El artículo presenta una breve aproximación a la situación de los Derechos Humanos en Cuba y Venezuela, resaltando las violaciones a la garantía de los derechos fundamentales y la eliminación  del Estado de Derecho

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La Revolución Francesa de 1789 fue un cambio sustancial para la historia del mundo occidental debido a que, antes de este suceso histórico, la soberanía de los Estados europeos modernos se situaba en la figura del monarca, el cual, a título de sangre, gobernaba a todos sus súbditos que no tenían otra opción que obedecer a su rey. Pero con la toma de la Bastilla y el derrocamiento de la monarquía francesa, comenzó un proceso que culminó con la Declaración de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Posteriormente, en los últimos dos siglos de historia, diferentes acontecimientos mundiales sirvieron de base para que la comunidad internacional fortaleciera lo logrado en Francia, agregando una serie de principios y valores jurídicos donde se han aglutinado los derechos que poseen las personas por el hecho mismo de ser personas, estos criterios jurídicos serían finalmente recopilados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

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Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se vio en la ardua tarea de lograr que todos los Estados del mundo adoptaran en su marco jurídico interno la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también una serie de tratados internacionales encaminados a proteger la justicia, la libertad, la igualdad y la dignidad humana. Sin embargo, ya en los primeros intentos por alcanzar este objetivo, varios Estados mostraron su negativa por agregar a su jurisdicción los Derechos Humanos e incluso muchos otros los han agregado, pero en la práctica su aplicación se ha visto deteriorada en las últimas décadas. Por ejemplo, en América Latina persisten algunos regímenes que hoy no ofrecen garantías a su población, motivo por el cual han sido considerados como dictaduras, pues sin Derechos Humanos no es posible hablar de la existencia de una democracia.

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Partiendo de lo anterior, este artículo analiza brevemente la situación de Derechos Humanos y la lucha civil por la garantía de estos en dos países de América Latina que se han catalogado como autoritarios por las particularidades de su régimen político: Cuba y Venezuela. 

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Antes de observar la situación de cada país, conviene recordar el papel que tienen los Estados frente a los Derechos Humanos. En este caso, el Derecho Internacional Público dice que los DD.HH. nacen con el fin de evitar abusos por parte del Estado, pues resultan ser limitantes a su accionar. Legalmente hablando, los Estados que se rigen bajo el imperio de la ley, es decir los Estados de derecho, están obligados a proteger, respetar y cumplir los derechos de cada individuo conforme a lo estipulado en la ya mencionada Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los tratados que los Estados hayan adquirido en su legislación. No obstante, en algunos países se ha vuelto común el hecho de no respetar los DD.HH. y mucho menos la división de poderes, lo que implica un obstáculo importante para denunciar abusos por parte de las autoridades estatales, como ocurre en los casos abordados a continuación.  

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El caso de Cuba  

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En Cuba hace más de 60 años permanece en el poder un régimen autoritario que se ha caracterizado por no respetar, proteger, ni garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos dentro de su territorio. Esta situación se vuelve más problemática si se tiene en cuenta que cientos de personas y organizaciones defensoras de las libertades civiles y políticas han debido enfrentar a un régimen represivo que evita que ejerzan su labor e impide a los habitantes de la isla gozar plenamente de estos valores. 

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A pesar de que Cuba firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (uno de los principales tratados internacionales en materia de DD.HH.) este nunca fue ratificado por La Habana, lo cual ha exonerado al Estado cubano de obligarse a cumplir lo dispuesto en el tratado. De esta manera, se ha posibilitado que en la isla se presenten de forma reiterada acontecimientos como los denunciados por Amnistía Internacional en el año 2020, en los cuales se expone la represión a la oposición a través de la encarcelación de líderes políticos, así como también de artistas y periodistas que luchan por visibilizar la violencia gubernamental (Amnistía Internacional, 2020). 

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De igual forma, durante la pandemia de la Covid-19, se evidenció un recrudecimiento frente a la libertad de expresión, pues hay diversas denuncias de multas a periodistas que informaron sobre la situación en materia de salud en la isla. Asimismo, creció la preocupación en la comunidad internacional y en la sociedad cubana por la existencia del decreto ley 370 que refuerza más las restricciones y la censura en la web para los ciudadanos (Amnistía Internacional, 2020). 

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En Cuba también se han presenciado actos constantes de impunidad por parte del oficialismo, pues desde el sistema de justicia del régimen se ha dado un trato diferenciado a los agentes del orden cubanos. Cabe recordar que la impunidad involucra la no aplicación de justicia, es decir, que la impunidad podría entenderse como ausencia de un juicio para castigar a un agresor, y en el caso cubano esto se ha vuelto algo común, dejando sin respuesta incontables denuncias por parte de la sociedad civil. Uno de los casos que más resuenan es el del asesinato del joven Ernesto Hernández Galiano, de tan solo 27 años, quien falleció tras recibir varios disparos de un oficial. Pese a que muchos de los hechos no corresponden con la versión que ofrecieron las autoridades cubanas, la familia del joven Ernesto sigue luchando para que el responsable de la muerte de su hijo pague por sus actos, algo que hasta el momento no ha ocurrido (Diario de Cuba, 2021). 

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El caso de Venezuela

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La situación de los Derechos Humanos en Venezuela es tan preocupante como la cubana. En un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una visita in loco en el país durante el año 2020, se declara que Venezuela atraviesa una grave crisis de DD.HH. debido al continuo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la ausencia de Estado de derecho. Conforme a estas circunstancias, en el país se han vulnerado de forma sistemática los derechos civiles y políticos, incluyendo la participación en los asuntos públicos, así como los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, reunión y libertad de expresión, especialmente en el contexto de protestas sociales y expresiones de disenso (Organización de los Estados Americanos, 2020). 

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Adicionalmente, en los últimos años, han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) múltiples denuncias de los ciudadanos debido a abusos por parte de autoridades públicas. Esto ha llevado a que la Corte dicte sentencias en las cuales declara internacionalmente responsable al Estado venezolano por los actos cometidos y, en algunos casos, destacó la necesidad de implementar medidas provisionales. 

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Al igual que en Cuba, la impunidad es un problema predominante en Venezuela y una evidencia más de la ausencia del Estado de derecho, pues en este país el poder judicial no es una rama independiente del gobierno. Según investigaciones realizadas por la organización no gubernamental Human Rights Watch, el poder judicial del país no ha investigado de forma adecuada los abusos generalizados pese a las pruebas creíbles sobre los mismos, haciendo que la impunidad de violaciones a los DD.HH. sea la norma. En este contexto, Human Rights Watch ha documentado casos de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, ejecuciones extrajudiciales, y hostigamiento contra actores humanitarios y defensores de derechos humanos. Para empeorar la situación, las autoridades venezolanas han usado como excusa las medidas relacionadas con el manejo la Covid-19 para intensificar el estado policial y el control de la población (Human Rights Watch, 2021). 

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Otra cuestión que no se puede pasar por alto al hablar de Derechos Humanos en Venezuela es la migración sin precedentes resultado de la represión y las difíciles condiciones en las que vive la mayoría de la población, que han llevado a una severa crisis humanitaria. La gravedad de esta situación es tal que, según Márquez (2021), se puede considerar que la migración forzada de ciudadanos venezolanos constituye un crimen de lesa humanidad, pues es resultado de políticas que se han desarrollado en el país desde 2014 que violan de manera flagrante los Derechos Humanos y surgen en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra el pueblo venezolano. Además, una migración tan grande como esta deja vulnerables a millones de personas, que a pesar de buscar mejores condiciones de vida en otros países, muchas veces terminan en circunstancias de pobreza y son víctimas de discriminación. 

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Con relación a los defensores de DD.HH., cada vez aumenta más el hostigamiento y la persecución, que se reflejan en las actuaciones de las autoridades públicas e incluso son institucionalizados. El ejemplo más reciente de esto último es la “providencia administrativa 001-2021” emitida por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo venezolana (ONCDOFT), que ha creado un registro especial obligatorio para sociedades mercantiles y las organizaciones no gubernamentales, lo que implica que estas revelen la identidad de sus financistas, alimentando así una política de hostigamiento y criminalización (Jiménez y Trujillo, 2021). Adicionalmente, durante la pandemia, se ha registrado un aumento del 157% de los ataques a personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil con respecto a las cifras de 2019 (Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2021).

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Para concluir, en el presente artículo se analizó a grandes rasgos la situación de los Derechos Humanos y su defensa en Cuba y Venezuela, haciendo uso de consideraciones relevantes desde el Derecho Internacional Público. La ausencia prácticamente total de garantías reales a cualquier tipo de derecho en estos países les ha atribuido justamente su carácter de regímenes autoritarios. Lastimosamente, la permanente impunidad generada por la falta de autonomía del poder judicial ha mermado todo intento de defender los DD.HH. por los medios oficiales de las instituciones. Así, se ha acudido como alternativa a la realización de protestas sociales y al activismo de líderes y organizaciones defensoras de DD.HH. que buscan visibilizar las violaciones y exigir garantías para la ciudadanía. Pese a ello, en contextos represivos como los de los países mencionados, llevar a cabo esa labor no es nada fácil, pues es tanto criminalizada desde las instituciones, como hostigada y perseguida por las autoridades del Estado.