputación de “contrarrevolucionaria” que le construyeron. Tuvo que sacar una patente de mecanógrafa para poder subsistir y trabaja desde su casa.

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Referencias

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CADAL. (2018, Septiembre 9). “Impiden salir de Cuba a activista por la libertad religiosa”. CADAL. Disponible en: https://www.cadal.org/comunicados/?id=11309

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Darias, I. (2017, Abril 12). “Profesora expulsada de la universidad en Cuba tras sufrir acoso de la Seguridad del Estado”. RTV Martí. Disponible en: https://www.radiotelevisionmarti.com/a/cuba-expulsan-profesora-universidad-/142820.html

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Ministerio de Educación Superior (2017). Resolución 86/2016 “Reglamento para la aplicación de las categorías docentes de la Educación Superior”. Gaceta Oficial No. 5 Ordinaria de 7 de febrero de 2017 (pp. 214-236). La Habana. Disponible en: https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2017-o5.pdf

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Rodríguez, D. (2018, Abril 19). “Testimonio de la activista cubana Dalia Rodríguez González, Instituto Patmos”. CADAL Tv. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=EZE6_8dMrhA&list=PLbKhGf2_EfulRYxbtGguw4qOi52TEBiQq&index=8