Martín Vizcarra había llegado al poder por azar. Peruanos por el Kambio –el partido que había articulado Pedro Pablo Kuczynski para las elecciones del 2016- no lo tenía como miembro, y quizás tampoco lo trató como “invitado”. En marzo del 2018, ya en el sillón presidencial luego de la renuncia de Kuczynski por acusaciones de corrupción, prescindió, en la práctica, de dicha organización. Formalmente podía contar con una bancada –la tercera fuerza en un parlamento dominado por el fujimorismo- y con operadores políticos con experiencia. Pero el actual presidente Vizcarra solo ha confiado en un círculo hermético de menos de una decena de colaboradores que el argot peruano ha bautizado como “los moqueguanos”, por la región de origen de la mayoría de integrantes, incluyendo al propio mandatario.

 

La literatura especializada ha diagnosticado la democracia peruana como una carente de partidos políticos. Pero aún se sabe poco de cómo los políticos ambiciosos peruanos resuelven sus problemas de acción colectiva y de selección social. Vizcarra –formateado en la política subnacional- llevó a escala nacional una práctica muy frecuente en arenas locales, mucho más hostiles y traicioneras: el “círculo político”. En términos de acción colectiva, se trata de un conjunto reducido de colaboradores subordinados –la mejor de las veces enlazados por relaciones primarias como el paisanaje- articulados verticalmente en torno a un político con aspiraciones. Se trata de una organización liviana y portátil que se adapta a diferentes contextos como una gobernación regional, un despacho congresal o la misma Presidencia de la República. En términos de selección social, el populismo como “ideología delgada” resultaba hasta cierto punto inevitable. Las investigaciones del proceso judicial iniciado en Brasil pero con ramificaciones en toda América Latina, denominado “Lava Jato”, habían traído abajo el establishment político peruano de derecha a izquierda. Así que nadie mejor que un político regional con un discurso de centro, de anti-corrupción, sin partido ni alianzas, para ocupar el puesto de retador del sistema, y asumir la soberanía popular.

 

Un político populista requiere confrontar contra el establishment y hacerlo en nombre del “pueblo”. La hegemonía abusiva del fujimorismo en el Legislativo era la excusa perfecta para agudizar tensiones y escalar la conflictividad hacia un nivel insostenible. A lo largo de casi veinte meses, Vizcarra tuvo la iniciativa política frente al Congreso, proponiendo reformas constitucionales y cambios regulatorios para debilitar la figura congresal: desde prohibición de la reelección, levantamiento de inmunidad parlamentaria hasta el adelanto de elecciones legislativas. Cada puya contra el Congreso era premiado con el incremento de su popularidad, quizás su único capital político hasta ahora.

 

En encarcelamiento preventivo de Keiko Fujimori -como investigada de delitos de corrupción-, debilitó aún más al partido Fuerza Popular, que incapaz de procesar divisiones, deserciones y tensiones internas, buscó en la agresividad en contra del Ejecutivo un elemento cohesionador. Con un empleo exacerbado y crispante de los mecanismos de control y fiscalización sobre el Ejecutivo, el Congreso fue pareciéndose cada vez más al “enemigo” que Vizcarra necesitaba para sostener su prédica populista. Así, se legitimó ante la opinión pública el calificativo de “obstruccionista”, al punto que los rumores de disolución del Congreso –y el consecuente desequilibrio de poderes- comenzaron a pasar de una posibilidad remota a un “sacrificio” que, entre los opinantes más críticos al fujimorismo, tenía que realizarse.

 

Según la legislación peruana, para que una disolución parlamentaria prospere, el Legislativo tiene que censurar a dos consejos de ministros de un solo gobierno. La primera censura sucedió contra el gabinete presidido por Fernando Zavala (aún con Kuczynski en Palacio), así que una censura más sería letal para la representación nacional (el actual gobierno es la continuación del de Kuczynski, no se cuenta como otro distinto). Así que Vizcarra empleó la posibilidad de una segunda censura como amenaza latente en varios episodios de conflicto entre poderes. El último fue sobre el mecanismo de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), que la nueva Mesa Directiva del Congreso –de talante conservador- se empeñaba a llevar adelante. Así, el 30 de setiembre, cuando el Parlamento procedió con la elección de uno de los cinco miembros del TC a renovarse, fue interpretado por Vizcarra como una “denegación fáctica” de la confianza del gabinete, y por lo tanto, procedía la “disolución constitucional”.

 

La popularidad de esta medida y el respaldo de los integrantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas legitimaron la arbitraria interpretación de Vizcarra, a pesar que el TC en funciones hasta la actualidad no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la disolución. Las primeras encuestas de opinión posteriores a la traumática decisión, elevaron la popularidad presidencial hasta el 80%. Mientras se elige al Congreso (fines de enero del 2020) que tendrá que culminar el mandato interrumpido por el anterior, Vizcarra viene gobernando por Decretos de Urgencia y sin balance de poderes. A pesar de la teórica libertad, en menos de dos meses de gobierno en solitario ya ha tenido tres crisis ministeriales por escándalos mediáticos. Así, el círculo hermético que le permitió confrontar a sus rivales políticos, no resulta tan eficaz al momento de concentrarse en la planificación y ejecución de políticas públicas, cuyos pobres desempeños justificó en la polarización previa al cierre del Congreso. Vizcarra ha ensayado un modelo de gobierno muy eficiente para confrontar, pero limitado al momento de construir.