* International Institute of Social Studies (ISS), La Haya, Países Bajos.

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En el lado posterior de cada receta médica que expiden los médicos cubanos, el Ministerio de Salud Pública avisa, casi amonesta, que “la salud en Cuba es gratis, pero cuesta”. Lo he leído cientos de veces y siempre me pareció una frase inteligente, un juego de palabras que, a lo mejor, nos sensibiliza con el nuevo papel del Estado como proveedor de servicios para una población en búsqueda de mayor autonomía y flexibilidad.

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Al mismo tiempo, es una frase francamente extraordinaria. Para un economista es un oxímoron, un argumento imposible, por no decir absurdo. En la microeconomía podría resultar un argumento lógico: en una relación interpersonal, es posible que un servicio o producto que tenía un costo de adquisición para un lado haya sido ofrecido gratuitamente al otro a modo de regalo. Por supuesto, la frase en los rollos de recetas que se compran y venden en el mercado negro, cuño institucional mediante, hasta en 20 CUC la hoja de seis también intenta sugerir esa idea en los ciudadanos: La noción de que están recibiendo una dádiva del Estado y que este regalo de bienestar los distingue de los sufridos trabajadores del capitalismo, obligados a pagar por su salud.

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En el ámbito de una economía nacional, no obstante, el concepto del donativo no existe, ni puede existir. La macroeconomía siempre es un juego de suma neutra (zero-sum game), es decir que todos los flujos de dinero, productos o servicios son, de una u otra manera, cíclicos. Es tautológico describir un flujo de valor de un grupo hacia otro sin un flujo correspondiente en sentido contrario que lo balancee. Aunque la globalización haya trasladado parte de estos procesos cíclicos fuera del terreno doméstico, la gran mayoría de nuestra economía sigue completando sus círculos dentro del marco nacional.

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Cualquier servicio o producto que el Estado expide ‘de gratis’ realmente lo estamos pagando, de antemano, a precio completo, al igual que cualquier subvención de un producto o servicio resulta pago de una manera u otra. Convencionalmente, esto se explicaría por una relación tributaria. Si Cuba sigue en su transición de un Estado paternalista a un Estado proveedor de servicios, deberíamos reevaluar el funcionamiento de estos procesos de redistribución y calcular sus ventajas y desventajas para los diferentes sectores de la población.

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¿Cómo, y cuánto, realmente estamos pagando para la atención médica que recibimos? En otros países es un cálculo fácil: sumas el costo del seguro de salud, si existe, con el costo de productos y servicios de salud que compraste fuera de su cobertura. Con esa suma divides tus ingresos totales y queda claro qué porcentaje de tu ganancia pagaste para los servicios y productos de salud. Además, puedes preguntarte, por supuesto, qué otros productos y servicios están disponibles para esa suma y priorizar entre ellos. Faltarían algunas variables menores, pero para tener una suma aproximada es suficiente. En los países con influencia socialdemócrata, por ejemplo, los gastos promedios de salud giran entre 8 % y 15 % de los ingresos promedios.

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La misma operación, por supuesto, podemos repetirla con la totalidad de los servicios estatales -dígase educación, seguridad, diplomacia, regulación de mercado y comercio, ciencia, defensa, infraestructura, etc.-. Nos preguntaríamos: ¿Qué parte de mis ingresos llega a las manos del Estado y qué es lo que provee con dicha suma? La población cubana tiene una amplia experiencia para valorar lo segundo, pero el debate de si ese resultado es justo o no, si es mucho o poco, no puede avanzar sin conocimiento de lo primero. Hay que demostrar la proporción entre lo que tributamos al Estado y lo que recibimos de él, siendo esta la valoración que nos deja entender si es una relación parasitaria o una relación saludable.

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Los tributos –sean visibles o invisibles– se pagan principalmente en dos momentos: en el momento del ingreso personal (remuneración del trabajo) y en el momento del consumo (adquisición de un producto o servicio). En otras palabras: en cuánto se gana y cuánto vale este dinero.

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Empezamos con la remuneración del trabajo. Según datos oficiales, Cuba tenía en el 2018 un PIB de casi 9 000 per capita, medidos en ‘Moneda Total’ (ONEI, 2019). Ya que la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) llega a esta cifra confluyendo valores en CUP y CUC, Vidal (2017) propone traducirla únicamente a CUC. Este cálculo resulta en un PIB efectivo de 3 747 CUC per capita, o sea, 312 CUC mensuales. La economía cubana –el esfuerzo colectivo de los cubanos de la isla y parte del esfuerzo de la emigración (a través de remesas y contratos en el exterior)– genera este valor mensualmente.

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El principal problema de los estudios macroeconómicos es entender cómo el valor creado en una economía nacional se distribuye entre los grupos de su sociedad, o sea, entre trabajo, capital y Estado. Aunque todo valor se genera a través del trabajo, tanto el Estado como el capital (y sus dueños) viven y actúan a base de diferentes formas de tributación. Entre naciones y épocas vemos importantes diferencias entre las proporciones del ingreso nacional (PIB) que logra captar el Estado (mediante impuestos) y los dueños de capital (mediante márgenes de profit). En Estados Unidos, la participación de los trabajadores en los ingresos nacionales bajó de un 64 % en 2000 a apenas 56 % en 2013 (Giandrea y Sprague, 2017), creando un debate arduo (y necesario) sobre los equilibrios societales. En los países europeos, por otra parte, los trabajadores siguen disponiendo directamente de entre el 60 % y el 75 % de los ingresos nacionales.

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La existencia de esos flujos no es necesariamente negativa: en el mejor de los casos la tasa del capital sirve para mantener e incrementar los medios de producción, y la tasa del Estado para financiar las actividades presupuestadas que benefician a la sociedad. Pero en todo caso demuestra la autonomía que tienen las familias para decidir cómo emplear el dinero –mientras más tributan, menos decisiones propias pueden tomar-. Aunque la mayoría del valor tributado sea utilizado en la construcción de bienes que benefician a la sociedad –sean carreteras, aeropuertos o fábricas productivas–, son los funcionarios del Estado y los gerentes del capital que lo emplean según sus prioridades. El valor no-tributado, en cambio, es empleado directamente por las familias.

En Cuba no existe la distinción común entre Estado y capital. El complejo de agencias a empresas estatales y militares combina las dos posiciones. La relación tributaria que mantiene este actor monolítico y omnipotente con la población es sumamente opaca. Los flujos de valor que representarían el equivalente a los márgenes capitalistas e impuestos públicos (o sea, en el caso cubano, confluencia de ambos) no se publican. Aunque publica cifras sobre algunos impuestos menores (por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos personales de algunos cuentapropistas), el Estado no revela la tasa de valor que retiene cuando paga salarios, ni los márgenes que gana encima de los productos y servicios que vende a la población. En parte, la continuidad del sistema de doble-moneda (y sus múltiples tasas de cambio) se mantiene precisamente para prevenir que la sociedad deduzca la magnitud del tributo. Así obtendría la oportunidad de comparar sus ‘contribuciones’ con los servicios públicos y el desarrollo del capital que recibe en cambio. Aparentemente, es una posibilidad que el PCC teme.

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Intentemos, no obstante, deducir cifras aproximadas para este ‘tributo a lo cubano’ y mostrar cómo funciona la distribución de valor entre trabajo y Estado-capital en el sistema cubano. Por una variedad de estudios sabemos que los ingresos legales de los hogares cubanos no superan los 50-100 CUC mensuales per capita -esto si incluimos los salarios estatales e ingresos legales de cuentapropistas y agricultores pequeños, y tomando en cuenta que esta cifra incluye niños, ancianos, estudiantes, desempleados y discapacitados como grupos numerosos con ingresos nulos o muy bajos-. La tasa de ingresos de los trabajadores contra los ingresos del Estado-capital, entonces, oscila entre 1:5 y 1:2. Por cada 3-6 CUC que genera la economía, 1 CUC llega a manos de los trabajadores y sus familiares, para su uso autónomo.

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El cubano promedio dispone del 16-32 % del valor que crea su trabajo, simplemente porque la estructura estatal-empresarial que organiza la producción y recaudación de valor se queda con el restante. Esta apropiación de valor se puede entender como una combinación de los diferentes impuestos sobre el trabajo que recuperan partes del Estado en su función pública, y otras partes del Estado en su función capitalista. En el caso de los trabajadores cubanos en empresas mixtas, por ejemplo, los salarios conforman (como en cualquier empresa del mundo) una parte de las ganancias, pero después son drásticamente reducidas por las tasas de cambio que la empresa empleadora aplica. En este y otros casos entendemos la función de las tasas de cambio como impuestos sobre flujos de valor entre el Estado y los trabajadores, pero también entre los últimos y sus familiares en el exterior.

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La serie de impuestos, márgenes empresariales y cambios de moneda que reparten el PIB entre Estado y trabajadores, no obstante, representa solo la primera línea de tributación. Además del tributo sobre el trabajo debemos considerar el margen del Estado y sus parejas joint-venture, en el momento en el que nos proponemos comprar algo con nuestros modestos ingresos (el ‘tributo sobre el consumo’). Es cierto que algunos productos siguen siendo subsidiados y otros se venden a precio de mercado con un impuesto de venta de un 10% hasta un 50% (en ferias y agro mercados, por ejemplo). Una parte significativa de nuestras necesidades diarias, no obstante, además de los pocos ‘lujos’ asequibles en Cuba, tenemos que buscar en las tiendas del CIMEX u otras corporaciones semejantes que disponen de monopolios para la comercialización de estos productos. Sobre estos últimos productos existe un margen de venta de entre un 180 % y un 240 % (Oficina Económica y Comercial, 2017). Suponemos que un décimo de nuestra compra se efectúa en mercados subsidiados y que el subsidio por promedio es de 50 % del costo real de producción. Asumimos, además, que compramos otro 30 % de los productos y servicios en mercados libres, con impuestos de un promedio de 20 %. Suponemos, finalmente, que el resto (60 %) de nuestra compra toma lugar en mercados donde el impuesto equivale a un 210 %. Si estas cifras fueran exactas, el impuesto de valor agregado que paga un consumidor promedio en Cuba es de alrededor de un 160 %. En otras palabras, el consumidor promedio cubano pierde aproximadamente el 56 % del valor de su dinero en el momento de la compra. Los que controlan los términos de esa compra/venta, en cambio, ganan estos 56 % como ‘tributo sobre el consumo’.

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¿Cómo compara la magnitud de este ‘tributo sobre el consumo’ con el que se paga en los países llamados capitalistas? Nuevamente, hay que considerar qué precio de un producto en la TRD o Panamericana incluye dos márgenes: El del capital (profit) y el del Estado (impuesto de valor agregado – IVA). En la mayoría de los países, el IVA oscila entre el 10 % y el 25 %, y la tasa de ganancia del capital muestra un promedio de 5-8 % sobre las ventas. Sobre algunos productos se paga más (en muchos países se destacan el tabaco, las bebidas alcohólicas y la gasolina), mientras otros están exentos del IVA o hasta subvencionados. Los consumidores en otros países pueden calcular que 20-30 % del dinero que ponen en el mostrador no se convierte en productos o servicios, es decir que pagan alrededor de un cuarto más de lo que costó producir o importar lo adquirido. En ambos sistemas, por supuesto, esos flujos de dinero no se pierden en un vacío, pero el poder sobre ellos, y con ello las decisiones sobre cómo emplearlos, se escapan de la agencia de la población en general, acumulándose en manos de funcionarios públicos y empresarios.

En la vida cotidiana, las dos cifras se multiplican: Entre los impuestos que pagamos sobre el valor del trabajo (68-82 %), y los impuestos sobre el valor del consumo (56 %), los trabajadores cubanos entregan el 86-92 % del valor que crean al Estado y sus dependencias y socios empresariales. No hablamos de niveles de consumo o desarrollo, sino de tasas del producto interno -del valor creado dentro de una economía- que llegan a las manos de diferentes grupos societales, representados por las funciones económicas trabajo, capital y Estado. Es cierto que el Estado cubano, como otros Estados, emplea gran parte de su participación en los ingresos nacionales para fines de interés social. Y es cierto, también, que los trabajadores y familias cubanas emplean una amplia gama de métodos de resistencia cotidiana para, efectivamente, drenar los bolsillos de agencias y empresas estatales a través del desvío más o menos creativo de sus activos, insumos y productos. En Cuba se ha desarrollado una cultura de ‘Robin Hood’, de que “ladrón que roba a ladrón [entiéndase el Estado], tiene cien años de perdón”. La legitimización popular de estas ‘ilegalidades’ se basa, en gran parte, en la sensación pre-cuantificada de que la gran mayoría de los cubanos (incluyendo, por supuesto, la Diáspora) tienen muy poca participación en cómo se utiliza el producto de su labor colectivo.

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Los cálculos de este artículo son muy toscos en comparación con los que podríamos ejecutar a base de datos transparentes sobre los flujos de valor en Cuba, datos que el gobierno o esconde o desconoce, debido al funcionamiento caótico y subterráneo de muchas ramas de la economía. Pero nos dan una idea de la agencia del individuo en Cuba: debido a una enorme (e internacionalmente aberrante) carga tributaria oculta, casi la totalidad del valor que los cubanos crean queda fuera de su alcance -se usa en los presupuestos estatales y empresariales del país, o se desvía desde ellos-.

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Si pudiéramos estudiar con transparencia los márgenes del capital e impuestos del Estado en el sistema económico mixto de Cuba, estoy seguro de que encontraríamos cifras de tributación incomparablemente altas en el ámbito internacional. Pienso que el cálculo de estas cifras, su aproximación y critica, son claves para quiénes observan los procesos de cambio en la economía y sociedad cubana a tres décadas del término del proyecto de la ‘construcción del comunismo’. Uno puede arribar a diferentes conclusiones sobre estas cifras, ya sea positivas o negativas, o más diferenciadas y complejas. El PCC o sus aliados podrían tratar de justificarse, explicando exactamente cómo se usan los presupuestos estatales y publicando cuentas públicas de sus empresas. En cualquier caso, vale la pena conocerlas y visualizarlas -en tiempos en que los gobiernos y partidos se evalúan cada vez más por sus resultados tangibles y menos por sus discursos e ideologías-.

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Referencias

Giandrea, M., y Sprague, S. (2017). “Estimating the US labor share”. Monthly Labor Review.

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Oficina Económica y Comercial. (2017). “El Mercado de la Distribución comercial de productos de consumo”. Embajada de España. Madrid: ICEX.

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ONEI. (2019). “Anuario Estadístico de Cuba 2018”. Oficina Nacional de Estadísticas e Información – ONEI. La Habana.

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Vidal, P. (2017). “¿Qué lugar ocupa la economía cubana en la región?: Una medición a la tasa PPA de las brechas de ingreso y productividad”. Inter-American Development Bank. Doi: https://doi.org/10.18235/0000908