* Profesor-Investigador Titular “C”. Departamento de Sociología. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (México). Contacto: victor630215@aol.com

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Con la llegada al poder de la administración presidencial encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diciembre de 2018, México se ha ido encaminando hacia un retorno paulatino, a lo que por muchos años se denominó, el estilo de la “política exterior activa”, cuyos componentes de corte retórico nacionalista le mantuvieron en condiciones, muchas veces ríspidas, frente a los Estados Unidos de América, durante los años setenta y ochenta del siglo pasado.

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Los elementos de aquella “política exterior activa” estuvieron definidos a partir de orientar una acción de diálogo y cooperación con actores cuyo rasgo anti-imperialista era significativo: la Cuba castrista, el apoyo a las guerrillas de El Salvador y Nicaragua, el desarrollo de programas de cooperación y financiamiento como el Pacto de San José armado junto con Venezuela en materia petrolera para impulsar el desarrollo en los países centroamericano y el Caribe. Eran los tiempos sólidos de la Internacional Socialista y la COPPPAL**, ambas de corte socialdemócrata, con las cuales se identificaba y orientaba sus pasos el Partido Revolucionario Institucional, (PRI), que fue la longeva fuerza dominante a lo largo de todo el siglo XX mexicano.

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A partir de la alternancia dada en el año 2000, los años gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), la política exterior mexicana experimentaría rasgos de moderación, aunque sin llegar al extremo opuesto del espectro político en términos de intentar intervenir o influir dentro de la zona latinoamericana. Más motivada por generar una “diplomacia comercial” que siguiera sacando provecho de las bases heredadas por los gobiernos más de corte “neoliberal” que se dieron en los años noventa gracias a la afiliación de México a espacios como la Organización Mundial de Comercio, la OCDE y desde luego a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con los EUA y Canadá, el cual le daría un golpe de 180 grados a la brújula económica y política del país.

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Esto permitió entonces la formación y firma concreta de acuerdos como el Grupo de los 3 ( con Colombia y Chile) y que posteriormente México terminara por incorporarse al Grupo de Lima, cuyas acciones recientes se han caracterizado a partir de sus diferendos puntuales con los espacios generados desde la izquierda de corte neopopulista y hasta autoritaria, originadas desde el Foro de Sao Paulo, el ALBA y más recientemente, con el llamado “Grupo de Puebla”. Este reciente Grupo testimonia el proceso de ajuste que México experimenta, al abandonar los acuerdos e instancias políticas antes mencionadas. Además se están modificando las posturas en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo cual es importante ante cuestiones centrales como el respeto y aplicación de los acuerdos existentes en materia de derechos humanos o democracia en la región, y que a su vez, en el caso mexicano no es una cuestión menor, debido a los cuestionamientos y denuncias que se reciben dentro de instancias como la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) consecuencia del persistente clima de inseguridad y violencia que han asolado al país en lo que va del presente siglo. Estos temas se han visto acompañados por la problemática causada por los flujos migratorios, tanto de mexicanos hacia los Estados Unidos, como de los procesos originados en América Central, y que han puesto en jaque a la capacidad de los gobiernos de la zona. 

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Estos elementos ya han configurado episodios complejos para el gobierno de AMLO, por cuanto las presiones estadounidenses (especialmente centradas en la renovación pendiente del referido tratado de libre comercio, aun no aprobado ni en los EUA y Canadá, debido a sus propias renovaciones electorales en curso), pues hacen que México deba ser cauteloso y no abrir una brecha de fondo con ninguno de los 2 países. El hecho concreto es que México debió elevar sus controles para evitar la llegada y el libre movimiento de migrantes hasta la frontera norte, lo cual ciertamente ha sido muy criticado por cuanto ello implica una suerte de docilidad ante los intereses de la administración Trump, mientras que sectores de la oposición política consideran que esto es lo mínimo que se puede hacer en el sentido de comenzar a generar un “reordenamiento” y una recuperación de la zona sur de México, actualmente controlada por mafias muy poderosas especializadas en el tráfico ilegal de personas, droga y armamentos.

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De ahí que los intentos que ha emprendido el gobierno de AMLO por impulsar algunos programas de apoyo para alentar el arraigo de migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños en sus países (y donde ha tratado de convencer al presidente Trump de entrar al mismo) puedan verse como algo positivo. E incluso, se ha manejado la idea de que derivado de la gestación de sus macro-proyectos de infraestructura más importantes, especialmente la construcción del llamado Tren Maya en la zona sureste de México, ello podría dar empleo y absorber por un tiempo las presiones generadas por los grupos migrantes ya presentes dentro del territorio nacional. 

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Al momento de escribir estas líneas, entre los meses de octubre y noviembre del presente año se han manifestado cuatro acontecimientos de importancia: primero, el anuncio de que hay acercamientos para renegociar la venta de activos petroleros mexicanos a Cuba bajo precios preferenciales. Segundo, la visita del presidente electo argentino Alberto Fernández, misma que ha dado evidencia del giro lento pero claro de acercamiento de México hacia los países socialistas de la región, complementada con la cancelación que hizo el presidente AMLO en días previos a una visita de Estado a cargo de su homólogo chileno Sebastián Piñera. Tercero, la postura de México mostrada en el conflicto boliviano que depuso al presidente Evo Morales, expresado primero en ser uno de los pocos países que había reconocido el polémico resultado que se había obtenido en la primera vuelta bajo acusaciones de fraude electoral. Cuarto, pero relacionado con el punto anterior, AMLO ofreció a Evo la opción de trasladarse y asilarse en el país. De esta manera, México va manifestando que su activismo en materia de política exterior no se puede ver de manera ambigua, sino que denota una clara decisión (sin duda más precisa que lo mostrado hasta ahora en otros campos de actuación) en lo relativo a como se pretende conducir la administración AMLO.

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No podría decirse que estos elementos y decisiones tomadas sean “contrarios” al marco legal existente en México. La tradición humanitaria en materia de asilo político y la vertiente de expresión / acción nacionalista provienen desde conflictos como la Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial, el rechazo a las dictaduras militares entre los años 60s y 80s del siglo pasado, ya están marcados y reconocidos como parte de la Constitución Política del país. Sin embargo, los escenarios que se abren aún son muy inciertos en lo relativo a cómo se puedan dar tratamiento a las relaciones con otros actores estratégicos de relevancia, como la Unión Europea, China y Rusia.  

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Pero a partir de las circunstancias aquí mencionadas en el presente artículo, se hace muy necesario poner atención a un gobierno cuyo líder expresa con frecuencia que su dedicación principal es la política interna, y que desea llevar relaciones armoniosas con todos los pueblos del mundo. De esta manera, el “nuevo activismo” mexicano debe convertirse un tema a ser seguido en el marco de las actuales tensiones y cambios que vienen experimentando nuestras democracias.      

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** Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, misma que fuera fundada en el año 1979 precisamente en territorio mexicano.