En este texto me gustaría compartir la experiencia que tuve con un grupo de personas adultas mayores (de aquí en adelante PAM) que entrevisté en dos zonas rurales y dos urbanas del norte de México (caso parecido al cubano). En este trabajo de campo donde se tuvo contacto íntimo y de cara a cara con las personas mayores, se pudo observar la cuestión de la brecha digital en este colectivo. Una brecha digital que tiene que ver más que nada con las cuestiones del contexto, donde no se le ha garantizado múltiples derechos a la población adulta mayor (como la cuestión de la educación, vivienda, trabajo digno, entre otros), estando inmersas en situaciones fuertes de pobreza multidimensional, de adversidad y de incertidumbre.

 

Según la Universidad Nacional de Córdoba (2017), los derechos de la cuarta generación son los derechos al libre acceso a las tecnologías, y se derivan de la revolución tecnológica de los siglos XX y XXI, donde se contempla la necesidad de crear Derechos Humanos relacionados con la ciudadanía digital. Este derecho no está siendo garantizado en la población adulta mayor, y es uno de tantos derechos que están siendo violentados. Y en las entrevistas que anteriormente se mencionan, se pueden observar varias cuestiones:

 

• Una de ellas tiene que ver con el cobro de pensiones y el uso de las tarjetas bancarias con la población adulta mayor que sí accede a este “derecho” (la mayoría de las PAM entrevistadas tiene dificultades con el uso de cajeros automáticos, por lo cual recurren principalmente a familiares para el cobro de su dinero, pasando situaciones incluso de despojo y de maltrato). 

• La mayoría de las PAM no tuvieron garantizado su derecho a la educación, algunas no saben leer ni escribir, y comentan que les resulta complicado el familiarizarse con el uso de las tecnologías; aunado a ello, aunque quisiesen, viven en condiciones muy acentuadas de pobreza, tratando de sobrevivir el día a día.

• En el período de pandemia la medida principal que se tomó por parte de los gobiernos fue el confinamiento de la población adulta mayor. Las PAM con acceso a las tecnologías pudieron valerse de éstas para mantener contacto con sus redes de apoyo, pero la mayoría de la población adulta mayor, despojada de sus empleos (porque muchas personas fueron despedidas por discriminación, al argumentarles que eran el grupo de riesgo por la edad), llevadas al encierro en sus lugares de residencia, tuvieron que estar en aislamiento sin contacto con sus redes (y si acaso solamente con sus familiares con los que viven).

• Tomando en cuenta el territorio, las situaciones de violaciones a Derechos Humanos, se acentúan mucho más en los contextos rurales, donde la brecha digital es mucho mayor que en las zonas urbanas. En las zonas urbanas es más acentuada en los barrios de las periferias.

 

Este panorama, revisado brevemente en el presente escrito, puede dar cuenta de uno de los aspectos en que las PAM son violentadas, y brindar luz, en los ámbitos pendientes por parte del Estado y las políticas públicas. Existe una deuda muy profunda, y no solamente con las PAM, sino con las personas de todas las edades, acerca de realmente garantizarles una vida con condiciones de dignidad y garantía de sus derechos.

 

Referencias

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Universidad Nacional de Córdoba. (2017). Derechos Humanos y adultos mayores. Argentina: Autor.