Hace 57 años el régimen revolucionario implantó en Cuba las llamadas “libretas de abastecimiento”, un instrumento mediante el cual pretendían regular la distribución de alimentos para evitar el acaparamiento en el acceso a productos de alto consumo. Sin embargo, hoy, más de medio siglo después, lo único que se ha perpetuado con ellas es el desabastecimiento en la canasta básica y el hambre de la sociedad cubana.

 

En marzo de 1962 Fidel instauró este nuevo instrumento de represión y control a la población, con la libreta el régimen comenzó a “administrar el hambre” de sus ciudadanos mediante la fachada de cartilla para la “distribución de alimentos a precios subsidiados y en cantidades limitadas”. A través de ella se modificó y restringió la dieta de los cubanos, quienes desde entonces han tenido que sobrevivir con las 7 libras de arroz, 4 de azúcar, medio litro de aceite de soja, 1 paquete de café mezclado, 1 paquete de pasta, 15 huevos, 10 onzas de granos y la libra de pollo que se anotan en las líneas cuadriculadas de la libreta.

 

Dentro del saber popular bien se entiende que quien que vive de la libreta, que cada vez se hace más delgada, está condenado a morir de hambre; las cantidades son pequeñas y alcanzan apenas para unos 10 días, por eso la mayoría de los cubanos acuden a los “mercado de oferta” para adquirir alimentos suficientes que les permitan llegar a fin de mes. Allí, encuentran productos de “libre compra”, como carne de cerdo, aceite, leche en polvo, jabones, salsas y harinas, pero en variedad limitada y a precios supremamente altos que pocas veces alcanzan a cubrir.

 

La libreta, que para el gobierno de Raúl Castro se convirtió en una carga insoportable y un desestimulo al trabajo, resultó siendo ineficaz en su propósito porque, primero, ha impulsado la ilegalidad en el comercio de alimentos, a saber en los “mercados de oferta” donde sí se encuentra mayor variedad de productos. Y además, ha perpetuado la situación de miseria y desabastecimiento en la mayoría de la población, que no tiene los medios económicos suficientes para acceder a los productos del mercado negro y se conforman con lo provisto por el gobierno.

 

Además, a dicho panorama hay que sumarle los altos niveles de importación que reporta la isla para cubrir la demanda de alimentos que contempla la cartilla, y que en total asciende a los 1.900 millones USD (80% de los alimentos que se consumen en Cuba son importados). Las reformas agrarias impulsadas por el gobierno revolucionario desde los 60 socavaron la agroindustria y generaron grandes migraciones hacia el sector urbano, y la posterior caída de la URSS -junto con el Período Especial- hizo que disminuyeran sobremanera las ayudas económicas que recibía el régimen de sus aliados extranjeros. En ese sentido, y con la reciente crisis de Venezuela, el desabastecimiento de productos como la harina de trigo, los huevos, el aceite y la leche en polvo se ha hecho cada vez más común.

 

Es por ello que el régimen ha tenido que incluir en sus planes gastos en subsidios por 3.740 millones CUP, para cubrir la diferencia entre el precio subvencionado y el costo real de los alimentos incluidos en la cartilla. Y es que el gobierno gasta más de 1.000 millones CUP sosteniendo las subvenciones de los productos de la libreta, que le alcanzan a un cubano apenas para 10 días. Es decir, no es rentable para el gobierno sostener el programa, por lo que desde 2006, cuando Raúl Castro sustituyó a su hermano Fidel como cabeza del gobierno, se estableció la necesidad de eliminar los “subsidios y gratuidades indebidas”. Así, confirmado por el posterior VI Congreso del Partido Comunista en 2011, la idea era subsidiar a las personas de bajos ingresos y no a los productos alimenticios; de esta manera fueron desapareciendo de la libreta productos como la patata, los garbanzos, cigarrillos/ habanos, jabón y pasta de dientes, para venderse en el mercado negro a precios altísimos.

 

Sin embargo, ante la crisis económica que sobrevino en 2016 con la reducción del aporte petrolero de Venezuela y el posterior recrudecimiento del embargo estadounidense, el gobierno no pudo continuar con la eliminación “ordenada y gradual de los productos de la libreta”. La escasez de productos altamente demandados como los huevos, el pollo, el aceite o la leche en polvo hacían que su provisión únicamente dependiera de la cartilla, por lo que la medida resultó altamente impopular; ir desactivando la libreta progresivamente significaba condenar al pueblo al hambre.

 

Tan preocupante ha sido la situación que en marzo de este año Miguel Díaz-Canel reconoció ante el Consejo de Ministros la escasez que existe de alimentos básicos, y Ulises Guilarte, secretario general de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC) –único sindicato permitido en la isla- también ha coincidido en que los salarios en Cuba son insuficientes para cubrir las necesidades básicas del trabajador, y que ello está provocando la migración laboral. Porque es que en la isla el salario promedio ronda los 740 CUP, y para cubrir medianamente las necesidades básicas de un ciudadano cubano se necesita poco más de 1100 CUP. Así, aunque los servicios públicos subsidiados consuman sólo un tercio del salario de un profesional cubano, los otros dos tercios solo le alcanzan para comprar en los mercados en oferta 5 libras de carne, 1 botella de aceite, 1 bolsa de leche en polvo, 2 jabones y 1 paquete de harina. Eso sí, solo si tienen la fortuna de encontrar disponibilidad de dichos productos, filas no tan largas, y el dinero suficiente para comprarlos.

 

Es así como a pesar de pretender abastecer y distribuir de manera igualitarista los alimentos entre la población y evitar la acumulación, las cartillas -y las medidas económicas que con ellas vinieron- han terminado desabasteciendo la canasta familiar de los cubanos. El control que ha ejercido el régimen no solo ha sido sobre todas sus libertades sino también sobre su cuerpo: languidecer a toda la ciudadanía ha sido otra de sus herramientas represivas para someterla.