El artículo presenta un análisis teórico sobre el concepto de dictadura y el caso del flagelo de la democracia en Venezuela, resaltando que este repercute en afectaciones a la sociedad civil, haciéndola susceptible de torturas, desapariciones forzadas e inclusive, ejecuciones extrajudiciales

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En las dictaduras, la necesidad naciente de sobreponerse a la adversidad se ve opacada por imposiciones que verdaderamente afectan no solo el desarrollo parcial del pueblo que sufre el fenómeno sino también, y en mayor medida, la esperanza que pueda llegar a tener el común de ver los frutos que nacen de la sincronía social como piedra angular hacia el alcance de objetivos compartidos que, precisamente al sufrir un flagelo en grandes proporciones, no deben ser entendidos como idealismo puro y duro, más bien son de visión reducida, si se quiere, piadosos en comparación con los países que enfrentan problemáticas menores.

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Preciso es resaltar que el término dictadura no es otra cosa (de lo literal) que la afectación a las libertades, y es el objeto de lo que el artículo busca comprender, como se puede notar en la definición de la Real Academia Española: “Régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales” (ASALE & RAE, 2021).

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El tema que invoca el artículo, como se mencionó en el anterior acápite, se puede condensar en el último apartado de la definición. De esta manera, la propedéutica de la dictadura es naturalmente la vulneración sistemática, constante, violenta y represiva al pueblo. Es así como la incógnita no debe ser sobre cuál dictadura ha sido más fulminante que otra, o qué dictadores se han perpetuado más tiempo, puesto que, a consideración propia, la verdadera problemática, y la esencia política opuesta a una dictadura, no tiene que ser necesariamente correcta o válida, pero en contravía suele, por deducción, ser permisiva respecto a las capacidades del pueblo en comparación del tratándose del artículo.

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Así las cosas, es importante resaltar que más allá de los fines políticos, sociales o económicos que pudieren sublimarse en una dictadura, el flagelo a los Derechos Humanos, refiriéndonos en derecho, es un fenómeno marcado, sistemático, continuo y reconocido. Entre tanto, quienes luchan en favor del adjetivo último mencionado, provocan en los dictadores sentimientos de frustración e ira, toda vez que se esfuerzan incalculablemente en ocultar la represión.

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La línea argumentativa, obliga a mencionar a los agentes que intervienen dentro del proceso de compilación, publicación, almacenamiento y reproducción de las pruebas que, irrefutables y verídicas, sufren la manipulación y eliminación del sistema que en su momento las censura, para una vez terminada la usurpación, se exhiban como arte grecorromano por otro sistema que irónicamente, parece bienhechor y algunas veces termina por imponer también un régimen autoritario. No se podría explicar mejor de no ser por la cita que arriba a este texto.

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Entonces vendrá una tercera etapa, cuando el pueblo se rebela e instaura la democracia. Pero esta se convierte luego en demagogia y como resultado de la anarquía, el desorden y la violencia, el más fuerte será proclamado rey, con lo cual el ciclo se reinicia (Naranjo, 2003).

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Ahora bien, la ejemplificación es tan necesaria que apuntarle a un país específico debe verse como una crítica y un llamado a la finalización de un régimen que lejos de tener un líder como lo fue El Usurpador, ha generado daños significantes a la democracia, a la vida, a los derechos fundamentales y, aún más importante, a la naturaleza humana de libertad responsable, como cúspide social de una agrupación de valores que aportan valor a la comunidad.

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En primer lugar, las detenciones calificadas como arbitrarias son tal cual la expresión bíblica, “el pan de cada día”, pero esto es según ONGs que, aunque cometen una encomiable labor, debe surgir un acto de fe para darles ese carácter de certeza y fiabilidad. En consecuencia, de la labor investigativa del grupo Foro Venezolano publicada por Amnistía Internacional (2020), se registraron cuatrocientas trece (413) detenciones que no obedecían a otra cosa que motivos políticos, asimismo, doce (12) personas pertenecientes al sector salud sufrieron arrestos y restricciones, sin explicación lógica alguna que fuera distinta a la crítica pública, que como se resaltó en el parágrafo cuarto de este escrito, lleva a la desesperación del dictador y como consecuencia a la censura, que no sólo afecta a la libre expresión, sino que también priva de la libertad a quien se exprese en contra del gobierno.

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Como consecuencia de las detenciones resultan, pues, desapariciones forzadas, lo que sin lugar a duda, y añadido a la incomunicación durante la reclusión, puede significar torturas, tratos crueles e inhumanos. La tortura bien se sabe, no tiene otro fin distinto a obligar al torturado a declarar culpabilidades u obtener información relevante que favorezca la persecución política-legal sin sustento jurídico. De lo anterior, podría existir una contraposición que asegure que no se ha cometido tortura alguna, pero ¿qué es lo que lleva a las autoridades venezolanas a no investigar las denuncias que alegan tal delito, que es considerado de lesa humanidad, por cuanto jamás será necesaria y es denigrante para quien la sufre, sin añadir las consecuencias en salud que en el momento y posteriormente podrá adolecer la persona?

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En las mismas circunstancias o incluso peores -discernir la gravedad de los actos de un dictador es pararse en frente de un edificio y buscar la ventana más sucia-, se encuentra la cima de la vulneración de los Derechos Humanos, las ejecuciones extrajudiciales, compiladas en el Estado de Zulia, que registraron trescientas setenta y siete (377) muertes, que fueron acuñadas a las fuerzas policiales y afectaron profundamente a varones jóvenes de zonas vulnerables (los encuentros fueron en enfrentamientos con la policía) (Amnistía Internacional, 2020). Los distintos cuerpos armados tanto militares como policiales son los denotados a continuación:

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• Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)

• Policía Nacional Bolivariana

• Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)

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Aludir a definir una crisis de Derechos Humanos es acertado, pero equivocado es pensar o suponer que solo las dictaduras afectan las libertades de las personas, de conocimiento público es que en la región del Caribe, Centroamérica y Suramérica presentan vulneraciones que, aunque no llegan a ser tan peligrosas como en Venezuela, sí caracterizan el sufrimiento del hemisferio. No basta con señalar al país del lado, no es suficiente con enviar a unos pocos voluntarios a remangarse y arriesgar su integridad, la política no es única de un país, la excusa magna de “respetar el cerco diplomático” es obsoleta.