En 1952, llega al poder el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivia, dando así inicio a la Revolución Boliviana – también llamada la Revolución Nacional – y derroca a la Junta Militar que había estado en el poder desde hace un año.  Este movimiento llega con el objetivo de realizar cambios y modificaciones a la estructura en su totalidad, desde una perspectiva reformista, buscando así una modernización en lo económico y en lo social (Mansilla, 1980); estas reformas que se realizaron a partir de 1952 han tenido un impacto permanente en la historia política, económica y social de Bolivia.  

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En ese sentido, se puede hablar de tres reformas principales que se propusieron desde el Movimiento Nacionalista y que serían los ejes centrales en los próximos cuatro años: (I) la ampliación de los derechos de la ciudadanía, (II) la Reforma Agraria y (III) la nacionalización de las minas.  

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Los derechos de la ciudadanía  

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En los años anteriores de la llegada del poder del Movimiento (1946-1952), se venía dando un proceso de represión que buscaba sofocar la lucha por derechos económicos y sociales, la cual era liderada por movimientos sociales, conformados principalmente por las comunidades indígenas y los obreros (Cajias de la Vega, s. f.). Es así como, con la llegada del Movimiento Nacionalista, buscando ser un canalizador de estas tensiones, generó así una serie de acciones frente a la conquista de nuevos derechos por parte de la población.  

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La primera acción estuvo orientada a los derechos políticos, universalizando la ciudadanía, y a través del Decreto de Voto Universal, se estableció que “toda persona mayor de 21 años de edad siendo solteros o de 18 siendo casados, cualquiera sea su grado de instrucción, su ocupación o su renta”, dejando a un lado las limitaciones que se contaba en el anterior sistema electoral, el cual excluía a las mujeres y aproximadamente al 70% de la población por ser analfabeta o no contar con los requisitos mínimos de propiedad agraria que eran exigidas para ese momento, lo que permitió la inclusión de nuevos actores sociales en el sistema político boliviano. En segundo lugar, estuvo la reforma educativa (1955) la cual tenía como orientación los principios “nacionalistas y revolucionarios que alientan las mayorías bolivianas; conciliando la dignidad y libertad del hombre, principio humanista universal, con sus deberes políticos y de trabajo productivo, de manera que exista entre Estado y Persona un adecuado equilibrio de derechos y deberes” (Paz, 1955), al mismo tiempo que buscaba centrarse en mejorar el acceso y cobertura de los colegios y la matrícula escolar.  Por último, se encontraba el Código de Seguridad Social (1956),  el cual tenía como objetivo principal una ampliación de este a las zonas rurales y cubriendo especialmente a los trabajadores en situaciones tales como la enfermedad, los riesgos profesionales y la vejez; estos principios de este código fueron incorporados más adelante en la Constitución Política del Estado de 1961.  

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A pesar de que estas reformas propuestas y llevadas a cabo por el Movimiento Nacionalista estuvieron encaminadas en la promoción y conquista de los derechos individuales y colectivos, en el proceso de implementación se encontraron contradicciones y limitaciones. En el periodo de 1952-1956, hubo una alta represión hacia opositores políticos, haciendo uso de mecanismos como lo campos de concentración, mostrando así practicas opresivas de manera sistemática a través de la creación de órganos estatales y legales para legitimar este accionar (Mansilla, 2003). Es así como estas reformas quedaron en vano, ya que el MNR en sus prácticas dejaron a un lado el Estado de Derecho, suprimiendo cualquier garantía constitucional de los derechos políticos. Con la llegada de los gobiernos militares (René Barrientos, Hugo Banzer, Luis García), lo cual se vio reforzado a través del ataque y desconocimiento abierto los derechos económicos, sociales y políticos. 

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La Reforma Agraria  

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En el periodo pre-reforma, se contaba con dos estructuras agrarias predominantes: las haciendas y las comunidades, debido a que hasta 1860 la mayor parte de la economía agraria estaba concentrada en las comunidades indígenas. No obstante, debido al accionar por parte del Estado  frente a la expropiación de estas tierras y generando una subasta por el no pago de los impuestos, la hacienda empezó a expandirse de manera acelerada en los años posteriores; a causa de esto, se inició así un marcado sistema hacendal, siendo así una de las instituciones más relevantes a nivel político y económico (CEPAL, 1982). En ese sentido, se contaba con un sistema basado en la tenencia de la tierra altamente desigual, en donde un pequeño porcentaje de la población (generalmente terratenientes blancos y mestizos) controlaba la mayor parte de las tierras cultivables, generando así que la mayoría de los campesinos se enfrentaran a una situación de pobreza y explotación.  

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Es así como antes de la Reforma Agraria, la problemática de acceso a la tierra y a los recursos agrícolas era un tema central en la sociedad boliviana, debido a esto, se dio pie al surgimiento de movimientos y organizaciones sociales que buscaban cambiar esta situación y buscaban atender a puntos tales como los latifundios y los minifundios, la desigualdad social y el sistema de peonaje, viéndose  reflejados en la Reforma Agraria de 1952, liderada por el MNR y su líder Víctor Paz Estenssoro, marcando así un punto de inflexión en la historia boliviana.  Esta reforma resultó ser uno de los pilares del gobierno, la cual contenía elementos como la expropiación de los latifundios y la consolidación de los derechos de propiedad para los diferentes sectores de la sociedad, canalizando así un malestar generalizado a nivel rural que había en Bolivia en ese momento (Lavaud, 1998). No obstante, esta reforma ha sido objeto de debate por la exclusión de la mujer, la transformación de los sistemas de tenencia y la aparición de nuevos agentes sociales. 

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En 1953, a través del Decreto 3301, se conforma una Comisión, la cual tuvo como objetivo realizar un análisis en diferentes niveles (económicos, sociales, jurídicos, técnicos y educativos) del problema agrario en Bolivia, dando como resultado la Ley de Reforma Agraria y su posterior aprobación. Esta reforma contenía cuatro finalidades principales:  

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(a) Proporcionar tierra a quienes no la tenían o la poseían de una manera insuficientes, expropiando a los latifundistas que la detentaban en exceso (...); (b) Proscribir los servicios personales y gratuitos de carácter servidumbral, instituyendo el régimen de salario como única forma de pago al peón agrícola por su trabajo; (c) reivindicar las tierras despojadas de las comunidades indígenas, valiéndose del fraude, la influencia política y la extorsión administrativa para convertir a aquellas en cooperativas de producción; y (d) conseguir la explotación racional e intensiva de la tierra a fin de lograr el autoabastecimiento alimenticio del país, otorgando créditos fáciles y accesibles a los campesinos y ejecutando un plan de mecanización de las labores agropecuarias (Jemio-Ergueta, 1973) 

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Esto generó tensiones en los grupos sociales en Bolivia, causando así inestabilidad política del país, al tiempo que dejó a la deriva a los campesinos, ya que no se contaba con un plan integral de desarrollo rural, dejando así elementos al aire tales como la educación o la garantía y acceso a servicios públicos. Asimismo, esta reforma se dio desde la gestión centralizada por parte del Estado de las tierras, generando que se invisibilizara las necesidades específicas de las regiones presentes en Bolivia.  

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En ese sentido, a pesar de lo que se buscaba, hubo un vacío de políticas que apoyaran y fortalecieran elementos tales como el cultivo sustentable de la tierra, inexistencia de redes de comunicaciones y ausencia de la educación rural, transportes precarios e inversiones en ciencia, tecnología, escasez energética (Marques et al, 2007). Esto causo una desilusión por parte de la sociedad frente a la reforma, ya que no hubo los cambios materiales que se buscaba y, al tiempo, demostró la limitación por parte del Estado en la aplicación de políticas amplias y nacionales.  

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Nacionalización de minas de las grandes empresas  

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El gobierno de Paz Estenssoro dio el paso de nacionalizar las minas de estaño, las cuales pertenecían a grandes empresas en ese momento. Esta acción tuvo como objetivo “el control nacional” sobre la producción y comercialización de los minerales, logrando así un desarrollo a largo plazo; adicional, buscaba canalizar aquellas ganancias que obtenían las empresas privadas y trasladarlas a otros sectores económicos, diversificando la economía (Mansilla, 2003). Estas minas fueron agrupadas en la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la cual fue la encargada de controlar la producción y exportación de minerales tales como el estaño y el zinc, generando un cambio en la estructura económica y social del país, ya que la minería era la principal fuente de ingresos de Bolivia.  

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En el momento de planificar esta nacionalización, se pensó que la COMIBOL iba a ser suficiente para una gestión eficiente de estas minas y de los recursos derivados de estos, creando unas mejores condiciones en la vida de los trabajadores a corto plazo y, por consecuencia, en los demás sectores a través de la inversión y la diversificación de la economía boliviana.  No obstante, esta nacionalización no tuvo los resultados que se esperaban, generando así que aquellas minas que había quedado en poder del Estado fueran subvencionadas por parte del gobierno, mostrando que fue una medida más de carácter político que no tuvo el impacto económico que se buscaba, esto debido principalmente a la mala gestión y un empleo deficiente de los recursos obtenidos.  

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Conclusiones 

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A pesar de que el MNR tuvo una intención reformista a través de la canalización de las demandas sociales y reivindicaciones que se buscaban desde los diversos sectores sociales, estas reformas radicales no resultaron ser eficaces ni impactaron la calidad de vida de la sociedad, especialmente la de las clases populares. Estas reformas tuvieron una visión de cambio a corto plazo, que al final no resolvieron los problemas estructurales del país, como se habían propuesto en un inicio, que resultaron al mismo tiempo ser difíciles de sostener. Adicional, fueron reformas que, debido a su mala implementación y planificación, tuvieron un efecto negativo en la estabilidad política del país, comprometiendo a las instituciones democráticas.  

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Referencias 

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Mansilla, H.C.F.. (2003). La Revolución Nacional de 1952 en Bolivia: un Balance Crítico. Temas Sociales , (24), 101-113. Recuperado en 18 de octubre de 2023, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29152003000100007&lng=es&tlng=es. 

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Paz Ballivián, Danilo. (2004). Medio siglo de la reforma agraria boliviana. Temas Sociales , (25), 190-195. Recuperado en 18 de octubre de 2023, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29152004000100011&lng=es&tlng=es.

 

Cajias de la Vega, M. (s. f.). Visiones y realidades de los derechos humanos. https://www.corteidh.or.cr/tablas/R22070.pdf 

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CEPAL. (1982). Campesinado y desarrollo agricola en Bolivia. ONU. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/df61a32d-bf3d-4a4f-b298-a3ebbbab4fbe/content 

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Koehler, C., Marconatto, M., & Silva, R. (2007, junio). Bolivia en el péndulo de la historia. 3(209).