*Académico Universidad de Chile

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El 18 de octubre de 2019 se inició un profundo proceso de movilización ciudadana en Chile, que ha puesto en jaque el sistema neoliberal chileno pero también ha venido acompañado de una dura respuesta por parte de la elite gobernantes en el país, que se ha traducido en violencia y violaciones de derechos humanos (DDHH) como no se veían desde la dictadura militar. Aún no se puede asegurar cuál será el resultado final de este proceso marcado por el dolor y la esperanza.

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El estallido social y el estallido de la represión

Una de las principales características del estallido social chileno es que se ha traducido en una fuerte demanda por un cambio en el modelo socioeconómico heredado por la dictadura militar. Las bases del modelo son las que han sido cuestionadas: un Estado ausente, la privatización de los servicios básicos (educación, salud, previsión social e incluso el agua) y, numerosos casos de abusos y corrupción. Este reclamo ha ido depurando en dos demandas básicas: un nuevo pacto social (solidario y no individualista) y un nuevo pacto político (una nueva Constitución que reemplace la que impuso Pinochet, que aún sigue vigente).

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Frente a las movilizaciones ciudadanas, la gran mayoría pacíficas pero también con expresiones de violencia ampliamente difundidas por los medios de comunicación alineados con el poder económico, la respuesta del Gobierno ha sido violenta. Por una parte, intentó dividir el movimiento ciudadano (pacíficos vs. violentos) y ha reprimido violentamente las manifestaciones, apostando por el cansancio ciudadano. En un primer momento, utilizó el estado de excepción constitucional (sacando los militares a la calle después de 30 años) y luego, ha reprimido brutalmente a través de la policía (Carabineros de Chile). Ello ha generado una situación de graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de DDHH (asesinatos, tortura, mutilaciones oculares; vejámenes sexuales, arrestos indiscriminados, golpizas, etc.).

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Frente a este cuadro de violencia generalizada contra la población civil, la protección de DDHH ha intentado seguir una estrategia que integre los mecanismos nacionales e internacionales. Las violaciones de DDHH en Chile han tenido una configuración compleja ya que se ha dado un patrón de violaciones propias de una dictadura, pero en el marco de un estado de derecho y, en consecuencia, la respuesta ha debido ser igualmente compleja. De allí que los mecanismos nacionales han sido los propios de un estado de derecho. Por una parte, se ha intentado una protección a través de las instituciones existentes en materia de DDHH (Instituto Nacional de Derechos Humanos -INDH-, Defensoría de la Niñez), en conjunto con respuestas organizadas desde la sociedad civil (grupos de abogados, asistencia salud, entre otros). Además, se han activado mecanismos judiciales tanto para la protección de las personas detenidas como para la persecución de responsabilidades penales de los casos graves de violencia represiva. Asimismo, se han intentado mecanismos de responsabilidad política; así, se intentó exitosamente una acusación constitucional (impeachment) en contra del exministro del interior Andrés Chadwick, otra no exitosa contra el Presidente Piñera y una en curso contra el actual intendente de Santiago (delegado presidencial en materia de orden público).

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En el ámbito internacional, se han activado los mecanismos de protección propios de una dictadura. Así, a la fecha se han entregado cuatro informes de supervisión internacional (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Las visitas realizadas al país por distintas misiones y sus informes han ayudado a poner en conocimiento de la comunidad internacional lo que está sucediendo y han tenido gran impacto en el debate público, lo que ha hecho imposible al Gobierno mantener una política comunicacional que negaba dichas violaciones.

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¿Una Salida Posible?

En el marco de este complejo escenario, ha surgido un elemento interesante desde la perspectiva de DDHH, la cual es la convocatoria a un proceso constituyente a partir de un plebiscito a realizarse el 26 de abril de 2020. Este es un hecho inédito, porque en Chile, desde el retorno a la democracia, uno de los elementos que parecía infranqueable era la posibilidad de dejar atrás la Constitución de la dictadura y, al fin, poder tener un texto constitucional democrático. Este, sin duda alguna, es el principal triunfo de la ciudadanía a la fecha. Aquí, nuevamente, se cruzan los caminos de la protección nacional e internacional de DDHH. Veamos por qué.

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Generar una Constitución democrática requiere de condiciones de contexto, de procedimiento y de resultado para estar frente a un documento que realmente refleje un acuerdo ciudadano profundo. El contexto es vital, ya que en una situación de graves violaciones de DDHH y, peor aún, en una situación de estados de excepción constitucional, sería imposible avanzar en una discusión constitucional legítima. La obligación de las autoridades es generar condiciones mínimas para que la ciudadanía discuta libremente un nuevo compromiso constitucional. Por otra parte, el procedimiento de adopción también debe dar garantías de una discusión que convoque a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad, por lo que es fundamental una debida representación de las mujeres, pueblos indígenas y grupos históricamente discriminados; se debe garantizar la participación ciudadana en el proceso y la apertura a las distintas posiciones hoy relevantes en la ciudadanía. Finalmente, en cuanto al resultado, es fundamental que los temas de DDHH se recojan sin que esto implique algún tipo de retroceso de la actual situación y de los compromisos internacionales del Estado de Chile en esta materia.

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En el ámbito nacional, será necesario que el Gobierno tome medidas para el cese de las violaciones de DDHH de quienes se manifiestan políticamente. Además, es un imperativo ético y jurídico que los organismos vinculados a la justicia puedan avanzar en él, esclareciendo de los miles de casos vinculados con violaciones graves. Asimismo, en este periodo se debería avanzar en la elaboración de una política pública en materia de reparaciones, que se haga cargo del grave daño generado por el Estado a quienes se han manifestado estos meses. Estas son condiciones de contextos necesarias y urgentes.

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Si bien a la fecha no se ha recurrido a las instancias internacionales por la responsabilidad estatal y personales por las violaciones de DDHH, si el Estado no es capaz de responder acorde a los compromisos internacionales en estas materias, no se puede descartar que se utilicen mecanismos contenciosos tanto a nivel de organismos de DDHH como de aquellos vinculados con derecho penal internacional, incluida la jurisdicción universal.

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Por otra parte, los organismos de control y protección de DDHH en Chile tendrán que controlar las condiciones en que se dará la discusión constitucional. Un proceso tan relevante como un debate constituyente requerirá de una supervisión constante por parte de las autoridades responsables de la supervisión en materia de DDHH.

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Además, no podemos olvidar que las demandas socioeconómicas que estuvieron en la base del estallido de octubre de 2019 siguen sin respuesta. Adoptar una perspectiva de DDHH para enfrentar los cambios sociales y económicos parece ser la única vía que legitime la respuesta estatal frente a las legítimas demandas ciudadanas en materia de seguridad social, salud, educación, entre otras.

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En relación con la supervisión internacional, esta tiene desafíos importantes en relación con Chile. Por una parte, mantener el control de lo que sucede en materia de DDHH. Las violaciones graves siguen cometiéndose y es relevante que los organismos internacionales mantengan su atención en Chile. Esto es particularmente significativo en el caso de la supervisión de la ONU, vía el Alto Comisionado, y de la OEA, a través de la CIDH. Además, estos organismos cumplirán un rol vital en la supervisión de las condiciones en las cuales se da la respuesta del Estado frente a las graves violaciones de DDHH que ocurren en Chile. Los desafíos de verdad, justicia y reparación no serán posibles sin un certero control internacional. En el mismo sentido, la supervisión internacional tendrá que cumplir un rol vigilante del proceso constituyente; controlar su desarrollo y apoyar en la difusión de elementos sustantivos en el debate.

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Ciudadanía, derechos humanos y proceso constituyente

Finalmente, la sociedad civil chilena también tiene un rol relevante que cumplir. Por una parte, continuar con la defensa de DDHH frente a un Gobierno que insiste en una estrategia represiva para enfrentar las demandas cuidadas. La represión masiva se va haciendo más selectiva y comienza a centrarse en persecución judicial y también en reformas penales que buscan entregar un mensaje de “tolerancia cero” en materia de protestas ciudadanas. En este escenario, sin respuestas sustantivas en materia de las demandas sociales, solo es de prever que las violaciones de DDHH continuarán en el futuro cercano. A ello, deben sumarse los esfuerzos por avanzar en verdad, justicia y reparaciones. El seguimiento en estas materias es fundamental y, por ello, la conformación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación es una prioridad en Chile.

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Además, en relación con el proceso constituyente, la ciudadanía y fundamentalmente las organizaciones de la sociedad civil debenerán asumir un rol activo para generar condiciones de participación masiva en el plebiscito de abril y en el trabajo de una futura convención constituyente. En este sentido, la sociedad civil deberá encontrar vías no solo para que sus representantes e intereses estén presentes en el debate constitucional, sino también para influir en los contenidos de un nuevo texto constitucional.

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El debate sustantivo en materia de DDHH en una futura Constitución no es solo la relación con el catálogo de derechos y su profundidad, sino que también en otras materias fundamentales para una debida garantía de DDHH, como los principios que uniformarán el diseño constitucional, la relación con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los mecanismos de protección, la relación con los órganos del Estado, entre otras cuestiones. Sin una sociedad civil activa, estos temas difícilmente serán considerados en el debate constitucional.

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En definitiva, el debate de DDHH en Chile es cada vez más desafiante, pero también incierto. Un complejo cruce entre violaciones graves y un futuro posible obligan a redoblar los esfuerzos por poner los DDHH en el centro del compromiso democrático y generar las condiciones para que dicho nuevo Acuerdo Político y Social que exige el país también sea un nuevo Acuerdo por los Derechos Humanos.